30 de mayo de 2015
Activación voluntaria de pulsadores de alarma (II)
Aclaración de dudas surgidas sobre interpretación aplicativa del contenido del In-forme de esta Unidad en relación a la activación voluntaria de pulsadores de alarma y su eventual responsabilidad en orden a su sanción, publicado en nuestro anterior Boletín.
En el informe de esta Unidad sobre "activación voluntaria de pulsadores: procedimiento de activación y posibilidad sancionadora", se facilitaba el criterio interpretativo sobre esta particularidad de la Orden INT/316/2011 sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas en el ámbito de la seguridad privada.
Por consultas posteriores, procedentes de empresas de seguridad autorizadas para la explotación de centrales de alarmas, así como de diversas actuaciones de unidades policiales, se pone de manifiesto la conveniencia de realizar algunas aclaraciones que eviten una inadecuada aplicación del contenido y conclusiones del citado informe, de tal manera que se acabe obteniendo un resulta-do contraproducente a los fines de seguridad que la normativa en cuestión pretende alcanzar.
El supuesto jurídico y de hecho que requiere aclaración por estar haciéndose, al parecer, una indebida interpretación aplicativa del mismo, es el relativo al artículo 12.4 en su consideración de alarma confirmada "la activación voluntaria de cualquier elemento destinado a este fin…", y su relación con el artículo 13.1, respecto a la "obligación de transmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas y esto teniendo en cuenta que este articulo equipara, "a efectos de comunicación", las alarmas confirmadas con las alarmas reales.
En el juego de estos dos artículos, que en modo alguno pretenden un resultado ciego o ajeno a la realidad conocida, máxime cuando ésta se muestra contraria a la finalidad de la norma, que no es otra que la de conseguir que únicamente se comuniquen a los servicios policiales las alarmas verdaderamente reales, esto es, aquellas motivadas en hechos requeridos de la necesaria intervención policial, la clave se encuentra en el termino "voluntaria" que acompaña a "la activación…de cualquier elemento destinado a este fin, tales como pulsadores de atraco…"
Esto es, que no basta con que se produzca la activación de cualquier elemento destinado a producir la alarma (pulsadores de atraco o anti-rehén, código de coacción, etc.), sino que es preciso que dicha activación lo sea por una acción voluntaria, es decir, por el ejercicio de la libre determinación de la facultad de activar los elementos de alarma de los que se dispone, con la intención o deseo de transmitir a la central receptora dicha señal de peligro, de forma que se provoque, tras la inmediata comunicación de ésta al servicio policial correspondiente, la preceptiva intervención policial.
De no darse esta secuencia lógico-volitiva, no se estará verdaderamente en presencia de una activación voluntaria y, por tanto, no cabrá desencadenar, y menos con ciego automatismo, la consecuencia comunicativa prevista en dichos artículos.
Claro está que, a priori, no resulta fácil dilucidar cuando se está en uno u otro su-puesto, esto es, cuando se ha de considerar que la actuación de los elementos de la alarma ha sido, o no, voluntaria, y actuar en consecuencia.
En este sentido, las empresas de seguridad responsables de estos sistemas de alarmas, podrán utilizar como guía orientadora el conocimiento que se presume han de tener sobre lo que podríamos considerar como "comportamiento del sistema", entendida como la historia conocida del devenir de cada sistema en función de la utilización que en concreto se hace del mismo, actuando en consecuencia con dicho concreto conocimiento del historial de alarmas del mismo.
Por otra parte se hace imprescindible que los sistemas de seguridad, en aplicación del artículo 24 de la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, cumplan las características que en él se determinan y, en este caso, las referidas a: "contar con tecnología que permita acceder desde la central de alarmas bidireccionalmente a los sistemas conectados a ella, para posibilitar la identificación y trata-miento singularizado de las señales correspondientes a las distintas zonas o elementos que componen el sistema, así como el cono-cimiento del estado de alerta o desconexión de cada una de ellas, y la desactivación de las campanas acústicas".
Con dicho fundamento, y con carácter general para este tipo de sistemas de alarma, y en orden a la determinación de la voluntariedad, o no, de la activación, no resultará improcedente que las centrales de alarma, basados en el pretendido conocimiento del sistema, puedan entender que, en determinados supuestos, para evitar automatismos de conocido o presumible resultado negativo, procedan a realizar, con las lógicas precauciones, algún tipo de comprobación complementaria, de cuyo real resultado derivaran la decisión de comunicar, o no, la señal de alarma efectivamente comprobada.
Por otra parte, el artículo 11 de la Orden INT/316/2011, contempla, como posible complemento a los procedimientos de verificación, el que las centrales de alarmas, cuando lo consideren conveniente o necesario, puedan llamar a los teléfonos facilitados por el particular a los teléfonos facilitados por el titular de la instalación con el fin de comprobar la veracidad de la señal de alarma recibida.
CONCLUSIONES
Hasta tanto no se produzca el pertinente desarrollo reglamentario, este tipo de comportamiento profesional por parte de las centrales de alarma, de producirse en los términos expresados, no se ha de entender desajustado en relación con la interpretación aplicativa de las previsiones normativas con-templadas en la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada
Tres de las cuatro prisiones gaditanas contarán en breve con seguridad privada
Los sindicatos mayoritarios reciben el pliego de condiciones del nuevo servicio que sustituirá al personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
Una veintena de centros penitenciarios del país verá en los próximos meses cómo parte del personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que trabaja en el control de los accesos del perímetro de estos recintos es sustituido por vigilantes de seguridad. Un movimiento que en algunos sectores de los funcionarios de prisiones preocupa porque entienden que puede ser el principio de una progresiva privatización que termine abarcando más funciones. En ese listado de cárceles que contarán con seguridad privada aparecen tres de las cuatro que hay en la provincia: Botafuegos (Algeciras), Puerto I y Puerto II.
El pasado miércoles mantenían una reunión en Madrid responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y representantes de los sindicatos mayoritarios con presencia en los centros penitenciarios. En dicho encuentro se dio a conocer el pliego de condiciones que regirá la contratación del servicio, las funciones que desempeñarán los vigilantes y su organización interna. En ese documento, al que ha tenido acceso LA VOZ, se recoge que para la provincia gaditana se contempla la cobertura de nueve puestos con la siguiente distribución: 2 en Botafuegos y 7 para Puerto I y Puerto II. Los puestos no equivalen a número de vigilantes ya que estos están definidos en el pliego de condiciones como categoría H24. Es decir, que requieren una cobertura de 24 horas, todos los días del año. Ahora recae en las adjudicatarias de este servicio la decisión de cuánto personal van a utilizar para hacer frente a esta carga de trabajo, cumpliendo con las condiciones que le fija la Administración del Estado. Fuentes penitenciarias consultadas por este medio advirtieron de una obviedad: las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad privada son más desfavorables que las de los funcionarios.
