22 de diciembre de 2013
ErNE denuncia que el Proyecto de Ley de Seguridad Privada busca "reducir las plantillas policiales"
Cree que, al "privatizar" la seguridad pública, los responsables políticos anteponen "el interés económico frente al interés social"
El sindicato de la Ertzaintza Erne ha destacado que, con el Proyecto de Ley de Seguridad Privada, se busca "reducir las plantillas policiales" y ha advertido de que, al "privatizar" la seguridad pública, los responsables políticos anteponen "el interés económico frente al interés social".
En un comunicado, la central sindical ha señalado que "no es casual que los apoyos al Proyecto de Ley vengan de los tres grupos políticos que actualmente sustentan los Gobiernos con Policías integrales y que ven a la Policía como un negocio y no como un servicio público que garantice seguridad a toda la ciudadanía".
"El Proyecto de Ley privatiza la seguridad pública al autorizar a los vigilantes de seguridad privada la realización de labores reservadas a los cuerpos de policía, lo que supone no una regulación, sino la búsqueda de una reducción de las plantillas policiales", ha considerado.
Para ErNE, la Ley busca "ampliar el volumen de negocio de las empresas de seguridad privada" y, aunque la central apoya que se adopten medidas para defender y revitalizar el sector privado y generar empleo, "lo que no podemos permitir es que se haga a costa de lo público".
"LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR"
"Estamos asistiendo al proceso de liquidación por parte de los poderes públicos del Estado del Bienestar, primero con la privatización de la sanidad y la educación, y ahora con la privatización de la seguridad pública, anteponiendo los responsables políticos el interés económico frente al interés social", han criticado.
Por último, han advertido de que "no se puede permitir que el abandono de las administraciones provoque que veamos agentes con más de 60 años realizando labores de calle, mientras se contrata seguridad privada para realizar labores de gestión administrativa".
El SIP también pide un recurso contra la Ley de Seguridad Privada
El Sindicato Independiente de la Policía Local (SIP), como sindicato miembro de la Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA), ha informado de que su Federación autonómica ha solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Privada que se tramita en el Parlamento, en el momento que la citada Ley sea aprobada definitivamente. Desde el sindicato apuntan que "la seguridad pública corresponde y compete, por imperativo constitucional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por tanto, ni los vigilantes de seguridad privada ni los guardias rurales pueden dedicarse a la seguridad pública. Los policías locales estamos convencidos de que el actual proyecto de ley puede suponer una privatización de la seguridad en los espacios públicos inaceptable por nuestro ordenamiento jurídico".
En la carta remitida a Becerril, la Federación declara que "resulta absoluta y jurídicamente inaceptable facultar a los vigilantes de seguridad privada y guardas rurales a la prestación de servicios en espacios o vías públicas; en espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma; a participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".
La nueva ley habilitará a 2.000 vigilantes a hacer detenciones
La asociación Aproser asegura que la normativa no autoriza a realizar arrestos arbitrarios, cacheos o interrogatorios
Los cerca de 2.000 vigilantes de seguridad que prestan servicio actualmente en la provincia de Alicante podrán realizar detenciones de delincuentes en el lugar donde desempeñen su trabajo. Así se contempla en el proyecto de ley de seguridad privada que ya ha sido aprobado en el Congreso y está pendiente de votarse en el Senado. Esta nueva legislación ha causado polémica y rechazo entre los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero más que por la autorización a hacer detenciones por considerar que supone un paso del Gobierno hacia la privatización de la seguridad pública. Por su parte, la patronal mayoritaria de la seguridad privada, Aproser, se defiende de las críticas y asegura que la ley no autorizará a los vigilantes a practicar detenciones arbitrarias, cacheos o interrogatorios.
Mientras que la norma actual habla de que los vigilantes podrán identificar y poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los delincuentes, el proyecto de ley ya recoge la palabra «detener» y la posibilidad de denunciar a los infractores en materia de infracciones administrativas.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que representa a las empresas que prestan el 70% de los servicios de seguridad privada en España, señala sobre la facultad de los vigilantes para detener a delincuentes que se contempla esa posibilidad, pero «en relación con el objeto de su protección o de su actuación». Según Aproser, la ley no hace sino «reproducir la facultad que los vigilantes de seguridad ya disponían en la normativa actual en relación con las distintas funciones que estaban autorizados a realizar en la vía pública». La normativa, añade Aproser, ya faculta a cualquier ciudadano a realizar una detención en caso de flagrante delito y la nueva ley «no prevé en modo alguno que un vigilante de seguridad se vaya a dedicar a solicitar la documentación aleatoriamente a los ciudadanos que transitan pacíficamente por las calles».
