25 de octubre de 2013

La AUGC pide que la empresa privada se encargue de la violencia de género

La Asociación Unificada de Guardias Civiles rechaza que se ocupen de la seguridad en las cárceles y pide que no se cuestione el trabajo de los agentes.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que ha propuesto al Gobierno de España que los agentes de las empresas de seguridad privada que se pretenden derivar a los centros penitenciarios, en detrimento de personal de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, se encarguen de labores de protección a mujeres víctimas de violencia de género.
El presidente nacional del sindicato, Ramón Rodríguez, ha asegurado que la presencia de estos agentes de seguridad privada “no tiene justificación alguna en las cárceles”, por lo que ha pedido que no se “cuestione” el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios.
La AUGC considera que estos trabajadores de empresas privadas no cuentan con la formación suficiente para realizar estas labores. “No es posible que con un cursillo de quince días puedan desempeñar labores de la Guardia Civil o de la Policía Nacional”. Además, no supone un ahorro tal y como se ha planteado desde el Gobierno para justificar la decisión, ya que se incrementa el número de empleados, ya que no existe sustitución de puestos.

Formación equiparable
Por eso, afirma que la modificación de la ley conllevará la creación de un “cuerpo de seguridad más pequeño y más barato”, que restará competencias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “En la AUGC no hay ningún interés en ir en contra de la seguridad privada, pero para modificar esta ley hay que contemplar planes de formación que sean equiparables”.
Además, considera que este “afán privatizador” no justifica el argumento por el que se planteó esta ley, que no era otro que el de dar ocupación a los escoltas de seguridad privada que desarrollaban sus labores en el País Vasco, tras el anuncio de ETA de dejar las armas. Según Rodríguez, de los más de 200 trabajadores del sector que desde abril se han incorporado a 21 centros penitenciarios, sólo el 20% son antiguos escoltas.
“Rechazamos la privatización de servicios que puede llevar a que tenga seguridad quien más paga y es algo tremendamente injusto. Además, la incorporación de la seguridad privada puede llevar a que los compañeros a traslados a otros destinos”, ha lamentado el presidente nacional del sindicato.