El Congreso de los Diputados comenzará a tramitar este jueves el Proyecto de Ley de Seguridad Privada impulsado por el Gobierno, que otorga a la seguridad privada el papel de refuerzo de la seguridad pública. La nueva ley establece que la seguridad privada sea subordinada, complementaria y coordinada con la seguridad pública, así queagentes privados realizarían funciones de control, bajo mando de los cuerpos policiales, en lugares como los centros penitenciarios o los centros de acogida de extranjeros.
Varios grupos parlamentarios han presentado enmiendas al entender que no se puede dejar en manos de empresas privadas funciones que debería desempeñar en exclusiva el sector público.
El grupo parlamentario de la Izquierda Plural denuncia que el proyecto de ley, tal como está redactado, “abre la puerta a la privatización de la Seguridad Pública”. “Los argumentos de eficiencia y eficacia de las alianzas público-privadas para resolver los problemas de seguridad (…) no difieren en mucho a los ya esgrimidos para justificar las privatizaciones que están llevando a cabo los Gobiernos del PP en Sanidad, Educación o Justicia”, señala el grupo parlamentario de Izquierda Plural, que argumenta que no existe una demanda social que justifique la prestación de nuevos servicios por parte de la seguridad privada.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó en abril de este año que la reforma calificará a la seguridad privada como “submateria” de la pública, y la considerará un recurso externo de los funcionarios de prisiones y las fuerzas policiales. “El Gobierno pretende privatizar una gran parte de la seguridad pública, llegando hasta el punto deconvertir la seguridad privada en una especie de ‘Policía Privada’, lo cual es sumamente preocupante y muy perjudicial para el Estado de Derecho”, denuncia Izquierda Plural, que alerta que ello podría “traducirse en que tendrá seguridad quien pueda pagársela”.
Vigilantes privados en cárceles
El PSOE también presentará una enmienda al texto al considerar que los vigilantes privados no deberían realizar tareas de control perimetral en prisiones o centros de acogida de extranjeros. “La vigilancia en esos espacios concretos tiene que seguir siendo exclusivamente pública”, declaró el diputado socialista por Asturias Antonio Trevín, quien defendió que deben ser los funcionarios de prisiones, la Guardia Civil y la Policía los que sigan efectuando esa labor.
El secretario general de la Unión de Guardias Civiles de Asturias, Ramón Rodríguez Prendes, denunció en septiembre que el pasado mes de abril ya comenzaron a trabajar vigilantes privados en cárceles, bajo el argumento de que eran puestos de trabajo para los escoltas del País Vasco que se habían quedado sin empleo. “No se puede comparar la formación de un agente de la Guardia Civil con la de un vigilante privado”, sostuvo Prendes.
La Izquierda Plural también destaca que las prerrogativas para las empresas privadas que contiene el proyecto de ley se verán ampliadas, lo que implicará un aumento del control social que el grupo considera “absolutamente injustificable”. “En el binomio de libertad-seguridad, siempre inestable, se descompensa de nuevo hacia la seguridad, entendida como mayor represión”, indica.
El proyecto de ley también instaura la consideración de “agentes de la autoridad” para los empleados privados, y amplia los servicios de vigilancia en espacios públicos.
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