En Puerto I y Puerto II se espera desde primero de abril que empiecen a llegar los primeros vigilantes, que empezarían a funcionar a modo de prueba. Sin embargo, aún no se han incorporado, según confirmaron a LA VOZ personal de ambos recintos en el día de ayer. Si bien la llegada se prevé inminente y que pueda producirse antes de verano. Prueba de ello es que existe ya el pliego de condiciones para la contratación del servicio y el siguiente paso sería la adjudicación. Las mismas fuentes señalaron que se prevé que la concesión recaiga en una UTE de empresas del sector de la seguridad privada.
Las funciones que pasarán a desarrollar estos vigilantes son, según consta en el citado documento: el control de los accesos, atención del perímetro de los recintos, autorización de entradas a las cárceles siguiendo instrucciones, además de la vigilancia, manejo y observación de los sistemas de cámaras (CCTV) que hay en las garitas que hay en las entradas. En el caso de las prisiones portuenses, los vigilantes sustituirían a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que en estos momentos ocupan la 'pecera' que hay en el acceso principal a Puerto I y Puerto II.
El pliego de condiciones también establece que este personal estará subordinado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así podrán efectuar controles de identidad de las visitas de los reclusos, pero sin retener la documentación personal y aunque estarán habilitados para impedir la introducción de objetos o sustancias prohibidas, deberán poner cada caso en manos de los cuerpos policiales «inmediatamente».
USO denuncia una “agresión múltiple” en el Área de Psiquiatría del Hospital
El sindicato culpa de la sucesión de incidentes a Ingesa porque sigue sin dotarla de personal.
Pese a que es un tema recurrente en el Comité de Seguridad y Salud de Ingesa, el Área de Psiquiatría sigue acumulando incidentes violentos. Javier Montero, representante de la Junta de Personal por USO, relató ayer el último porque constituye la “gota que colma el vaso” ya que, aseguró, hubo otros anteriores que no trascendieron.
El sindicalista denunció de forma pública una “agresión múltiple” contra el personal, en concreto, de un paciente de esta especialidad a siete trabajadores: celador; auxiliar de Enfermería; efectivo de Enfermería y cuatro vigilantes de seguridad.
Tras recibir “puñetazos, mordiscos, patadas en las costillas, arañazos y golpes en la cabeza”, enumeró Montero, los trabajadores consiguieron reducir al enfermo, le suministraron la medicación correspondiente y le pusieron las sujeciones mecánicas, “primero por la seguridad del paciente y después por la de los empleados”. A continuación, afirmó este portavoz de la plantilla, se desplazaron a Urgencias del Hospital Universitario donde fueron examinados y recibieron el parte de lesiones.
Este representante de los trabajadores reiteró aquello que ya reprocharon a Ingesa en otras ocasiones. “Falta personal y un celador solo no puede estar al frente de Psiquiatría porque está cualificado para sus funciones, pero no para responsabilizar del Área”.
Los hechos comenzaron este miércoles entre las 15:30 y 16:00 horas. En horario de tarde, objeto de queja por parte de Montero, un celador permanece en solitario en el servicio “al igual que ocurre por la noche, los fines de semana y festivos”. De acuerdo con la narración del representante de USO, el paciente sufrió una crisis que le llevó a arremeter contra todo lo que había a su alrededor, incluido a la celadora que consiguió encerrarse en un habitáculo de control desde donde telefoneó a la planta, “como establece el protocolo”.
A Psiquiatría acudieron un auxiliar de Enfermería y una enfermera, señaló Montero, con la mala suerte de que el hospitalizado atrapó a la auxiliar por detrás y rodeó su cuello con el brazo, inmovilizándola durante unos 20 minutos hasta que fue liberada. La enfermera forcejeó con el paciente sin lograr que soltase a su compañera, prosiguió el sindicalista, mientras que la celadora llamaba a los vigilantes de seguridad.
Primero llegaron dos miembros de seguridad, que intentaron que soltara a la trabajadora sin éxito. Otros dos vigilantes se personaron en Psiquiatría y, fue en ese momento, cuando la soltó.
Algunos compañeros se acercaron a USO para informarse sobre los mecanismos para interponer una denuncia, a lo cual Montero les respondió sería contra Ingesa por las condiciones laborales en las que prestan servicio ya que estos pacientes están ingresados por enfermedades mentales.
Este sindicato exige a Ingesa que dote del personal necesario a Psiquiatría, lo cual estimó en cinco auxiliares y cinco enfermeros que, junto a los cinco celadores, se organicen por turnos las 24 horas del día, 365 días al año, de modo que siempre haya tres personas en este área. Asimismo, criticó que la enfermera especializada en Salud Mental “aún no se ha incorporado”. Montero criticó que sean efectivos de planta los que tengan que desplazarse ante estos avisos porque “cualquier día tardarán un poco más y ocurrirá una desgracia, como que asfixien a alguien”.
Dos vigilantes de FGV, apartados del servicio por aporrear a un joven
Los empleados de seguridad le golpearon varias veces en el tranvía tras recriminarle por llevar los pantalones «medio bajados»
Dos guardias de seguridad de la empresa Garda, que presta servicios en la red de metro y tranvía de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), han sido apartados del servicio a requerimiento de la empresa pública después de agredir con su porra a un joven de 20 años en el interior del tranvía.
La compañía ferroviaria ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, que sucedieron sobre las cuatro de la tarde del jueves en la línea 4 de Metrovalencia. Fue en la parada de Garbí donde se produjo un forcejeo entre los vigilantes y un joven que, siempre según su versión, llevaba los pantalones «medio bajados». Al parecer, el protagonista del incidente viajaba en compañía de su hermana y una amiga.
Los vigilantes de seguridad, expone la compañía ferroviaria, le recriminaron su actitud, le dijeron que se subiera los pantalones y se inició de este modo un forcejeo en el que los guardias de seguridad llegaron a utilizar la porra. Así se observa con claridad en un vídeo que fue grabado por un testigo de los hechos con un teléfono móvil y que acabó siendo difundido posteriormente en redes sociales de internet.
En ese documento visual, que será añadido a la investigación, se puede ver cómo los vigilantes retienen en el suelo del tren al joven, al mismo tiempo que uno de ellos comienza a pegarle con la porra, hasta cuatro veces, mientras los testigos increpan a los guardias para que no continúen usando el arma.
Según se puede oír en la grabación, que no muestra el inicio de la agresión, los usuarios del tranvía acaban defendiendo a la víctima. Gritan, entre otras expresiones, que el joven «no ha hecho nada» y piden a los vigilantes que lo «dejen en paz» y «suelten la porra». Ante esas súplicas, los guardias le dicen al chico que esté quieto y no muerda.
