Los cuerpos de seguridad del Estado se oponen a la nueva Ley de Seguridad Privada que actualmente se tramita en el Parlamento. El texto del proyecto ha incluido una enmienda, a su paso por el Congreso de los Diputados, que permitiría a los vigilantes de empresas privadas de seguridad identificar y detener a ciudadanos en la vía pública. Los sindicatos de Policía y Guardia Civil creen que esto invade sus competencias y supone un "intento velado" de privatización.
"Los compañeros de seguridad privada están muy bien preparados para una serie de funciones que están delimitadas y esas son de las que se tienen que ocupar; no se puede mezclar churras con merinas porque si no, no va a haber más que problemas", ha señalado el secretario general de la Confederación Española de Policía en Aragón, César Lambea.
"Lo que debe hacer el Gobierno en lugar de inventarse apaños y ñapas es incrementar el número de funcionarios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las calles, en vez de limitarlo cada vez más", ha añadido.
Su opinión es compartida por el responsable de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Aragón, Juan José García Calvo: "Es una clara intrusión a la seguridad de España, y ante un modelo policial que hace agua por todos lados y ante unas plantillas deficitarias, el Gobierno intenta compensar el número de efectivos con la creación de policías a tiempo parcial".
Según García Calvo, la reforma es una respuesta a los "continuos brotes de la gente que levanta la voz en nuestros pueblos y campos, de los agricultores que patrullan sus propios campos y sus propias casas asumiendo un rol que no les corresponde". "El Gobierno quiere evitar que esto pase y con esta nueva ley, hará que los ayuntamientos o los comercios puedan contratar agentes de la autoridad. Aquel que se lo pueda costear contratará a pseudopolicías", indica.
Desde la asociación de empresas privadas de seguridad, Aproser, creen que es una ley positiva para la ciudadanía y aseguran que sus profesionales están plenamente capacitados para ejercer las funciones que les otorgaría la nueva ley. Los propios trabajadores de estas empresas, sin embargo, creen que la reforma no les beneficiará. Desde UGT recalcan que en dos años se han perdido 600 empleos en este sector en Aragón y aseguran que la nueva ley no va a servir para recuperarlos.
