A principios de año, los responsables del Ministerio de Empleo propusieron a los sindicatos dar una solución al atasco de expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es el organismo encargado de abonar a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.
El pasado año, el Fogasa abonó estas prestaciones a 254.931 trabajadores pertenecientes a 84.257 empresas afectadas de una u otra forma por impagos a sus empleados, por valor de 1.530 millones de euros. En concreto, se reconocieron 568 millones a trabajadores afectados por insolvencia en sus empresas, 647 millones a empleados en empresas en concurso y otros 314 millones al pago directo de 8 días de indemnización por despido a pymes de menos de 25 trabajadores.
Si bien ya el pasado año cerró con alrededor de 130.000 expedientes sin solventar y cuya tramitación estaba atascada, esta cantidad ha aumentado hasta los 181.000, según los datos oficiales facilitados a los sindicatos. Así, al menos un número similar a este de prestaciones sigue sin cobrarse por parte de otros tantos trabajadores (algunas empresas en concurso abren un solo expediente que afecta a varios trabajadores y en otras ocasiones un mismo trabajador tiene más de un expediente, por salarios y por indemnización). Las prestaciones del Fogasa tardan en cobrarse algo más de seis meses de media, pero en las provincias que acumulan la inmensa mayoría del gasto (Valencia, Madrid y Barcelona) estos plazos superan el año de media.
Por ello, Empleo propuso a los sindicatos a principios de año un plan –que denominó Greta– para privatizar temporalmente la gestión de estos expedientes atrasados. Finalmente, ante las quejas sindicales que planteaban que la solución era reforzar la plantilla, Empleo optó por una vía intermedia: hacer una encomienda de gestión en lugar de un concurso público abierto a empresas privadas y entregarle la gestión de los expedientes atascados a la empresa pública Tragsatec, filial de Tragsa.
Hasta ahora, las cifras facilitadas por los sindicatos indican que el Fogasa ya ha trasladado 150.000 expedientes a los trabajadores de Tragsatec. Pero “dada la inexperiencia de estos empleados en la tramitación de este tipo de solicitudes, a pesar de que empezaron sus trabajos en septiembre pasado, se calcula que, como pronto, los trabajadores afectados empezarán a cobrar a partir del 15 de enero”, aseguran fuentes sindicales. Estas mismas fuentes denuncian que además de los expedientes que restan hasta los 181.000 que reconoce Empleo, “hay una bolsa de volumen desconocido de expedientes atrasados que aún no se ha digitalizado, por algún tipo de orden del ministerio, y que podría elevar sustancialmente la cantidad de trabajadores afectados.”
Sin embargo, en Empleo niegan esta circunstancia. Aseguran que “la gestión de Tragsatec está funcionando bien” y recuerdan que esta encomienda de gestión “será temporal”, por lo que desaparecerá cuando terminen de gestionar los casos atrasados, algo que calculan podría suceder a finales de 2014.
La retirada de ayudas al despido es irreversible
La pasada semana el PP introdujo en el Senado una enmienda a los Presupuestos Generales de 2014 por la que eliminó la financiación a cargo del Fogasa de 8 días de la indemnización por despido objetivo en las pymes, que solo debían costear los 12 días restantes que establece la ley para estos casos.
Esto fue duramente criticado por Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) de la patronal CEOE y también por los sindicatos. Las centrales sindicales consideran que el Gobierno, con esta decisión, encarece el despido en las pymes y, por tanto, dificulta las negociaciones en los procesos de ajuste y puede frenar las contrataciones.
Con esta medida el Ejecutivo se ahorrará poco más de 300 millones de euros en 2014. Los agentes sociales aseguran que la decisión de tomar esta medida obedece exclusivamente a su contribución a reducir el déficit público.
Sin embargo, desde Empleo niegan este punto e indican que la retirada de esta financiación de parte de los despidos objetivos en las pymes se debe a que “había llegado el momento de dejar de subvencionar los despidos”. Según sus argumentos, no es compatible establecer una serie de incentivos destinados exclusivamente a la contratación por parte de las pymes y a la vez estimular sus despidos. Por ello aseguran que esta decisión es irreversible de cara a próximos ejercicios.
En cualquier caso, el ahorro que supondrá esta medida se sumará al freno del gasto del Fogasa que en los primeros nueve meses del año se ha recortado un 19% en comparación con el mismo periodo de 2012. El Fogasa tenía cuando arrancó la crisis en 2008 un remanente de unos 5.000 millones, del que al terminar 2013 le quedarán solo 1.100 millones, lo que “da cierta tranquilidad” a los responsables de este fondo.