«Os creéis muy chulos»
En un momento del vídeo, los pasajeros acaban cargando directamente contra el personal de seguridad de FGV. Se escuchan exclamaciones como «qué animales», «sois muy valientes», «os creéis muy chulos», «estáis locos de la cabeza»... E incluso advertencias sobre las posibles consecuencias del aporreamiento: «Que sepáis que está todo grabado».
Cuando la empresa pública tuvo conocimiento de los hechos, pidió a la empresa contratada para la vigilancia que retirara del servicio a los dos trabajadores implicados. Además, FGV decidió abrir una investigación que ya ha dado sus primeros pasos. En primer lugar, la compañía prevé recabar información del maquinista y también de los agentes de la Policía Autonómica que se presentaron en el lugar tras el altercado, entre otros. En esta ocasión no será posible analizar imágenes internas de cámaras de seguridad, ya que no había en el tranvía.
La empresa pública ha lamentado y condenado con rotundidad los hechos protagonizados por los vigilantes de Garda. Al mismo tiempo, FGV ya ha anunciado que prevé poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales de Valencia «por si resulta constitutivo de algún delito». Lo que no ha trascendido es si la víctima de la agresión ha presentado ya denuncia, de motu propio, contra los dos guardias de seguridad que le aporrearon.
Incidente entre dos guardias de seguridad y un joven en el tranvía
Ferrocarrils investiga las causas de la agresión, aunque los vigilantes aseguran que el chico había accedido al convoy semidesnudo
Dos guardias de seguridad de la empresa Garda, que presta servicios en la red de metro y tranvía de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), han sido apartados del servicio a requerimiento de la empresa pública tras agredir con su porra a un joven de 20 años en el interior del tranvía.
FGV ha abierto una investigación para esclarecer los hechos sucedidos ayer por la tarde en la línea 4 de Metrovalencia, en la parada de Garbí, cuando se produjo un forcejeo entre los vigilantes y un joven que, según éstos, llevaba los pantalones "medio bajados".
La empresa pública ha lamentado y condenado los hechos ocurridos protagonizados por dos vigilantes pertenecientes a la empresa Garda, que comunicará a los tribunales de justicia por si constituyen delito.
Al parecer, los vigilantes indicaron que el joven subió al tranvía con los pantalones medio bajados, en actitud exhibicionista, y los vigilantes le recriminaron su actitud y se inició un forcejeo en el que los guardias de seguridad utilizan la porra, según un vídeo de un testigo de los hechos difundido por internet.
En ese vídeo se observa cómo los vigilantes retienen en el suelo del tren al joven y uno de ellos comienza a pegarle con la porra, hasta cuatro veces, mientras los testigos increpan a los guardias para que no continúen usando el arma.
Según se puede oír en la grabación, los usuarios del tranvía gritan que el joven "no ha hecho nada" y piden a los vigilantes que lo "dejen en paz" y "suelten la porra", mientras los guardias le dicen al chico que esté quieto y no muerda.
Cuando FGV tuvo conocimiento de los hechos, pidió a la empresa que retirara del servicio a los dos vigilantes y decidió abrir una investigación en la que recabará información del maquinista y de la Policía autonómica, que acudió al lugar, entre otros.
FGV solicitó la colaboración de la Policía de la Generalitat, que acudió a la parada donde estaba detenido el tranvía.
Prosegur quiere eliminar el dinero en el comercio para 'cuadrar' la caja
Ha diseñado una plataforma para el 'retail' que elimina la gestión manual del efectivo
La solución busca facilitar la trazabilidad del dinero y mejorar la productividad
Cada vez más popular. La empresa de seguridad privada Prosegur ha presentado sus novedades en gestión del dinero en efectivo en el Congreso Nacional de Retail. El evento, celebrado en Barcelona, ha servido de marco para conocer las últimas tendencias en relación a la gestión de efectivo para el sector del retail a través de un enfoque de externalización de servicios y de la utilización de tecnología de vanguardia. Prosegur ha diseñado una plataforma para el comercio minorista que elimina por completo la gestión manual del efectivo, «facilitando así la trazabilidad del dinero y mejorando notablemente la productividad», según fuentes de la compañía.
Cada vez más popular. Entre las ventajas de eliminar la gestión de efectivo, según Prosegur, se encuentran la reducción de costes logísticos y operativos, la mejora del flujo de caja, a través de la solución 'early credit', y la eliminación de la pérdida desconocida, lo que garantiza el cuadre de caja. A esto se añade la mejora de la relación con el cliente final, la reducción de los tiempos de espera y la gestión de colas que ofrece una nueva experiencia al cliente a través del autopago en línea de caja. Por último, posibilita el incremento de la seguridad de los empleados en el manejo del efectivo, eliminando la necesidad de realizar ingresos físicos en la entidad bancaria, otro de los avances que ha presentado Prosegur en este foro.
Cada vez más popular. El Congreso Nacional del Retail reúne a más de 350 representantes de compañías nacionales e internacionales y cuenta con un programa de conferencias y encuentros en el que se abordan temas como las tendencias de comportamiento, tecnologías de gestión, recursos humanos, real estate, la interacción física y virtual con el mundo online, el modelo de franquicia, la experiencia de compra, la estrategia de las marcas y el merchandising como elemento de atracción, entre otros. Prosegur ha participado con la ponencia: 'La especialización, impulsora de la innovación' y con un stand donde presentará su solución 'ciclo del efectivo'.
29 de mayo de 2015
Imputado un vecino de Sigüenza que ejercía de guarda rural de cotos sin estar habilitado
>La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Almazán (Soria) ha imputado por un delito de intrusismo a un vecino de Sigüenza (Guadalajara)
>Hacía servicios de seguridad privada, vistiendo el uniforme y con los distintivos de Guarda Rural, sin estar habilitado para ello.
Las actuaciones comenzaron con una llamada telefónica al Centro Operativo de Coordinación de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria del titular de un coto privado de caza advirtiendo la presencia de cazadores furtivos en la zona, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
Durante la práctica de gestiones se comprobó, a través de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Soria, que no constaba que la persona que ejercía de guarda se encontrase dado de alta como guarda rural, ni que tuviese habilitación para vigilar ningún coto privado de la provincia, así como tampoco estaba contratado como guarda por el titular del terreno cinegético.
Este hecho motivó la tramitación de las correspondientes denuncias por infracciones administrativas a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y la imputación de un delito de intrusismo, tipificado en el vigente Código Penal.
Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán (Soria).
Normativa actual
Según informe de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, los vigilantes de caza de creación autonómica deberán limitar sus actuaciones a los aspectos directamente relacionados con el ámbito que es objeto de la competencia autonómica (en este caso, cinegético), pero sin que supongan en ningún caso intromisión en las funciones de seguridad expresamente reservadas en la legislación de seguridad pública o de seguridad privada como complemento de aquella.
Además, los guardas rurales (anteriormente guardas particulares de campo) deben estar habilitados por el Ministerio del Interior, que les faculta para desempeñar -en ámbitos privados- en todo el territorio nacional las funciones que, con carácter exclusivo, les atribuye la normativa de seguridad privada.
