Abre diligencias tras la denuncia de la asociación Avispa al considerar que la grabación en las celdas de aislamiento puede vulnerar la ley del Menor
La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado una investigación para determinar si las cámaras de grabación interna del centro de menores de Sograndio se ajustan a la legalidad. Las diligencias previas por parte de la entidad pública se han abierto a raíz de la denuncia interpuesta por la Asociación de Vigilantes Privados de Asturias (Avispa) al considerar que las grabaciones de los internos confinados en alguna de las cuatro habitaciones de aislamiento -un mecanismo puesto en marcha el pasado mes de enero- vulneran la Ley del Menor y de la de Protección de Datos de Carácter Personal.
Las actuaciones llevadas ahora a cabo desde la Agencia Española de Protección de Datos «tiene por objetivo determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que pudieran justificar, en su caso, la incoación del procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas, identificando la persona u órgano que pudiera resultar responsable y fijando las circunstancias relevantes que pudieran concurrir», tal y como señalan desde la subdirección general en respuesta a la denuncia formulada, a la que se suma la entregada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Desde Avispa achacan la instalación de las cámaras en las cuatro habitaciones de aislamiento, celdas denominadas 'camarillas', «a la nueva empresa de seguridad, la que ganó el concurso en diciembre del año pasado». En el pliego de condiciones para hacerse con el servicio se reflejaba que había que dotar al centro de un sistema de videovigilancia.
La sorpresa de los vigilantes llegó cuando vieron que se instalaban cámaras también en las habitaciones de aislamiento. Avispa asegura que «no hay nada que justifique esta decisión, porque hay otros medios para garantizar la seguridad del interno en esa celda».
En abril, tras conocer las demandas contra las cámaras, desde el Gobierno regional señalaron que el dispositivo «está dentro de la legalidad», refrendando su afirmación en el comunicado de la Fiscalía del Menor en el que se apuntaba que el centro de Sograndio «es modélico». «La idea de que es un centro donde se vulneran los derechos no es acorde a la realidad, tiene recursos y personal y con un escrupuloso respeto a los derechos de los internos», dijeron.
