Fuentes de los trabajadores explican que los vigilantes del recinto para menores con medidas judiciales deben permanecer por las noches en medio de los módulos, sentados en una silla de plástico y enfocados por las cámaras. Además, las mismas fuentes dicen que no hay protocolo de actuación ante emergencias.
P.FUMERO, S/C de Tenerife
Trabajadores de la empresa de seguridad del centro para menores con medidas judiciales de Valle Tabares critican, una vez más, sus condiciones laborales. Desde hace varias semanas, los vigilantes del turno de noche deben permanecer en el interior de cada módulo, controlados por una cámara y sentados durante 10 horas en una silla de plástico, de la que solo se levantan cada media hora para realizar la ronda por las puertas de las habitaciones.
Algunos trabajadores opinan que dicha medida se debe a que, desde hace meses, no funciona el sistema de detección de incendios en las habitaciones. Y el papel de los trabajadores de seguridad es detectar si se produce alguna situación de emergencia en las habitaciones.
El Gobierno de Canarias adjudicó el servicio de vigilancia de dicho recurso de la Dirección General del Menor a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), que subrogó a los vigilantes que ya trabajaban en el centro. Dicha sociedad comenzó a operar en Valle Tabares el pasado mes de septiembre.
Según explican algunos empleados consultados por EL DÍA, en el pliego de condiciones que rigió el concurso de adjudicación consta claramente que "en el plazo de dos meses desde el inicio del servicio deberá elaborar y aplicar un protocolo de actuación de vigilancia y protección en cada uno de los centros (...)". Sin embargo, según fuentes del personal, nueve meses después, aún no existe ese plan de intervención.
Y, aunque parezca un mero trámite, ese documento resulta esencial para que cada trabajador sepa en cada momento qué debe hacer si surge algún problema, desde un incendio hasta una pelea entre menores. Cabe recordar que, ante una reyerta entre dos internos, un mínimo de dos trabajadores de seguridad deben intervenir por cada adolescente implicado.
Fuentes de los trabajadores comentan que sus funciones son la vigilancia del perímetro del centro; el control de los accesos, así como los trabajos en la sala de cámaras, por lo que la intervención en una reyerta puede dejar desguarnecidos otros módulos.
Una de las quejas realizadas por los empleados es que les realizan ingresos económicos en sus cuentas bancarias que no figuran en sus nóminas, lo que presuntamente es ilegal.
Algunos trabajadores solicitaron por escrito que les explicaran el motivo de ese ingreso, pero no obtuvieron respuesta.
La denuncia se planteó ante la Inspección de Trabajo y, en una de las inspecciones, la respuesta dada por Seguridad Integral Canaria es que ya estaba siendo objeto de otra investigación similar a nivel nacional, según las fuentes consultadas.
Algunos de esos asuntos se han denunciado ante la Consejería de Bienestar Social y Juventud del Gobierno canario para que las autoridades tuvieran conocimiento, pero aún no han obtenido resultados positivos ante esas demandas.
Un directivo de Seguridad Integral Canaria declinó pronunciarse sobre estas quejas laborales.
Fuentes de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario explicaron que las quejas de los trabajadores se limitan a un "conflicto laboral".
En cuanto al problema en el sistema de detección de incendios, dichas fuentes señalan que ya está reparado. Además, indican que la Fundación Ideo, que gestiona el centro de Valle Tabares, tiene protocolos de vigilancia.
Desde la Consejería explican que, si se detectara algún incumplimiento continuado de algunas condiciones de la adjudicación, el contrato se puede rescindir total o parcialmente, o bien penalizar a la empresa. Pero, a la vez, confirman que hasta ahora no se ha adoptado medida correctora alguna contra la actual adjudicataria.
