La asociación valenciana de estos profesionales asegura que jefes de mantenimiento, personal o marketing usurpan sus funciones ilegalmente
«Se está incumpliendo la ley a costa de la seguridad de las personas y el Ministerio de Interior no está haciendo nada por remediarlo». Quien lanza esta crítica es Jacinto Aparicio, presidente de la Asociación Valenciana de Directores de Seguridad (AVADISE). El sector ha puesto el grito en el cielo y se queja de la falta de controles por parte del Gobierno en la Comunitat para asegurarse de que quienes coordinan la vigilancia en centros comerciales, instituciones o instalaciones críticas sean realmente directores de seguridad.
«Es algo así como si el responsable de varios sanitarios en una operación quirúrgica no fuera médico», ejemplifica Aparicio, al tiempo que exige «soluciones urgentes para el creciente intrusismo que sufre el sector a causa del absoluto descontrol por parte de Interior, organismo que debería velar para que esto no sucediera». La ley 5/2014 y el reglamento de Seguridad Privada marcan una serie de instalaciones que, por sus características especiales o movimiento de personas y mercancías, están obligadas a contar con director de seguridad: puertos, aeropuertos, infraestructuras energéticas, centros comerciales y deportivos... También aquellas que dispongan de más de 24 vigilantes. El director de seguridad, además, debe tener título de Bachillerato o suprior, superar un máster homologado por Interior y unos exámenes psicológicos. Y, por supuesto, carecer de antecedentes penales. Todo eso se concreta en un carné de director de seguridad.
Lo que denuncia AVADISE es que esas normas estatales son, en la práctica, papel mojado. Y el resultado es una doble ilegalidad: «Entidades valencianas obligadas por ley a contratar director de seguridad no lo hacen y otras ponen en ese puesto a profesionales completamente ajenos, como jefes de mantenimiento, directores de marketing o directores técnicos», detalla Aparicio.
Esta situación ha llevado a la asociación a denunciar a siete empresas e instituciones públicas en los últimos tres años. «Nos parece intolerable. Y no es una mera queja profesional. Se está jugando con la seguridad de las personas al ponerla en manos de intrusos», resume.
Pese a sus quejas y denuncias, «el problema persiste con incumplimientos de la ley en importantes empresas e instalaciones públicas» de la región. Aparicio no cita nombres, pero sí apunta que algunas, paradójicamente, corresponden a organismos ministeriales. Delegación del Gobierno les prometió una mesa de trabajo con representantes policiales y de seguridad privada para combatir el problema. «Se nos dijo que se convocaría en febrero y todavía estamos esperando».
