PP y CiU han pactado en el Congreso que Cataluña tenga competencia para controlar a sus agencias de detectives y para hacer frente a casos como el de Método 3, cuyos responsables están siendo investigados por espiar a políticos catalanes. El acuerdo fue anunciado este jueves durante el debate de las enmiendas de totalidad que IU y CiU habían presentado al Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que ha elaborado el Ministerio del Interior y que moderniza la normativa sobre este sector. Durante este debate de totalidad en la Cámara Baja, tanto el ministro Jorge Fernández Díaz como el diputado de CiU Jordi Jané explicaron el acuerdo al que el PP y el grupo convergente han llegado para modificar algunos puntos del proyecto enviado por el Gobierno para su debate y aprobación. En este sentido, Jané se refirió a que su grupo y el PP habían pactado siete cambios en el proyecto presentado por Interior, lo que ha llevado a CiU a retirar la enmienda de totalidad que había presentado
a la iniciativa legislativa. Los cambios pactados por populares y convergentes tienen que ver con la competencia de la Generalitat catalana para controlar a las agencias de detectives y empresas de seguridad que actúan en esta comunidad autónoma.
"Razonable"
Las modificaciones que se introducirán en el proyecto de ley tienen, entre otros aspectos, que ver con el control, inspección y sanción de las empresas de seguridad y agencias de detectives que incumplan la futura normativa. Este control, tras lo pactado por PP y CiU, lo podrán hacer las autoridades de Cataluña y el País Vasco, que tienen transferida la competencia de seguridad ciudadana. En este sentido, Fernández Díaz explicó que, tras las "conversaciones" mantenidas con CiU, consideran "razonable" que las comunidades autónomas con competencia en la materia "puedan inscribir en sus registros de seguridad privada los despachos de detectives con domicilio en ellas".
No obstante, el ministro añadió que el falseamiento de la "declaración responsable" que se exige a las agencias de detectives privados seguirá siendo una infracción administrativa que conllevará una sanción. Además, el titular de Interior se refirió a que habían querido llegar a este acuerdo con CiU para evitar las "dudas" de constitucionalidad sobre la futura Ley de Seguridad Privada, en referencia a la cuestión de las competencias en la materia de las comunidades autónoma.