La licencia de guarda rural se obtiene tras la superación de un examen que el Ministerio del Interior convoca dos veces al año con carácter nacional.
Para acceder a dicho examen, además de cumplir los requisitos habituales a este tipo de convocatoria (como ser mayor de edad, nacional de un país miembro de la Unión Europea, gozar de las adecuadas condiciones psicofísicas y carecer de antecedentes penales), es preciso haber superado en alguno de los centros de formación autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad el curso correspondiente.
Dos vigilantes de seguridad en activo detenidos por tráfico de drogas.
Desarticulada una organización que traficaba con drogas y anabolizantes
18 detenidos en Córdoba y tres en Fuengirola en un operativo que comenzó a final del año pasado.
Incautados más de 44 kilos de hachís y casi uno de cocaína en trece registros de pisos y locales
La Policía Nacional ha culminado la operación Tiovivo, fruto de la cual se han practicado 13 registros en Córdoba y Fuengirola y se ha detenido a 21 personas, de edades comprendidas entre los 30 y los 63 años, como presuntas autoras de sendos delitos contra la salud.
Según informa la comisaría provincial en un comunicado, la operación se inició a finales del pasado año tras tener conocimiento los investigadores especializados en la lucha contra el tráfico de drogas de la posible existencia en Córdoba de un entramado delictivo dedicado a adquirir importantes cantidades de cocaína, que luego adulterarían para obtener mayores beneficios en su venta. También se sospechaba de la distribución de anabolizantes y esteroides a personas relacionadas con el mundo del deporte, sin pasar ningún tipo de control sanitario.
Los investigadores establecieron varios dispositivos y el 28 de marzo consiguieron interceptar y detener a los dos primeros miembros de la organización cuando entraban en la ciudad de Córdoba a bordo de un turismo procedentes de Fuengirola (Málaga) con 35.500 gramos de hachís, envasados al vacío y distribuidos en planchas, bellotas y tabletas.
Los agentes solicitaron al juez el registro de tres domicilios cordobeses, donde se intervinieron 1.200 gramos de MDMA (éxtasis), 54 gramos cocaína y 130 gramos de sustancias para adulterar la cocaína, así como anabolizantes y esteroides y diversos efectos relacionados con el tráfico de drogas.
Con la documentación que se incautó se logró localizar el inmueble utilizado en Fuengirola para el embalaje y almacenamiento del hachís intervenido, así como determinar el miembro de la organización con residencia en Córdoba que había encargado la compra de la droga.
El nueve de abril se solicitaron nuevas órdenes de registro en Fuengirola y Córdoba. En esa ocasión se incautaron de otros 9.000 gramos de hachís, 8.750 coronas suecas, así como una máquina envasadora al vacío y multitud de bolsas de plástico, con la que envasaban el hachís al objeto de evitar que fuese detectado por perros adiestrados en un hipotético control policial. Ese día se detuvo a una persona en Córdoba y a tres en Fuengirola.
MAS REGISTROS Como colofón a la operación, el 19 de mayo los investigadores procedieron a solicitar a la autoridad judicial la ejecución simultánea de 6 registros domiciliarios, practicándose de oficio dos registros más en dos inmuebles: uno era una tienda de compra y venta de vehículos de ocasión que la organización tenía en un polígono industrial de Córdoba para blanquear dinero, y otro una nave ubicada en el Parque Joyero, utilizada al parecer como laboratorio para el corte y adulteración de la droga.
En esos registros se intervinieron 935 gramos de cocaína, anabolizantes y esteroides, más de 3.000 euros en efectivo, una escopeta de cañones paralelos, munición y otros útiles necesarios para la actividad delictiva, siendo detenidas un total de 15 personas más, entre las que se encontraban dos vigilantes de seguridad en activo, uno de los cuales incluso llegó a dispensar droga mientras trabajaba, con total desconocimiento de sus empleadores.
En total han sido detenidas 21 personas, ocho de las cuales fueron enviadas prisión y el resto está en libertad con cargos a la espera de juicio. Se han practicado 13 registros, interviniéndose 44.200 gramos de hachís, 935 gramos de cocaína, 1.200 gramos de MDMA, 130 gramos de sustancias de corte, 168 gramos de marihuana, anabolizantes y esteroides, cinco basculas de precisión, una escopeta de cañones paralelos, 5.400 euros y 8.750 coronas suecas, una máquina envasadora al vacío, una máquina de contar billetes, 22 móviles, tres vehículos y dos motocicletas, así como otros efectos.
La operación ha sido llevada a cabo por la brigada provincial de Policía Judicial de Córdoba y la Udyco Estupefacientes de Fuengirola.
La Guardia Civil imputa a un guarda de caza por intrusismo profesional
Vestía uniforme y distintivos de Guarda Rural sin estar habilitado
El SEPRONA de la Guardia Civil de Almazán ha imputado un delito de intrusismo profesional a un vecino de Sigüenza (Guadalajara) de 60 años, por la realización de servicios de seguridad privada vistiendo el uniforme y con los distintivos de Guarda Rural sin estar habilitado para ello.
El titular de un coto privado de caza advirtió la presencia de cazadores furtivos en la zona. Durante la práctica de gestiones se comprobó, a través de la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Soria, que no constaba que la persona que ejercía de guarda se encontrase dado de alta como Guarda Rural, ni que tuviese habilitación para vigilar ningún coto privado de la provincia, así como tampoco se estaba contratado como Guarda Rural por el titular del terreno cinegético.
La licencia de Guarda Rural se obtiene tras la superación de un examen que el Ministerio del Interior convoca dos veces al año con carácter nacional.
Guardias sin pistola en Sograndio
Los vigilantes del centro de menores denuncian ante la Fiscalía fallos de seguridad, como falta de material y habitaciones sin sistema de incendios
La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) denunció ayer ante la Fiscalía diversos fallos de seguridad en el centro de menores de Sograndio, del que se han escapado tres internos en las últimas semanas. Los encargados de la seguridad denuncian, entre otras cosas, que llevan seis meses prestando su servicio sin el arma reglamentaria (revolver) cuando, explican, su uso es "obligatorio" para quienes hagan el servicio nocturno en la ronda perimetral del centro.
Los vigilantes señalan que ningún guardia usa la pistola y que esto viene contemplado en el contrato entre el Principado y la empresa adjudicataria, a la que acusan de "seguir cobrando del Principado un plus de 150 euros al mes por vigilante por portar un arma que no se usa". Ese dinero, reivindican, "debería ir ser para cada empleado".
En el documento presentado ayer por la mañana en la Fiscalía, de 35 páginas, figuran otros fallos en el complejo como la ausencia de sistemas de detección de incendios en las nueve habitaciones de aislamiento, la carencia de materiales "anti vandálico" en las celdas, los castigos "arbitrarios o desproporcionados" a los internos o la ausencia de un protocolo de actuación para los guardias.
