Antonio Papell El partido del Gobierno, apoyado en este caso por PNV y CiU „no deja de ser curioso que CiU apoye al PP en determinadas cuestiones con la que está cayendo„, ha sacado adelante en la Comisión de interior del Congreso la reforma de la ley de Seguridad Privada, que regía desde su promulgación en 1992. Ahora el proyecto de ley pasará al Senado.
La ley vigente de Seguridad Privada de 1992 considera que los agentes privados de seguridad desempeñan un papel subsidiario en relación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y por lo mismo tan sólo les permite actuar en el interior de instalaciones y edificios, polígonos industriales y urbanizaciones de acceso restringido. La nueva norma, en cambio, abre la puerta a que los vigilantes puedan patrullar en zonas comerciales peatonales, en polígonos industriales y urbanizaciones y en sus vías de uso común, así como asumir la seguridad integral en espectáculos deportivos o culturales. Además, PP y CiU han decidido permitir mediante una enmienda la "vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos en este artículo" siempre que las empresas de seguridad consigan una "autorización previa por parte del órgano competente en cada caso". Dicho de otra forma, los agentes de seguridad privada podrán ejercer como policía ordinaria siempre que la autoridad del rango que proceda decida autorizárselo.
Para desempañar esta labor, los agentes privados quedarán autorizados a identificar y registrar a sospechosos, y, al contrario de lo que dispone la ley todavía vigente, que les impide interrogarlos y les obliga a entregarlos con urgencia a las fuerzas de seguridad, en el futuro podrán "detener" a los presuntos delincuentes y "averiguar, comprobar o anotar sus datos personales para su comunicación a las autoridades".
La ley, en su fase actual de redacción, permite además a los vigilantes de seguridad privada ejercer ciertas labores hasta ahora reservadas a las fuerzas de seguridad del Estado, como prestar "servicios de vigilancia perimetral en centros penitenciarios y centros de detención de extranjeros", "vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos públicos" y "participación en la prestación de servicios encomendados la seguridad pública, complementando la acción policial".
Lo realmente preocupante de la norma en ciernes „que introduce una reforma a juicio del PP poco relevante ya que muchos de estos cometidos ya se venían realizando gracias a una interpretación más amplia de la ley vigente„ es la filosofía que rezuma de ella, y que abdica del principio constitucional de reservar al Estado el monopolio de la fuerza. Si prospera la nueva ley, la seguridad podrá quedar en manos de empresas privadas siempre que lo decida la autoridad competente, que podrá guiarse por criterios simplemente económicos.
Y en este mismo sentido, la seguridad objetiva y subjetiva de las personas podrá empezar a depender también de su estatus económico: quien pueda pagarla, podrá beneficiarse de una seguridad privada por completo equiparable a la pública, que sólo será policía integral para los ciudadanos que no puedan permitirse este lujo.
No sólo estamos ante un dilema ideológico, puesto que la norma tiene buen cuidado en remarcar la primacía de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre los actores de la seguridad privada; el problema de fondo consiste en llevar las reglas de mercado hasta ámbitos impropios. El Estado debe conservar ese monopolio tranquilizador de la fuerza por muchas razones, y entre ellas para que la inseguridad no sea también motivo de desigualdad.
