PP y CiU anunciaron hoy en el Congreso que han pactado que Cataluña y el País Vasco, que tienen transferida la competencia de seguridad ciudadana, controlen directamente a sus agencias de detectives. Harán frente así desde sus Administraciones a casos como el de Método 3, cuyos responsables están siendo investigados por espiar a políticos catalanes.
El acuerdo fue anunciado este jueves durante el debate de las enmiendas de totalidad que IU y CiU habían presentado al Proyecto de Ley de Seguridad Privada, que ha elaborado el Ministerio del Interior y que busca modernizar la normativa sobre este sector.
Durante esta sesión en la Cámara Baja, CiU anunció que retiraba su enmienda a la totalidad tras haber pactado con el PP modificar algunos puntos del proyecto enviado por el Gobierno a la sede parlamentaria para su debate y aprobación.
En este sentido, el diputado convergente Jordi Jané se refirió a que su grupo y los populares habían acordado siete cambios en el proyecto presentado por Interior. Las modificaciones pactadas tienen que ver con la competencia del País Vasco y Cataluña para controlar a las agencias de detectives y empresas de seguridad que actúan en esta comunidad autónoma.
“RAZONABLE”
Las variaciones que se introducirán en el proyecto de ley tienen que ver, entre otros aspectos, con el control, inspección y sanción de las empresas de seguridad y agencias de detectives que incumplan la futura normativa. Este control, tras lo pactado por PP y CiU, lo podrán hacer las autoridades de Cataluña y el País Vasco.
Por su parte, Fernández Díaz explicó que, tras las “conversaciones” mantenidas con CiU, consideran “razonable” que las comunidades autónomas con competencia en la materia “puedan inscribir en sus registros de seguridad privada los despachos de detectives con domicilio en ellas”.
No obstante, el ministro añadió que el falseamiento de la “declaración responsable” que se exige a las agencias de detectives privados seguirá siendo una infracción administrativa que conllevará una sanción.
Además, el titular de Interior se refirió a que habían querido llegar a este acuerdo con CiU para evitar las “dudas” de constitucionalidad sobre la futura Ley de Seguridad Privada, en referencia a la cuestión de las competencias en la materia de las comunidades autónoma.
VIGILANCIA DE LAS CÁRCELES
Por otra parte, durante el debate de la enmienda de totalidad que quedó vigente, la de IU, los portavoces parlamentarios centraron sus intervenciones en varios aspectos del proyecto de ley del Gobierno, como el control del exterior de las cárceles por vigilantes privados o qué alcance tendrá la consideración de autoridad pública para los agentes privados.
A este respecto, Fernández Díaz explicó que la posibilidad de que el exterior de las prisiones lo vigilasen guardas privados es algo que solicitó Cataluña, que tiene transferida la competencia de las cárceles. No obstante, el ministro dijo que “en ningún caso” esto supone suprimir la seguridad pública en estos centros, a la que seguirá correspondiendo el control de esta actividad tanto dentro como fuera de las prisiones.
Además, el ministro dijo que la opción de que empresas privadas vigilen el exterior de las cárceles no afectará al trabajo de los funcionarios de prisiones. Esta tesis fue rechazada por el diputado de IU Ricardo Sixto, que defendió una de las enmiendas a la totalidad al proyecto del Gobierno.
Sixto acusó al Gobierno de estar privatizando la seguridad pública en España, algo que rechazó el ministro del Interior. A su vez, Pedro José Muñoz, en nombre del PSOE, defendió la necesidad de reformar la vigente ley de seguridad privada, aunque dijo que el texto presentado por el Gobierno no era un “buen punto de partida”.
Respecto a la cuestión de cuándo dotar a los vigilantes privados de la condición de autoridad pública, Muñoz señaló que su partido apuesta porque los trabajadores privados sólo ostenten esta condición cuando trabajen para la Administración o vigilen infraestructuras críticas, como aeropuertos o centrales nucleares.