"La situación en el centro de menores es límite. Hay un clima de enfrentamiento entre trabajadores, personal e internos que no se puede prolongar en el tiempo porque va a llegar un día que va a explotar", aseguró ayer Jorge Ceferino Fernández, portavoz de AVISPA. Fernández urge a la Fiscalía a que investigue los hechos y a que llame a declarar "a quien haga falta" para poner remedio a la situación.
Otra de sus reivindicaciones es el "insuficiente" personal que, aseguran, ocasiona sucesos como el incendio ocurrido hace días en el centro. Los vigilantes se quejan de que en cada turno suele haber seis empleados para un centro en el que están internos 35 menores, a seis menores por guardia. También señalan que la vigilancia a los menores en las celdas se hacen a través de un circuito de vídeo vigilancia que "podría afectar a sus derechos fundamentales", y detallan que cuatro de esas cámaras fueron "destruidas y tiradas por el retrete" por los menores.
La denuncia va presentada contra Guillermo Martínez, consejero de Presidencia en funciones del Principado; José Luis Villaverde, Director General de Justicia e Interior en funciones del Principado; Vicente Ramos Manuel, Director del centro de Sograndio y Belén Rodríguez, jefa de los servicios de la empresa encargada de dar el servicio de la seguridad del centro.
Prosegur presenta en Barcelona su apuesta por la gestión automatizada del efectivo para reducir costes
En el marco de la III edición del Congreso Nacional de Retail
PROSEGUR (PSG.MC) ha presentado sus novedades en gestión de efectivo en el III Congreso Nacional de Retail, organizado, entre otros, por el Ayuntamiento de Barcelona, informó la compañía de seguridad privada.
El evento, cuya tercera edición se celebra el 28 y 29 de mayo en la Cámara de Comercio de la ciudad Condal, sirve de marco para presentar, entre otras, las últimas tendencias en relación a la gestión de efectivo para el sector del retail a través de un enfoque de externalización de servicios y de la utilización de la más avanzada tecnología.
En concreto, entre los objetivos que persigue Prosegur con su propuesta de servicios en el futuro para el comercio minorista se encuentran la optimización de la operativa en tienda, eliminando por completo la gestión manual del efectivo, facilitando la trazabilidad del dinero y mejorando notablemente la productividad, permitiendo una mayor focalización en la actividad comercial.
Asimismo, la reducción de costes logísticos y operativos, la mejora del flujo de caja a través de la solución 'early credit' y la eliminación de la pérdida desconocida, garantizándose en todo momento el cuadre de caja, son otras de las ventajas que ofrece este producto, junto con la mejora de la relación con el cliente final, la reducción de los tiempos de espera y la gestión de colas que ofrece una nueva experiencia al cliente a través del autopago en línea de caja.
Por último, posibilitar el incremento de la seguridad de los empleados en el manejo del efectivo, eliminando la necesidad de realizar ingresos físicos en la entidad bancaria es otro de los avances que ha presentado Prosegur en este foro.
El Congreso Nacional del Retail reúne a más de 350 representantes de compañías nacionales e internacionales y cuenta con un programa de conferencias y encuentros en el que participan destacados profesionales del sector. Prosegur contribuye con una ponencia propia bajo el título: 'La especialización, impulsora de la innovación' además de un stand donde presentará su solución 'ciclo del efectivo'.
Entrevista a Carlos Ruíz Virumbrales, presidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios
"Los hospitales que tienen departamento de seguridad obtienen unos resultados muchísimo mejores que los demás"
Con motivo de las IV Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Hospitalarios, celebradas los pasados 11, 12 y 13 de mayo, Interempresas ha entrevistado al presidente del Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios (Osich), entidad organizadora de las jornadas. Además de ser el presidente de Osich, Carlos Ruíz Virumbrales es el jefe de la Unidad de Gestión de Seguridad y Orden Interno del Hospital 12 de Octubre, por lo que cuenta con una amplia experiencia en todo lo que se refiere a la seguridad en los centros sanitarios. En esta entrevista, Carlos Ruíz Virumbrales hace balance sobre las jornadas, y aporta su opinión sobre los principales temas que se trataron, y otras cuestiones generales sobre la seguridad en los hospitales.
¿Qué balance hace de las IV Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Hospitalarios, celebradas los pasados 11, 12 y 13 de mayo?
En realidad, previamente hubo nueve jornadas sobre este tema, y afortunadamente ha habido continuidad en la saga, por lo que son las decimoterceras. En estas IV Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Hospitalarios la evaluación que hacemos es muy positiva. Este año ha sido un poco especial, ya que en estas jornadas lo que hacemos es compartir conocimientos, difundir información y contactar entre todos los responsables de cualquier área de seguridad en aspectos sanitarios a nivel nacional. En esta ocasión hemos percibido una mayor sintonía con los gestores sanitarios.
Hemos sido capaces de convencer a lo largo de estos últimos años a todo el mundo del sector de la seguridad, no hospitalaria, de la absoluta e imprescindible necesidad de implementar departamentos de seguridad en los hospitales. Es una de las áreas de actividad donde más claramente se necesitan estos departamentos para mejorar la protección de las personas, de los profesionales, de las actividades, etc. Hemos convencido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la Unidad Central de Seguridad Privada (que es la que se encarga de todas las cuestiones de seguridad privada), convencer al Seprose, su homólogo…a todo el mundo de la seguridad. Sin embargo, es curioso que en el mundo sanitario, que es bastante endogámico, no pudimos conseguir trasladar esa necesidad, y que llegara a quienes realmente tienen que conocer lo que son: gestores, gerentes de los hospitales, y responsables políticos en las Consejerías de Sanidad de las diferentes Comunidades Autonómicas.
Eso no lo habíamos conseguido. En estas jornadas, sin embargo, al fin hemos descubierto atisbos claros de que ese mensaje está siendo recibido tanto en las consejerías como en las gerencias de los hospitales. Se empieza a conocer la regulación de los departamentos de seguridad, los condicionantes que pone esa regulación, y sobre todo, la necesidad de éstos porque se mejora la seguridad de una forma impresionante, ya que se profesionaliza la labor de seguridad de los hospitales, se homogeniza entre diferentes centros y además se concentra en un mismo departamento la responsabilidad de las diferentes seguridades.
Servicios policiales privados, el colchón de un sector castigado en Portugal
Lisboa, 27 may (EFE).- Al contrario de lo que los turistas que pasean por la Avenida Liberdade esperan, las entradas a las tiendas de lujo lisboetas no están custodiadas por guardias de seguridad privada, sino por policías de uniforme.
"Están haciendo un servicio que en otros países no existe pero que aquí se ha normalizado a lo largo de los años: en mis horas libres, la tienda contrata, paga a la policía y la policía me paga a mí", explica el agente Paulo Ferreira.
