La asociación Aproser asegura que la normativa no autoriza a realizar arrestos arbitrarios, cacheos o interrogatorios
Los cerca de 2.000 vigilantes de seguridad que prestan servicio actualmente en la provincia de Alicante podrán realizar detenciones de delincuentes en el lugar donde desempeñen su trabajo. Así se contempla en el proyecto de ley de seguridad privada que ya ha sido aprobado en el Congreso y está pendiente de votarse en el Senado. Esta nueva legislación ha causado polémica y rechazo entre los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero más que por la autorización a hacer detenciones por considerar que supone un paso del Gobierno hacia la privatización de la seguridad pública. Por su parte, la patronal mayoritaria de la seguridad privada, Aproser, se defiende de las críticas y asegura que la ley no autorizará a los vigilantes a practicar detenciones arbitrarias, cacheos o interrogatorios.
Mientras que la norma actual habla de que los vigilantes podrán identificar y poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los delincuentes, el proyecto de ley ya recoge la palabra «detener» y la posibilidad de denunciar a los infractores en materia de infracciones administrativas.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que representa a las empresas que prestan el 70% de los servicios de seguridad privada en España, señala sobre la facultad de los vigilantes para detener a delincuentes que se contempla esa posibilidad, pero «en relación con el objeto de su protección o de su actuación». Según Aproser, la ley no hace sino «reproducir la facultad que los vigilantes de seguridad ya disponían en la normativa actual en relación con las distintas funciones que estaban autorizados a realizar en la vía pública». La normativa, añade Aproser, ya faculta a cualquier ciudadano a realizar una detención en caso de flagrante delito y la nueva ley «no prevé en modo alguno que un vigilante de seguridad se vaya a dedicar a solicitar la documentación aleatoriamente a los ciudadanos que transitan pacíficamente por las calles».
Otro aspecto que genera controversia es la posibilidad de que los vigilantes de seguridad presten servicio en zonas comerciales peatonales o en otros espacios públicos, aunque siempre deberán contar con una autorización expresa y actuar en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta posibilidad, según Aproser, supone incorporar «las prácticas exitosas y en beneficio de la seguridad de los ciudadanos que se vienen desempeñando con plena normalidad en otros países»
Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la posibilidad de que puedan patrullar los vigilantes viene recogida de forma «difusa, ambigua y abierta a diferentes interpretaciones», afirma el secretario provincial del SUP, Miguel Ángel Rojas. Precisa además que no quedan claros los ámbitos y zonas de su posible actuación de patrullaje y pueden entrar en «colisión con la seguridad pública».
El SUP reclama que se siga apostado por «una fuerte seguridad pública» y rechaza que la solución pase por que empresas privadas asuman estas competencias. Según Rojas, la seguridad privada hace una importante labor con empresas y particulares, pero «no puede suponer una injerencia en las labores de la seguridad estatal».
La Confederación Española de Policía (CEP) entiende que la autorización para vigilar y proteger lugares públicos «supone, en cierta forma, una privatización de la seguridad que debe ofrecer el Estado». A la CEP, que entiende que la atribución de hacer detenciones ya estaba amparada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para cualquier ciudadano en caso de delito flagrante, también le causa recelo que los vigilantes puedan imponer denuncias en el ámbito administrativo.
Este sindicato considera que la potenciación de los servicios privados de seguridad no debería hacerse si la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia civil, «fuese de entidad suficiente y no testimonial» como en los últimos años. La CEP defiende que los policías son funcionarios y «el compromiso es con la sociedad y no con una empresa», además de advertir de que cuentan con una formación «mucho mejor».
La protección jurídica como si fueran agentes de la autoridad en caso de agresiones y desobediencias, cuando actúen en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no queda bien explicada en la nueva ley, en opinión de la Asociación Nueva Coproper (ANC) de guardias civiles. ANC se pregunta qué ocurrirá si la agresión es del personal de seguridad privada hacia el ciudadano, quien «carece del agravante de responsable público que si se aplica al agente de la autoridad».
Nueva Coproper y el SUP también muestran su preocupación por el acceso a bases de de datos policiales por parte de empresas cuyo fin primordial es «obtener beneficios económicos».
Aproser publicará en breve un informe sobre el ejercicio 2012, en el que la Comunidad Valenciana aparece con 136 empresas de seguridad, 4.752 empleados y 190 millones de euros de facturación. Los resultados globales en España reflejan un descenso del 6,87% en la facturación total. El Gobierno ha anunciado que con la nueva ley se pretende consolidar un sector en crecimiento y que la seguridad pública se verá beneficiada, algo que no comparten los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil.
