12 de febrero de 2014

UGT, CCOO y USO se movilizan en defensa de la seguridad privada

Los sindicatos UGT, CCOO y USO se han unido en defensa del sector de la seguridad privada y en contra de la decisión de distintas empresas de descolgarse del convenio por el que actualmente se rigen los alrededor de 1.000 trabajadores que hay en este sector en la provincia.

Los sindicatos se posicionan en contra de la intención de algunas empresas de descolgarse de un convenio colectivo que afectaría a alrededor de mil trabajadores en la provincia

Por ello, en la tarde de ayer protagonizaron la primera concentración en la plaza del Pilar e indicaron que era «el inicio» de las movilizaciones en protesta por la actitud que estaba teniendo la patronal, que pretende el descuelgue del convenio estatal «a raíz del plus del transporte» que el Estado comunicó que iba ser cotizable y que ha hecho que las empresas anuncien que no pueden asumirlo y que deben que ser los trabajadores quienes hagan frente al mismo, según indicó José Luis Cobos, responsable de Seguridad Privada regional de UGT.  

Sin embargo, para los sindicatos, se trata de «una excusa» que se suma a la congelación del salario que vienen padeciendo los trabajadores que, además, han visto cómo se ha modificado en tres ocasiones las condiciones del convenio y «no ha sido respetado» por la patronal, según indicó Alejandro Jiménez, representante de CCOO.
En el mismo sentido se pronunció Belén del Álamo, secretaria de Acción Sindical de UGT y quien criticó que la patronal les viene «engañando a lo largo de tres años» y que ahora hay empresas que ya han comunicado el descuelgue del convenio a sabiendas de que el sector de la seguridad privada tiene «dificultades para movilizarse», aunque insistieron en su intención de impulsar una campaña de movilizaciones siguiendo la línea de protestas que se promuevan desde Madrid o Barcelona.
Por su parte, Javier Acero, representante de USO criticó que desde las empresas «se escudan» en la crisis para mermar los derechos de los trabajadores y subrayó la profesionalidad de los empleados de este sector, de la que se benefician, principalmente, las administraciones públicas.
Así lo puso de manifiesto tras reconocer que el descuelgue es una posibilidad que contempla la ley. Ello implicaría que el sueldo de los trabajadores se fijaría en la negociación con cada empresa, partiendo del mínimo del salario mínimo interprofesional, detallaron