Es la respuesta a los bajos salarios de un sector que negocia actualmente un cambio en su estatuto profesional y amenaza con protestas si la administración lusa no da marcha atrás en sus primeras propuestas, afirman desde la Asociación Sindical de los Profesionales de Policía (ASPP).
El presidente de la ASPP, Paulo Rodrigues, señala que en comparación con otros países de Europa occidental, la portuguesa "es, de hecho, la policía que menos reconoce el trabajo de los profesionales".
Rodrigues menciona en ese sentido la ausencia de compensaciones por riesgo o por desgaste rápido, las dificultades de promoción de carrera dentro del cuerpo o los salarios iniciales, que rondan los 800 euros.
Ferreira indica que con los "servicios remunerados" se pueden añadir a ese salario hasta otros 450 euros mensuales.
Mientras que es incompatible para ellos trabajar directamente en una empresa de seguridad privada, sí es posible para los cerca de 20.000 profesionales lusos de la Policía de Seguridad Pública (la mayoría de los cuales trabajan en Lisboa y Oporto) recibir estos encargos de particulares y cumplirlos en sus horas libres.
La consecuencia, según denuncian Ferreira y su compañero José Mendes, ambos en activo y coordinadores del sindicato mayoritario en Lisboa, es que el exceso de horas de trabajo puede llevar a los policías a no estar en condiciones de desempeñar correctamente su labor durante su turno.
La imagen de la profesión atraviesa un momento delicado en Portugal, tras convertirse en viral recientemente un vídeo con la agresión de un agente de policía a un hincha del club de fútbol lisboeta Benfica.
Sin embargo, los profesionales aseguran que ahora mismo es "imposible" quitar los servicios remunerados -"el mal menor", según ellos- si los policías no reciben un aumento en sus salarios proporcional.
Tras los recortes en el cuerpo a raíz de la llegada a Portugal de la 'troika' -Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea-, la ASPP creó en 2012 un gabinete de apoyo social para ayudar a policías con situaciones de insolvencia o problemas económicos, explican.
Mendes considera que si no fuera por los servicios privados "aumentarían de forma exponencial los compañeros con estas necesidades", aunque tanto él como Ferreira recuerdan que con la fórmula vigente el ciudadano que contrata está pagando dos veces por su seguridad.
El presidente de la ASPP indica que, mientras la edad media de los profesionales del cuerpo aumenta -se sitúa ya por encima de los 45 años-, en la última década el sector de la seguridad privada ha crecido en Portugal cerca del 30 %.
La necesidad de mejoras en salarios, condiciones y recambio generacional pueden generar protestas en este año electoral en un sector en el que la huelga no está permitida.
La última marcha de policías, en marzo del año pasado, dejó la estampa insólita de la ruptura del cordón policial en el Parlamento portugués, habitualmente blindado en la ola de manifestaciones durante la crisis económica.
Un vigilante retiene a dos menores por tratar de robar en un camión en Fuente del Jarro
Dos menores adolescentes fueron retenidos en el municipio de Paterna por un agente de seguridad por haber intentado robar en un camión. Los hechos se produjeron la noche del pasado miércoles 20 de mayo, sobre las 21 horas, después de que un ciudadano alertara al agente de las intenciones de dos menores a los que había visto, uno en el interior de la cabina de un camión rojo lanzando al segundo cables de color negro.
Tras la descripción facilitada por el vecino, el agente de seguridad realizó una batida por la zona hasta encontrar a los infractores, a los que momentos antes de la descripción había visto «haciendo el amago de esconderse». Después de encontrarlos, el agente retuvo a los dos menores mientras solicitaba presencia policial. Y entretanto, el agente realizó un rastreo por las inmediaciones hasta encontrar cuatro alargadores de color negro que estaban escondidos debajo de un camión.
Al lugar de los hechos acudieron dos indicativos del Cuerpo Nacional de Policía, así como también el ciudadano que había alertado de los hechos. Fue entonces cuando el hombre que hizo saltar la voz de alarma identificó sin ningún genero de dudas a los menores como autores de los presuntos hechos delictivos.
Tras la identificación de los infractores realizada por el vecino y testigo del intento de robo, uno de los indicativos del Cuerpo de la Policía Nacional procedió a entrevistar al agente de seguridad, a los menores retenidos y al testigo de los hechos, al tiempo que un segundo agente realizó la correspondiente comprobación de los daños del camión.
Entrevista a Mar Pérez Merino, directora general de Consumo: Reclamaciones contra servicios de seguridad privada
"Las reclamaciones que más se repiten son contra servicios de seguridad privada y, en la mayoría de los casos, están relacionadas con la anulación o rescisión del contrato y la prestación defectuosa del servicio"
Con motivo de la jornada sobre consumidores de servicios de seguridad privada que el pasado 21 de abril organizó la Dirección General de Consumo junto con el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo y Aecra, Interempresas Media ha querido entrevistar a Mar Pérez Merino, directora general de Consumo. Pérez Merino ha tratado en profundidad algunos temas que ya se avanzaron en dicha jornada como, entre otras cosas, el curso sobre Protección al Consumidor en los Servicios de Seguridad Privada, el número de reclamaciones que reciben anualmente, cuáles son los principales motivos para interponer las mismas y las líneas de acción que sigue la Dirección General de Consumo para solucionarlas.
El pasado 21 de abril la Dirección General de Consumo, el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo y Aecra, presentaron el primer curso sobre Protección al Consumidor en los Servicios de Seguridad Privada que se celebrará entre el 8 de octubre y el 9 de diciembre. ¿Qué aspectos se van a abordar en dicho curso que resulten novedosos para las empresas de seguridad privada?
Se trata de un curso de extensión universitaria, que va a aportar a los alumnos conocimientos novedosos en materia de consumo: la normativa básica, los derechos de los consumidores usuarios de los servicios de seguridad privada, las competencias de las administraciones públicas, el valor de la información y las ofertas publicitarias, el régimen y la naturaleza de los contratos de arrendamientos de servicios firmados entre las empresas de seguridad y sus clientes, el régimen de garantía de productos y servicios de seguridad aplicables a los consumidores de estos servicios, el régimen sancionador de la normativa de consumo y las posibles vías de resolución extrajudicial de conflictos entre las empresas de este sector y los consumidores así como el papel de las asociaciones de consumidores en este sector.
En la jornada que hemos comentado también se habló sobre los derechos que asisten a los consumidores y usuarios cuando contratamos bienes y servicios a los proveedores finales de seguridad privada. ¿Cree que los consumidores conocen bien sus derechos?
