*Miguel Ángel Ramírez es acusado de fraude millonario
*Tras haber sido indultado, el Supremo anuló el indulto que le concedió el Gobierno de Rajoy
Muy poco ha durado la alegría en casa del victorioso. El pasado miércoles, tan sólo 72 horas después de que la UD Las Palmas, equipo de fútbol que preside, ascendiera a Primera División, Miguel Ángel Ramírez recibió la notificado: el Tribunal Supremo anulaba el indulto parcial que le había concedido el 13 de octubre de 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy.
El empresario de 46 años, propietario de Seguridad Integral Canaria -la mayor empresa de seguridad de las islas con 5.500 trabajadores en toda España, 3.000 en la península- había sido condenado en 2010 a tres años de cárcel por levantar ilegalmente una pajarera, un estanque de 400 m2, dos aparcamientos, una vía... todo ello después de "la tala de múltiples árboles" en una zona protegida medioambientalmente y conocida como La Milagrosa, a las afueras de Las Palmas. El Supremo revocaba el perdón por un defecto de forma del ayer: el ministerio de Ruiz-Gallardón no pidió el informe preceptivo a la Audiencia de Las Palmas que fue el tribunal que lo condenó.
Pero éste no es el único revés que le puede aguar a Ramírez su sonado triunfo deportivo. Crónica ha tenido acceso a un Informe de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 4 de junio y remitido al juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se tramita una querella presentada por la Fiscalía contra Ramírez por presuntos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social. En él, Hacienda certifica y cuantifica el fraude que supuestamente su empresa, Seguridad Integral Canaria, habría cometido al camuflar como dietas y gastos de viaje lo que en realidad eran horas extras de sus empleados, eludiendo de esta manera su aparición como nómina normal y su retención fiscal: 8.942.841,93 euros.
Las conclusiones de la Agencia Tributaria no pueden ser más demoledoras: "La aplicación de la regla antes expuesta a SIC Seguridad Integral Canaria [se refiere el informe a una investigación comparada respecto a otras empresas del sector de la seguridad privada que cargaban como media en las nóminas de sus empleados no más del 3% en dietas y gastos de viaje, mientras que la empresa de Ramírez llegaba a cargar el 28% en sus salarios por dichos conceptos] obliga a considerar sometidas a retención todas las rentas declaradas como dietas, ya que se acogió a un supuesto de exención y no ha demostrado que concurran las exigencias legales de la misma".
Un gol por toda la escuadra que le cuela Hacienda a Ramírez al computar así todas las cantidades supuestamente defraudadas durante seis ejercicios: 2008 (1.815.659,67 euros); 2009 (1.689.101,26) ; 2010 (1.699.326,92); 2011 (1.571.246.16); 2012 (1.175.799.97) y 2013 (991.707, 95).
Según Hacienda, Ramírez camufló las horas extras de sus empleados como dietas eludiendo su retención fiscal
Y señala también el informe que los documentos aportados por la empresa de Ramírez para negar las acusaciones de fraude no son creíbles: "Si calculamos la dieta media que correspondería a cada trabajador resulta que todos y cada uno de los trabajadores deberían recorrer distancias y generar dietas de manutención a diario, lo que parece incompatible con una estructura de costes mínimamente eficiente, máxime cuando el principal gasto de la entidad es el gasto de personal, teniendo en cuenta que SIC obtiene beneficios todos los años".
Y lo anterior podría ser sólo la punta del iceberg ya que, además del supuesto fraude a la Hacienda Pública, también se investiga y quedaría por tasar lo no ingresado en las retenciones a la Seguridad Social. Crónica ha tenido conocimiento, asimismo, de que la Inspección Especial de la Seguridad Social está a punto de cerrar su informe, solicitado por la juez que instruye el procedimiento, Mª Victoria Rosell, donde las cifras defraudadas a la caja de pensiones, subsidios de desempleo y sanidad de todos, podrían superar la escandalosa cifra de más de 30 millones de euros, durante los seis años investigados. La empresa se ahorraba el 6% del IRPF por cada hora extra que no se calculaba como tal y un 33,5% en la cotización a la Seguridad Social.
Seguridad Integral Canaria, contactada por este suplemento, se limita a contestar que solamente darán una explicación "cuando el Juzgado decida sobre lo certificado por la Hacienda Pública". Por su parte, Ismael Franco, abogado de una de las acusaciones particulares, la del sindicato USO, señala: "De confirmarse estos datos solicitaré al juzgado de Las Palmas la adopción de toda una serie de medidas cautelares, como la imposición de una fianza a Miguel Ángel Ramírez de 28 millones de euros (por los ocho millones de euros defraudados a la Hacienda Pública) así como su correspondiente ingreso en prisión".
Ascender a la gloria y, al mismo tiempo, descender a los infiernos es la noria del destino que, desde sus comienzos, ha acompañado la trayectoria vital de Ramírez. Desde sus orígenes en un barrio de casas humildes construidas por el patronato Francisco Franco donde vivía con sus padres en Las Palmas, a tener casa propia y negocios en Miami. O de lavar los coches de los jugadores de baloncesto de la isla, a viajar con su BMW 750 por Las Palmas o en su Porsche Panamera valorado en más de 150.000 euros por Madrid. Pero también en los negocios, porque el año pasado después de vivir el disgusto de que su equipo perdiera el ascenso en el último minuto, se llevó la mayor alegría de su vida al adjudicarle a su empresa el Ministerio de Defensa un contrato de vigilancia para "Servicios Generales de Seguridad y Control del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos" por un importe de 43 millones de euros.
El palacio real de Madrid
Contratos que se suman a los ya obtenidos con Patrimonio del Estado -vigila el Palacio Real-, Metro de Madrid, Delegación del Gobierno de Madrid, Juzgados de Canarias, Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana... La lista es interminable. Y los dineros que salen y no entran en la Administración del Estado también. Según datos de 2013, Seguridad Integral Canaria había sido adjudicataria de 762 contratos con el Estado.
La vida de Ramírez ha sido siempre un tobogán con subidones y descensos y esta semana le ha tocado ambas cosas. La victoria: "Ya me puedo morir tranquilo" decía el domingo tras el triunfo, con la barba afeitada como prometió hacer si su equipo ascendía. Y la derrota que le infligió el Supremo tres días después: el indulto "se anula".