Otro aspecto que genera controversia es la posibilidad de que los vigilantes de seguridad presten servicio en zonas comerciales peatonales o en otros espacios públicos, aunque siempre deberán contar con una autorización expresa y actuar en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta posibilidad, según Aproser, supone incorporar «las prácticas exitosas y en beneficio de la seguridad de los ciudadanos que se vienen desempeñando con plena normalidad en otros países»
Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la posibilidad de que puedan patrullar los vigilantes viene recogida de forma «difusa, ambigua y abierta a diferentes interpretaciones», afirma el secretario provincial del SUP, Miguel Ángel Rojas. Precisa además que no quedan claros los ámbitos y zonas de su posible actuación de patrullaje y pueden entrar en «colisión con la seguridad pública».
El SUP reclama que se siga apostado por «una fuerte seguridad pública» y rechaza que la solución pase por que empresas privadas asuman estas competencias. Según Rojas, la seguridad privada hace una importante labor con empresas y particulares, pero «no puede suponer una injerencia en las labores de la seguridad estatal».
La Confederación Española de Policía (CEP) entiende que la autorización para vigilar y proteger lugares públicos «supone, en cierta forma, una privatización de la seguridad que debe ofrecer el Estado». A la CEP, que entiende que la atribución de hacer detenciones ya estaba amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cualquier ciudadano en caso de delito flagrante, también le causa recelo que los vigilantes puedan imponer denuncias en el ámbito administrativo.
Este sindicato considera que la potenciación de los servicios privados de seguridad no debería hacerse si la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia civil, «fuese de entidad suficiente y no testimonial» como en los últimos años. La CEP defiende que los policías son funcionarios y «el compromiso es con la sociedad y no con una empresa», además de advertir de que cuentan con una formación «mucho mejor».
La protección jurídica como si fueran agentes de la autoridad en caso de agresiones y desobediencias, cuando actúen en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no queda bien explicada en la nueva ley, en opinión de la Asociación Nueva Coproper (ANC) de guardias civiles. ANC se pregunta qué ocurrirá si la agresión es del personal de seguridad privada hacia el ciudadano, quien «carece del agravante de responsable público que si se aplica al agente de la autoridad».
Nueva Coproper y el SUP también muestran su preocupación por el acceso a bases de de datos policiales por parte de empresas cuyo fin primordial es «obtener beneficios económicos».
Aproser publicará en breve un informe sobre el ejercicio 2012, en el que la Comunidad Valenciana aparece con 136 empresas de seguridad, 4.752 empleados y 190 millones de euros de facturación. Los resultados globales en España reflejan un descenso del 6,87% en la facturación total. El Gobierno ha anunciado que con la nueva ley se pretende consolidar un sector en crecimiento y que la seguridad pública se verá beneficiada, algo que no comparten los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil.
21 de diciembre de 2013
El Juzgado de lo Social vuelve a condenar a Esabe con una multa de 4.687€
El Boletín Oficial de Melilla (BOME) publicó ayer tres resoluciones del Juzgado de lo Social de Melilla contra la empresa de seguridad Esabe. La Justicia ha vuelto a condenar a la empresa a una multa de un total de 4.687 euros en concepto de indemnización a dos de sus ex trabajadores en Melilla.
Esabe deberá pagar a uno de ellos dos multas de 1.625,71 y 556,29 euros y al segundo ex empleado 880,46 euros. Además, estas cantidades se verán incrementadas en un 10% de recargo por intereses de demora. Cabe recordar que esta empresa de seguridad prestó servicio hasta el año pasado en la Casa del Mar. Los empleados que allí desempeñaban su labor celebraron diversas protestas por el retraso en el pago de sus salarios. Éstos presentaron la demanda correspondiente y que ahora el Juzgado de lo Social está resolviendo desde noviembre.
