El fallecido perdió a su hija por maltrato meses antes
No sonó la alarma contraincendios y hubo que forzar la puerta de la habitación para poder sacar al joven Jordi Brito, quien falleció por intoxicación de humo el 24 de abril de 2007 tras prender el colchón cuando se encontraba en uno de los módulos del centro de menores de La Montañeta que se usaba como zona de aislamiento para los muchachos que infringían la convivencia del recinto. Eso es lo que declararon ayer algunos de los trabajadores del centro, que testificaron en el primer día de juicio penal que se celebró en la sala número 17, del Palacio de Justicia, con el fin de averiguar qué responsabilidad tienen en los hechos el entonces jefe de servicio de Medidas Judiciales del Gobierno de Canarias, Juan José Carreiro, y el gerente de Securitas Seguridad España, José Tomás González, empresa que entonces vigilaba el recinto.
La fiscal les acusa de homicidio imprudente -de uno a cuatro años de cárcel, según el Código Penal, e inhabilitación en caso de cargo público- ya que, por sus labores, tenían que estar al tanto de las medidas y planes contra emergencias y seguridad del lugar. Además, según la magistrada Beatriz Sánchez, conocían las deficiencias en dicha materia ya que hubo informes al respecto que pasaron por su manos o conocieron verbalmente.
El drama del joven Jordi Brito, que entonces tenía 17 años, comenzó, sin embargo, meses antes. Concretamente el 5 de enero de ese mismo año, cuando su hija menor -Yunaisy-, de apenas 6 meses, murió víctima de los malos tratos infringidos por su madre y por la pareja de ésta, según quedó demostrado durante el juicio de este suceso, celebrado en 2012.
Un hecho terrible que utilizaron ayer las defensas de los acusados para indicar que el menor originó el incendio, bien porque estaba deprimido o para salir del centro, tal y como hacen algunos menores para estar fuera del régimen de custodia de vigilancia las 24 horas al día. En los días previos al suceso, hubo además varios conatos de incendio en los que tampoco sonaron las alarmas.
La muerte de su hija había sido un duro golpe para el menor, que se había topado ya en varias ocasiones con la Justicia por pequeños hurtos y allanamientos. En marzo entró en La Montañeta y la misma semana de los hechos había solicitado estar con su madre, a la que no veía desde hacía 12 años, según contó ayer su padre en el juicio. El joven, además, no podía además hacerse cargo de su hija mayor, de apenas dos años, ya que no tenía recursos económicos. Tampoco su familia directa.
La psicóloga que le atendió durante los meses de estancia en el centro declaró ayer que era "impulsivo" y que quería "satisfacer sus necesidades de forma inmediata", pero que no tenía intención de acabar con su vida. "Estaba triste por la pérdida de su hija y tenía facilidad para expresarlo con todos", dijo la terapeuta, que afirmó que el joven "quería salir cuanto antes de permiso" para hablar con el juez porque "quería cuidar de su hija".
En el juicio, que durará hasta este viernes, quedó claro el funcionamiento del centro de menores de La Montañeta. Los menores estaban al cargo de la Dirección General de Protección del Menor, pero el centro estaba gestionado por convenio por la Fundación Ideo, quien contrataba a los monitores, educadores, trabajadores sociales y gestionaba los gastos del día a día, mientras que la parte de Seguridad estaba a cargo de la empresa Securitas Seguridad España, quien, a su vez, tenía una subcontrata que resolvía las incidencias en 24 horas. El gerente de la Fundación Ideo, que en un principio estaba acusado, pasó ayer a ser testigo, después de que la acusación particular -el padre del joven- retirase la acusación tras las pruebas.
A este hecho, se sumaba además que el módulo 4, en el que ese día se encontraba el joven, se había construido con posterioridad al centro y se había comenzado a usar sin conocer si había pasado por todos los trámites reglamentarios. Se trataba de una sala con un pasillo central y varias celdas.