Si tenemos en cuenta el escaso número de reclamaciones y el contenido de las consultas que presentan los ciudadanos ante las administraciones de consumo, contra las empresas de seguridad privada, se puede considerar que, en general, conocen sus derechos como consumidores. Desde la Dirección General de Consumo se llevan a cabo acciones formativas, como éste curso que se ha presentado, e informativas (telefónica a través del número 012 o en la web institucional a través del Portal del Consumidor) para difundir información sobre los derechos de los consumidores y sus mecanismos de defensa.
¿Cuál es la legislación básica que Ud. recomienda que se debe conocer por parte de las empresas de seguridad privada?
Principalmente lo siguiente:
-El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, modificado por la Ley 3/ 2014, de 27 de marzo.
-La Ley 11/ 1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.
-El Real Decreto 231/ 2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
La Dirección General de Consumo recibió 103 reclamaciones en 2014 y 17 en lo que llevamos de 2015. ¿Cuáles son las quejas que más se repiten?
Las quejas que menciona se refieren a reclamaciones contra servicios de seguridad privada y, en la mayoría de los casos, están relacionadas con la anulación o rescisión del contrato y la prestación defectuosa del servicio.
¿Qué acciones llevan a cabo desde la Dirección General de Consumo para solucionar las reclamaciones más repetitivas?
En el marco de las competencias que la normativa atribuye a la Dirección General de Consumo, se programan, dentro del control de mercado, actuaciones de inspección y control, adoptando medidas sancionadoras, si se constata algún incumplimiento de la normativa de protección de los consumidores. Por otro lado, para solucionar la petición concreta de cada reclamante se intenta una mediación para poner fin al conflicto. Si la empresa está adherida al Sistema Arbitral de Consumo, se informa al consumidor de la posibilidad de resolverla a través del arbitraje de consumo. La solución, gratuita para el consumidor, que deciden los árbitros tiene carácter vinculante y ejecutivo y tiene valor de sentencia judicial firme.
¿Qué recomendaciones le daría Ud. a un consumidor para llevar a cabo una reclamación? ¿Y una denuncia?
Que formule la reclamación, en primer lugar, ante la empresa. Si no responde o la respuesta no la considera adecuada, puede dirigirse a las administraciones de consumo (Omics, Dirección General de Consumo), donde puede informarse sobre cómo, cuándo y dónde puede formular una reclamación o una solicitud de arbitraje. Otra opción consistiría en solicitar información a las asociaciones de consumidores, que también llevan a cabo actividades de mediación.
En cuanto a la presentación de una denuncia, los consumidores deben saber que es un mecanismo por el que ponen en conocimiento de la Administración unos hechos que pueden constituir una infracción en materia de consumo, pero no van a obtener, en ningún caso, compensación económica alguna. El objetivo de las investigaciones, en este caso, es la defensa de los intereses generales de los consumidores. Es aconsejable que identifiquen claramente a los responsables de los hechos que se denuncian y adjuntar todo los medios de prueba de los que dispongan. Tanto las reclamaciones como las denuncias pueden presentarse de forma presencial, en cualquier Oficina de Atención al Ciudadano, o telemática, a través del Portal del Consumidor.
La normativa vigente protege al consumidor en mayor medida puesto que entiende que está en una situación más débil frente a una empresa. En el caso de los autónomos, ¿la normativa hace alguna diferenciación?
La normativa de consumo es de aplicación únicamente a aquellas personas físicas o jurídicas que tienen la condición de consumidor final, según el concepto establecido por el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/ 2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. En síntesis, el consumidor final es toda aquella persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional, por tanto, el autónomo que en el desarrollo de su actividad profesional actúa como empresa de servicios de seguridad privada, lo hace en calidad de empresario y no de consumidor. De otro lado, estaría el autónomo que actúa como consumidor final de los servicios prestados por una empresa de seguridad privada, en este caso, la normativa de consumo no hace distinción alguna respecto del resto de consumidores.
¿Cuándo van a presentar Aecra y la Dirección General de Consumo el formulario de preguntas y respuestas en los servicios de seguridad privada?
Aecra va a incluirlo en su web y esperamos que sea en breve porque desde la Dirección General de Consumo y desde el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo se facilitaron las respuestas hace tiempo.
¿Qué papel va a adquirir la mediación y conciliación en España en el ámbito de consumo una vez producida la trasposición de la Directiva comunitaria? ¿Puede ello afectar a las empresas de seguridad?
Afectará a las empresas de seguridad al igual que al resto de sectores, en la medida en que la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que ahora se está tramitando, tiene como objetivo el establecimiento de requisitos de calidad de entidades, procedimientos y personas que intervienen en la resolución extrajudicial de conflictos. La mediación y conciliación que se lleven a cabo entre consumidores y empresas se van a ver favorecidas; se destacan aspectos tales como el plazo de resolución (las reclamaciones deberán resolverse en un tiempo máximo de 90 días); también se verá ampliado el ámbito tanto sectorial (se abre a todos los sectores económicos con excepción de las reclamaciones en materia de salud) como geográfico, al incluirse las reclamaciones transfronterizas, de gran importancia en un momento, como el actual, de pleno auge de compras por internet a empresas radicadas en otros países.
La Delegada del Gobierno en Cataluña: la nueva ley de seguridad privada ha evitado intrusismo.
La Delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, ha destacado hoy que la Ley de Seguridad Privada aprobada hace un año el Gobierno ha definido un marco legal en este sector que le ha permitido un respaldo jurídico y evitar el fenómeno del intrusismo.
Llanos de Luna ha hecho esta afirmación en su intervención en el acto de apertura de la tercera edición del Security Forum, un evento que durante dos días reunirá a empresas del sector de la seguridad y a expertos de todo el mundo que analizarán las tendencias y los temas de más actualidad para el sector.
El beneficio de la seguridad común ha sido el eje de la ley que entró en vigor hace un año, ha asegurado de Luna, que ha añadido que con este marco se ha impulsado la coordinación y cooperación entre la seguridad pública y la seguridad privada, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.
Asimismo, ha afirmado que la nueva ley, que sustituía a una anterior de 1992, ha permitido al sector prestar nuevas actividades y servicios que no estaban recogidos en la legislación anterior y que la sociedad actual reclamaba, mejorando la eficacia de la seguridad privada.
Ante un auditorio en el que figuraban altos responsables de fuerzas de seguridad de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los mossos d'Esquadra, la Policía Autonómica Vasca (Ertzaintza) y la Guardia Urbana de Barcelona, Llanos de Luna ha expuesto los principales temas que se abordarán en este encuentro.
Entre estas cuestiones figuran el balance de aplicación de la citada ley, así como el reto de las denominadas "ciudades Inteligentes", la vigilancia digital, la prevención de amenazas y la ciberseguridad, entre otros temas.
Otro de los objeto de análisis en este foro será el equilibrio que debe existir entre dos derechos esenciales, el derecho a la Seguridad y el de la Protección de datos.