Serramar ingresa las últimas nóminas a los vigilantes sin incluir los pluses
Serramar ha pasado de pagar con retraso a ‘recortar’ los sueldos. Los vigilantes de seguridad de la empresa adjudicataria de la vigilancia de dependencias públicas tan sensibles como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) protestaron ayer por segunda vez en este mes en la Plaza Menéndez Pelayo de la ciudad.
“Lamentablemente siguen los retrasos en las nóminas y la paga extra de Navidad está en el aire. Lo poco que se puede constatar, es que lo que está cobrando la gente a trozos viene sin nocturnidades, sin festividades, sin plus de transporte y sin plus de vestuario”.
Estamos hablando de que cada empleado de Serramar está dejando de ingresar (en concepto de pluses) una media de 250 euros.
Serramar debe incluso parte del finiquito a personas que ya no están en la empresa y aún no ha abondado mitades de las nóminas de septiembre, octubre y noviembre a algunos empleados que tiene contratados en la ciudad.
La empresa, que hace una semana aseguraron a El Faro que todos sus trabajadores habían cobrado ya hasta octubre y que se disponía a abonar la nómina de noviembre y la paga extraordinaria de Navidad, miente.
Sin respuesta de la Delegación
Hasta ahora no ha recibido respuesta a un escrito enviado hace cerca de una semana a la Delegación del Gobierno, en el que le planteaba a Abdelmalik El Barkani, la difícil situación que atraviesan, sobre todo, los vigilantes del CETI.
Consultado por El Faro si los trabajadores van a solicitar que la Administración le cancele el contrato público del CETI a Serramar, los trabajadores no lo tienen claro. “De momento no han hablado de ello.
Los trabajadores criticaron que Serramar aspire a presentarse a los concursos de las oficinas del INEM y de Tráfico y que esté priorizando el pago de los sueldos de los trabajadores de estas dependencias, en lugar de abonar los salarios de los 32 vigilantes del CETI, un centro “sensible” que paga puntualmente sus facturas.
A concurso, el servicio de vigilancia de las oficinas del INEM de Melilla
La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla ha sacado a contratación por 187.200 euros el servicio de vigilancia de sus instalaciones, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fuentes de Serramar adelantaron a El Faro que la empresa de vigilancia optará a este concurso público
Llama la atención, el hecho de que para concursar, la empresa, que sigue debiendo nóminas al resto de trabajadores que tiene contratados en la ciudad, deberá presentar un aval del 5% del montante total del contrato. Además Serramar, en caso de adjudicarse el concurso, deberá correr con los gastos de publicidad.
La Casa del Mar
Serramar también aspira a conseguir el contrato del servicio de vigilancia de las oficinas de Tráfico en la ciudad (Andalucía y Ceuta). Sin embargo, asegura que no se ha presentado al concurso para renovar la adjudicación del servicio de vigilancia de La Casa del Mar porque el contrato no le parece rentable
De hecho, la Plataforma de Contratación del Estado publicó el pasado miércoles el anuncio de adjudicación de este servicio a la empresa Protección y Seguridad Técnica S.A. (Prosetecnisa) por 153.270 euros, aunque salió a concurso por 198.681 euros.
Prosetecnisa tendrá que encargarse de la vigilancia de La Casa del Mar de Melilla durante los próximos doce meses.
Para adjudicar este servicio, la Administración del Estado tuvo en cuenta no sólo que la oferta económica fuera la más ventajosa para las arcas públicas sino también las horas de servicio ofertadas de forma gratuita para atender necesidades puntuales que pudieran surgir a lo largo de la ejecución del contrato.
Un vigilante resulta herido al evitar que un paciente agrediera a una médica
Las Palmas de Gran Canaria, EFE Un vigilante de seguridad resultó herido leve al evitar que un paciente agrediera ayer a una médica en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, según han informado hoy fuentes de su gabinete de prensa.
El vigilante de seguridad, que sufrió heridas superficiales, fue atendido en el momento en el centro hospitalario y se encuentra bien, han añadido las fuentes del gabinete, que han precisado que la facultativo no llegó a ser agredida gracias a la actuación del agente.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer, cuando el paciente iba a ser atendido por la médica.
20 de diciembre de 2013
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA “Es como si ponemos a un ATS a operar”
Max Weber, uno de los padres de la sociología, definía el Estado como “aquella comunidad que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí de forma exitosa el monopolio de la violencia física legítima”. Continuaba el teórico: “A todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia”.
