El ministro de Interior, Fernández Díaz, afirma que el anteproyecto es sólo una actualización de la legislación vigente desde 1992, que ya regulaba la actuación de la seguridad privada en nuestro país, y que existe un espacio para que los agentes públicos y privados se complementen
Esta reforma ha suscitado desconfianzas de todo tipo entre el tejido social, que teme que ahora los vigilantes privados se tomen atribuciones que les corresponden únicamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El ministro Díaz, que ha compadecido esta mañana ante los medios de comunicación, se mantiene tajante en que eso no va a suceder y que “la seguridad privada estará subordinada en todo momento a la pública, implementando sólo acciones que la complementen”.
Los límites de esas acciones son los que, precisamente, arrojan dudas sobre cómo, cuándo y dónde tiene un guardia jurado la autoridad de detenernos o cachearnos. Jorge Fernández Díaz ha salido del paso argumentando que ya se opera así en eventos, como por ejemplo, los deportivos; y que no es justo que “tengan más protección las personas que acuden a un partido de fútbol que aquellas que compran o pasean por una calle peatonal”.
A pesar de que ya se han programado manifestaciones ciudadanas en Madrid en contra de la norma, desde Interior no tienen ninguna intención de parar el anteproyecto de ley, y aseguran que “sólo hemos dado cobertura de legalidad a lo que era una realidad, ya que, desde el año 92, cualquier ciudadano tiene la obligación de detener a otro individuo al que vea cometer un delito”.
“ETA ya no mata porque ha sido derrotada”
El ministro, que ha dedicado buena parte de su comparecencia a exponer la situación actual de ETA, ha sentenciado que la banda terrorista está definitivamente derrotada y que espera que “entregue las armas y anuncie su disolución sin escenificaciones teatrales, aunque de no hacerlo pasará igual que con el Grapo y el conflicto se dará por concluido”.
Desde el 30 de julio de 2009, fecha en la cual se produjo el último atentado –que se llevó por delante la vida de dos guardias civiles- las líneas de actuación policial ha ido encaminadas a desarticular por completo el aparato logístico del grupo armado. El ministro, que agradecía la cooperación internacional de países como Francia, asegura que “ETA ya no es una amenaza activa por primera vez en muchos años, y no les vamos a dar las gracias por dejar de matar”. Ha recalcado también que tendrán que pedir perdón a las familias de las víctimas si pretenden integrarse en la sociedad, porque “los marcadores no están a cero”.
Reconciliación mediática con las familias de las víctimas
En la comparecencia de Jorge Fernández Díaz también han estado presentes los representantes de las Asociaciones del Víctimas del Terrorismo, con quienes el ministro se ha alineado para describir su consternación por la anulación de la doctrina Parot. “Para nadie bien nacido es plato de gusto ver salir de la cárcel a los responsables de crímenes atroces, pero la grandeza del Estado de Derecho es que aplicamos las leyes que nos gustan y las que no nos gustan”, dijo.
Desde que se dictó sentencia, 58 terroristas han sido puestos en libertad y quedan, al menos, otros dos por salir a la calle. “Los terroristas excarcelados que no hayan pagado sus correspondientes multas no podrán percibir ningún tipo de ayuda social”, apuntillaba el responsable de Interior ante los representantes de las víctimas.
