El Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierte de que la privatización de la seguridad implicará una reducción de plantilla
«Es inaceptable que haya compañeros que vienen a trabajar con lesiones o enfermos y si se dan de baja se les mete mano al sueldo»
'En defensa de la seguridad pública. No a las privatizaciones. Dignidad profesional'. Este triple lema ha presidido la pancarta exhibida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) a las puertas de la Comisaría Provincial. El tono de celebración de la festividad de Los Ángeles Custodios también ha tenido un tinte reivindicativo. Los representantes sindicales han querido expresar con esta concentración su denuncia contra las condiciones laborales «más que injustas» impuestas por el Ministerio del Interior, según ha explicado el secretario provincial de la central convocante, Tomás Torrego.
En esta clave crítica, ha condenado circunstancias que se están produciendo en la actualidad, como el hecho de que «hay compañeros que vienen a trabajar con lesiones o enfermos y si se dan de baja se les mete mano al sueldo». «Es inaceptable», ha apostillado, al mismo que tiempo que ha lamentado que haya agentes que tengan que poner de su bolsillo para subsanar carencias de medios y de material, que en muchas ocasiones «está obsoleto».
El rechazo a las privatizaciones esgrimido en la pancarta se refiere a la experiencia piloto que puso en marcha el Gobierno central de implantar vigilancia privada en distintos centros penitenciarios del país a modo de prueba. Ese periodo ha acabado y, a vista de los resultados obtenidos, Instituciones Penitenciarias parece tener la intención de extender la medida a otras cárceles. En la comunidad autónoma la experiencia ya se ha instaurado en León, Salamanca y Palencia –recuerdan los representantes sindicales– y existen visos de que se amplíe próximamente a Segovia.
Reducción de plantilla
Así, los portavoces del SUP anticipan, sin llegar a concretar una fecha para su implantación, que la seguridad en la prisión de Perogordo será asumida por vigilancia privada, siguiendo el ejemplo de otros centros que ya han pasado la prueba. Por una parte, su oposición al cambio planteado por la Administración radica en que esta función ha de ser efectuada por Fuerzas de Seguridad del Estado; y por otra, en la previsible reducción de plantilla que va a llevar aparejada, alerta Torrego.
Lo vienen siendo sospechas desde hace meses va concretándose poco a poco, apunta el secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía, quien revela que la Comisaría ya ha solicitado el número de funcionarios indispensables para este servicio.
El contingente de efectivos destinados supone aproximadamente un 15% de una plantilla de algo más de doscientos agentes de que dispone el Cuerpo Nacional en la demarcación segoviana, calcula Tomás Torrego.
Denuncia nacional
Por su parte, el secretario general del SUP en Castilla y León, Jesús Vicente González, ha apoyado con su presencia las reivindicaciones de sus colegas de Segovia. «Las perspectivas no son buenas», ha augurado. Aunque el catálogo de personal está cubierto a día de hoy en una ratio que ronda el 90% y el 95%, el responsable autonómico precisa que hasta hace poco había promociones de más de 5.000 agentes y ahora no llega a los 200. «El relevo en las comisarías no está garantizado», ha criticado al denunciar el «recorte brutal que está tocando a bastiones tan importantes de la sociedad como la sanidad, la educación y la seguridad».
Por otro lado, González ha anunciado que el gabinete jurídico del sindicato a nivel nacional está estudiando denunciar a la Dirección General de la Policía porque los otorgamientos de reconocimientos y medallas «no se ciñen a la normativa». El secretario regional del SUP no descarta que la organización recurra a la vía penal.