La nueva Ley de Seguridad Privada aprobada en el Parlamento, con los votos a favor de PP, PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, será llevada al Senado próximamente y puede entrar en vigor el próximo mes de marzo. En ella se definen las nuevas funciones que podrán desempeñar los vigilantes de seguridad, tales como patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podía ejercer la policía. Esto incluiría la posibilidad de realizar identificaciones, registros e incluso detenciones. Actualmente la ley sólo permite que los vigilantes actúen en el interior de instalaciones; con la reforma propuesta podrían intervenir en zonas comerciales como la madrileña Puerta del Sol o Las Ramblas de Barcelona.
Otra de las nuevas funciones que podrán realizar los guardias de seguridad es la vigilancia exterior de los centros penitenciarios, una tarea que hasta ahora era desarrollada por Policía Nacional y Guardia Civil. Desde mayo se puso en marcha un proyecto piloto en 21 de las 68 cárceles con las que cuenta el Estado español, idea impulsada desde la Secretaría de Estado de Seguridad para dar solución a los miles de escoltas que perdieron su trabajo tras el anuncio del cese de la violencia por parte de ETA.
Reacciones
Las críticas han llegado desde los organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía, que declaraba a través de un comunicado que, en su opinión, estamos ante una “privatización encubierta” de la seguridad ciudadana. Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, declaraba que “es como si ponemos a un ATS a operar”. No obstante, cabe recordar que aunque, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, cualquier ciudadano puede realizar una detención si es testigo de un delito, en cualquier caso este acto sería una detención física, no una detención jurídica por la cual una persona sería privada de su libertad.
Empresas beneficiadas
Parece evidente que las agencias de seguridad privada serán las grandes beneficiadas por esta nueva ley, al ver incrementada su “oferta”. Una de las empresas más importantes de este sector en la Comunidad Valenciana es Levantina de Seguridad, creada en 1980 porJosé Luis Roberto, líder de la formación ultraderechista España 2000. Roberto dio trabajo a militantes de dicha organización en su empresa, que recibió contratos millonarios del Gobierno autonómico del PP valenciano para la vigilancia de edificios públicos.
En 1976 nace la que es hoy la mayor empresa de seguridad española, Prosegur S. A., fundada por Heberto Gut Beltramo, un empresario argentino cuyo proyecto empresarial en el Estado español fue apoyado por importantes sectores del Franquismo, como Gabriel Arias Salgado, ministro franquista. El hijo de éste, Rafael Arias Salgado –ministro de Fomento durante el primer Gobierno del PP–, llegaría a ser presidente de Prosegur entre 1983 y 1985. En 1979, Prosegur se hace con la empresa argentina SASS, del exministro argentino y fundador de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) José López Rega.Desde los años 90 Prosegur comenzó a instalarse en varios países de Latinoamérica como una empresa puntera y rápidamente firmó contratos multimillonarios para renovar las infraestructuras de las policías nacionales, lo que dio lugar a otro episodio de privatización encubierta.
19 de diciembre de 2013
La Asociación de Seguridad Privada de Melilla denuncia las persecuciones en redes sociales contra los Vigilantes que cubren servicio para la empresa Eulen
Este tipo de denuncia ha provocado tal situación de agobio en algunos de los compañeros que aseguran sentirse como delincuentes por el simple hecho de llevar el emblema de Eulen
Luís Hidalgo: La Asociación de Seguridad Privada de Melilla denuncia la creciente persecución que existe hacia el sector desde las redes sociales y en particular a los Vigilantes de Seguridad que cubren servicio para la empresa Eulen, desde dicha Asociación se ha podido constatar una “persecución” hacia la empresa, con o sin razón, y donde una de las formas de atacarla es precisamente poniendo en entredicho la profesionalidad de los Vigilantes en cuestión, lo que conlleva, tras estas denuncias “gratuitas”, a la inquietud constante de los empleados.