El sector de la seguridad privada en España cuenta con unas 1.500 empresas, una plantilla de más de 100.000 personas y una facturación que ronda los 3.400 millones de euros, lo que pone de relieve, según la Delegada del Gobierno, "la gran importancia, que desde el punto de vista económico y laboral a nivel nacional, tiene este sector".
Entrevista a Antonio Duarte en Interempresas. ‘Radiografía a la situación actual que vive el sector de la Seguridad’
Antonio Duarte Álvarez, Secretario General de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del Sindicato USO, (FTSP-USO) además de Julián Gallego, gerente comercial de equipos y certificación de Alter Technology Tüv Nord S.A.U.; Roberto Lage, presidente de Aesga; David García Galera, director general de Grupo G y presidente de Esacv, han expresado a Interempresas su visión sobre la actualidad del sector de la seguridad. Los expertos han ofrecido su opinión sobre la nueva Ley de Seguridad Privada, la situación del sector tras la crisis, así como los objetivos de cada uno de ellos para este año.
Preguntas y Respuestas de Antonio Duarte:
¿Qué postura mantiene frente a la nueva Ley de Seguridad Privada? ¿En qué medida les puede favorecer? ¿Hay algún elemento que pueda perjudicar su actividad?.
Antonio Duarte: Como dirigente sindical y trabajador, la opinión que puedo tener yo sobre la nueva Ley de Seguridad Privada es, en general, muy positiva. Es una ley que avanza, progresista, y que está hecha con una visión de futuro, que puede amoldarse a las nuevas necesidades que puedan surgir a lo largo de estos años en materia de seguridad, entendiendo que la seguridad privada es un complemento muy necesario de la seguridad pública.
Para el Sindicato USO, la opinión ha sido positiva desde que se inició el borrador, con unas perspectivas que finalmente se han visto cumplidas con su publicación. ¿Qué ocurre? Que no se han recogido todas nuestras pretensiones porque una de las cuestiones más importantes para nosotros era el carácter de autoridad en el uso de nuestras funciones. Eso queda limitado, por decirlo de alguna manera, a una serie de trabajos en concreto, que sí es verdad que tienen un alto riesgo, pero hay otros que tienen el mismo o igual, y quedan fuera también. Creemos que esa pata ha quedado coja. Ahora bien, falta el Reglamento.
Es muy importante que el carácter del agente de la autoridad también está vinculado a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Ya no es que sólo esté recogido en la Ley de Seguridad Privada sino también en el Código Penal, es decir, que sería delito, porque los vigilantes estamos cansados de ser agredidos durante muchos años y que en los juzgados, dependiendo del juez o la jueza que te toque, te pueda atracar un mero delincuente cuando tú estás ejerciendo unas funciones de seguridad, y que a veces conllevan un riesgo y una iniciativa que tienes que tomar, y esas iniciativas las pueden malinterpretar.
Por otra parte, el tema de la formación está suficientemente cubierto. Por primera vez, crea una Comisión Interministerial, o se abren las puertas para que se cree, que acabe con el fraude fiscal y de la Seguridad Social dentro del sector de la seguridad privada, que es la mayor lacra que tiene en estos momentos. La deriva que hay ahora mismo de empresas de seguridad privada indecentes que están menoscabando el poder adquisitivo de los españoles a través del fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social es cada vez mayor. Con esta nueva herramienta que ha creado la nueva Ley de Seguridad Privada, que es la Comisión Interministerial, se promueve que los propios ministerios se comuniquen entre ellos.
Otra cuestión en la que se ha avanzado mucho es en las sanciones. Se ha pasado de que estén meramente recogidas en un documento, que sean pequeñas, raras y que en muchos casos no se llevaban a cabo, a que ahora sean una sanciones ejemplares, acordes con la realidad, que determinan muy claramente cuál es la responsabilidad de los jefes de seguridad, de los directores de seguridad, de los responsables de las empresas, etc., que hasta ahora no lo había. También cabe destacar la importancia de la amplitud del articulado.
¿Cómo contempla, a su juicio, la nueva ley una mayor colaboración entre seguridad pública y seguridad privada?
A. D.: Por descontado, creo que hay una mayor colaboración entre seguridad pública y privada. La fluidez de información entre el Ministerio de Interior con los trabajadores y con los sindicatos que tenemos representación dentro del sector, es muchísimo más amplia de la que podíamos tener seis, siete u ocho años, y no digamos ya hace 25. La culminación de todo esto ha sido el desarrollo de la Ley de Seguridad Privada. A nosotros en todo momento nos han consultado sobre posibles quejas que tuviéramos, nos han ido advirtiendo de cómo se estaba desarrollando la Ley, y al mismo tiempo se fue corrigiendo. Eso sí, la Ley la proponen los técnicos y luego lo aprueban los políticos. Podemos decir que ha habido una simbiosis entre los políticos y los técnicos, enorme.
¿De qué manera esta nueva Ley puede entrar en conflicto con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal?
A. D.: Entiendo que no. En temas de videovigilancia, la ley está muy bien definida, la normativa es específica, muy clara y muy sencilla. Y si alguien incumple ésta normativa, para eso está la ley, para sancionarlo. Con la Ley Orgánica de Protección de Datos, nosotros lo tenemos claro: si nos dan órdenes para identificar a las personas que acceden a determinados edificios, etc., lo tenemos que hacer. Siempre identificar, no tenemos autoridad para detener, pero sí para complementar y retener a los que creemos que han incumplido de alguna manera la normativa.
¿Cómo ha afectado la crisis al sector de la Seguridad?
A. D.: Fue uno de los últimos sectores en entrar en ella, y creo que será uno de los últimos en salir. En términos numéricos, puedo decir que se han perdido más de 25.000 puestos de trabajo a lo largo de estos últimos cuatro años. En términos de poder adquisitivo, los trabajadores hemos perdido cerca de un 10%. Hemos perdido un 10% de nuestro salario en el camino con la intención de mantener el cuerpo de una negociación colectiva estatal, que es lo que nos da garantías a cualquier trabajador para cobrar lo mismo en Alicante, en Barcelona, en Madrid, Lugo o La Coruña, que en Canarias y Baleares, de manera que no haya distinción entre unos y otros. La crisis ha agudizado el ingenio de las empresas y los trabajadores. Hoy por hoy, hay una gran demanda de trabajo en este sector. Muchos trabajadores que estaban realizando otras funciones, han intentado volver. Por ejemplo, ahora hay muchas menos oficinas bancarias, por lo tanto hay muchos menos furgones, y por consiguiente, menos trabajadores.
¿Cuáles son los objetivos de su empresa/asociación para el año 2015?
A. D.: Superar el 20% de representación en las elecciones sindicales y poder erradicar el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social. Y por supuesto, a los trabajadores. Esos son los grandes objetivos que nos hemos propuesto este año. Queremos consolidarnos como sindicato.
María Fernández Peláez / Mª Carmen Fernández
Suscribirse a:
Entradas (Atom)