He de reconocer que la modificación de la Ley de Seguridad Privada que el Partido Popular ha aprobado en estos días es una chapuza que obedece más a los intereses de la patronal del sector que a la necesaria regulación del mismo. Quienes pertenecemos al sector de la seguridad privada desde hace mucho tiempo, sabemos del interés de las empresas del sector en invadir competencias de la seguridad pública y de esa manera incrementar la facturación y beneficios.
La atribución de carácter de agente de la autoridad, la capacidad de poder realizar controles en la calle y la realización de servicios en la misma, han sido objetivos claros desde los años ochenta por parte de las empresas de seguridad. En el gobierno actual, del Partido Popular más represivo que nunca, y en la situación de crisis en la que se encuentra nuestro país, han encontrado su oportunidad las empresas del sector para este cambio, y ello, a costa del riesgo que supone para las libertades civiles y la invasión de competencias en el terreno de la seguridad pública.
Han logrado una Ley que no soluciona los verdaderos problemas del sector, el principal y más importante, sería el de dar mayor protección jurídica al vigilante de seguridad en el ejercicio de sus funciones, el intrusismo, la mejora en el control de la formación, el exceso de horas de servicio, la competencia desleal, las infracciones continuas de las empresas, el incumplimiento del convenio colectivo o su desvinculación por la parte empresarial, los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo, el derecho de huelga de los trabajadores, etc; y sí amplía su campo de negocio.
La Ley que se está tramitando rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues es a partir de ahora cuando sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato. Pero estos cambios obedecen por un lado a una política privatizadora del PP y por otro a los intereses económicos de las empresas de seguridad privada, y es necesario resaltar que no revertirá en mejorar las condiciones de los trabajadores que prestan los servicios de vigilancia.
En estos días se están vertiendo descalificaciones en distintos medios de comunicación, no a las empresas sino a sus trabajadores, denigrándolos con ello. Estas críticas en muchas ocasiones se hacen desde un total desconocimiento de las funciones que un vigilante de seguridad tiene encomendadas, y que contribuyen a una activa colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Parece que nadie se acuerda, no le ha ocurrido nunca, o ha conocido, que cuando le han robado, un vigilante de seguridad logró recuperar lo sustraído, o que cuando tuvo riesgo para su integridad física, o cuando su hijo se perdió, o cuando se ha encontrado atrapado, o cuando se ha herido, un vigilante de seguridad le ayudó, y así muchos más casos en los que un vigilante de seguridad estuvo allí, incluso arriesgando su vida, cuando realizaba su servicio. Como una cosa no quita la otra, según el dicho, pido respeto para un colectivo ya de por sí maltratado.
Como profesional de la seguridad privada quisiera dejar claro que no debemos permitir esta aberración de asimilar a los vigilantes privados con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, pues no lo son y es más, en muchos casos no tienen la formación necesaria para desarrollar las nuevas funciones que tanto el PP como las empresas del sector están defendiendo, pero cosa muy distinta es que se les convierta en los culpables de esa privatización. Los vigilantes privados deben seguir colaborando pero nunca asumir unas funciones que tienen asignadas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