Siempre al eslabón más débil ante posibles acusaciones
Desde entidad piden encarecidamente a aquellos que, gratuitamente culpan siempre al eslabón más débil, que es el vigilante, que antes de verter opinión alguna reflexionen sobre las consecuencias que le acarrea al propio Vigilante su denuncia y apunte un poco más arriba al por qué de dicha situación, ya que los Vigilantes de Seguridad Privada son además de profesionales, personas normales y corrientes en su ámbito privado, y este tipo de denuncia ha provocado tal situación de agobio en algunos de los compañeros que aseguran sentirse como delincuentes por el simple hecho de llevar el emblema de Eulen.
El colectivo de Vigilantes intenta hacer su trabajo lo mejor posible dentro de sus posibilidades
Hay recintos que son demasiado grandes para cubrir la vigilancia completa, pero el cliente estima que con lo que hay es suficiente y los Vigilantes sólo pueden atenerse a las consecuencias dentro de la estricta labor de su trabajo, haciendo constar que su labor ya está sometida a inspecciones de la misma empresa, de Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que si hubiera queja alguna sobre alguna acción, se realice por los cauces correctos, que no son otros que los de exponer una queja a los superiores con las pruebas pertinentes y no la de denunciar alegremente en las redes sociales con la indefensión que ello conlleva por parte del “denunciado”.
Llamamiento a la ciudadanía
Queremos hacer un llamamiento a los ciudadanos para que tomen conciencia y no confundan la profesión ni a las empresas con la política de gobierno, que sabemos que todo viene generado por las circunstancias actuales y quiere romper una lanza a favor de Eulen, una empresa a nivel internacional y contratada por la Ciudad Autónoma de Melilla, de la que podemos afirmar que actualmente no ha dejado de pagar cada mes a sus trabajadores, tanto sus salarios como sus pagas extras rigurosamente, y esto ya es un logro hoy en día, y más en una empresa privada, finaliza su escrito remitido.
La Policía presenta dos proyectos contra las falsas alarmas
La Policía Nacional ha organizado una jornada a la que ha invitado a cerca de 150 representantes de empresas de seguridad privada y de gestión de alarmas, para lograr una mejor coordinación y una respuesta más eficaz.
Durante la jornada, se han presentado los proyectos PROCEDA y PRISA, como parte del plan Policía 3.0 para la reducción de las falsas alarmas y de las intervenciones innecesaria. ElPROCEDA consiste en la implantación de una aplicación informática con la que poder comunicar electrónicamente las alarmas reales desde la central que las recibe hasta la sala del 091 de laPolicía; PRISA, por su parte, establece una serie de normas de actuación para las patrullas ante una alarma.
El problema de las falsas alarmas ya va por el buen camino pues, según el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en los últimos ocho años se ha pasado de sufrir 240.000 alertas falsas a sólo 20.600 -un 90 % menos-. Cosidó opina que seguir por esta senda pasa por implantar cada vez más sistemas inteligentes para verificar la veracidad de las alertas.
Seguridad privada para los centros penitenciarios
El fin de la actividad armada de ETA en 2011 con su comunicado y la crisis económica que estamos pasando desde hace ya unos años ha hecho que desciendan el número de personal privado destinado a labores de escolta, por lo que ante esto, el Ministerio del Interior ha decidido crear una “experiencia piloto” impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad, que servirá para evaluar la validez de sus servicios de vigilancia en el perímetro de los centros penitenciarios.
Una posibilidad que empezó a hacerse realidad en abril de este año 2013, y que durará 9 meses, para la gran mayoría de las prisiones se han designado dos puestos que han de ser cubiertos todos los días de la semana durante las 24 horas.
Los centros penitenciarios se convertirán en 2014 en un nuevo ámbito de actuación para la Seguridad Privada. Varias empresas del sector han participado en este iniciativa y del resultado dependerá que se extienda esta práctica al resto de presidios de España.
Los vigilantes de seguridad privada están situados en el perímetro, donde realizan labores complementarias a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía, realizando tareas específicas como el control de las puertas (accesos, intrusiones), vigilar desde puestos fijos y garitas observando el entorno y operar los sistemas del circuito cerrado de televisión a través de los monitores.
Una remodelación sin precedentes que lleva servida en la mesa desde mediados de este año, la intención del Gobierno es comprobar si funciona el cambio y si los nuevos trabajadores son capaces de desempeñar estas tareas que no son cualificadas. De ser así, el Ejecutivo se plantea, a largo plazo, liberar a uniformados de sus tareas en las cárceles.
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