La Izquierda Plural denuncia en el Congreso que el proyecto de ley de Seguridad Privada remitido al Senado "cercena el derecho de huelga" en los conflictos laborales donde este personal de seguridad "se vea obligado a actuar". El texto también les da potestad para intervenir en catástrofes naturales, ámbito que compete ahora a Protección Civil y la UME.
Después de la polémica generada con la reciente aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Seguridad Ciudadana, el Ejecutivo perfila el articulado de otro proyecto de ley, el deSeguridad Privada, que también cuenta con el rechazo de la izquierda parlamentaria. Si bien la oposición ha centrado sus ataques a la norma en que permite a los vigilantes privados“detener, cachear e identificar” a los ciudadanos en “espacios públicos”, en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, hay otros aspectos de la futura normativa que también han recibido duras críticas. Es el caso de las dudas sobre el ejercicio de derecho de huelga por parte de este colectivo.
Así, lo denuncia la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), que considera que “el propio derecho de huelga de estos agentes se ve cercenado en el proyecto de ley”. Dicho texto, añade IU, "también cercena el derecho de huelga de otros sectores y otros colectivos con la actuación a la que pueden verse obligadosvigilantes de seguridad y trabajadores de seguridad privada ante conflictos laborales en otros sectores”.
El proyecto de ley debería limitar un porcentaje lícito de servicios mínimos, ya que el concepto “servicio esencial” es demasiado amplio y podría vetar el derecho a huelga
En concreto, el diputado de Izquierda Unida (IU)Sixto Iglesias defendió este martes una enmienda en este sentido en laComisión de Interior del Congreso, pero fue rechazada por el Partido Popular. El proyecto dice en su artículo 8.6 que “cuando el personal de seguridad privada desempeñe sus funciones en entidades públicas o privadas en las que se presten servicios que resulten o se declaren esenciales por la autoridad pública competente, o en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrá de atenerse, en el ejercicio del derecho de huelga, a lo que respecto de dichas entidades disponga la legislación vigente”.
Según Izquierda Unida, este precepto anula el derecho de huelga del vigilante, al que se le exige su asistencia al puesto de trabajo. Por ello, han pedido la supresión del supuesto “cuando el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente”.
“Aunque se contrate a la empresa (de seguridad) únicamente para realizar un servicio en un día de huelga, como el trabajador tiene el derecho a no proclamar la realización o no de la misma y la empresa tiene la potestad del reparto del trabajo, puede mandar a desempeñar este servicio, a un vigilante que ese día pretenda realizar la huelga, vetándole dicho derecho”, explican fuentes de IU. Asimismo, entienden que el proyecto debería limitar un porcentaje lícito de servicios mínimos, ya que el concepto “servicio esencial” es demasiado amplio, con lo que podría producirse otro veto a la huelga.
Las mismas fuentes apuntan que, con esta normativa, el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz está dando carta blanca a los vigilantes privados, contratados por las propias entidades en huelga, para actuar contra los piquetes. Esta tarea de disuasión de los piquetes es ahora competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero la irán asumiendo paulatinamente los vigilantes privados, vaticinan.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio instrucciones el mes pasado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para iniciar las negociaciones oportunas a fin de elaborar una ley de servicios mínimos que supla las carencias que presenta el real-decreto de Huelga vigente desde 1977. Carencias que fueron evidenciadas en los últimos paros registrados en Madrid respecto a la limpieza viaria de sus calles y la recogida de basuras.
Centros de formación profesional
Otra laguna importante del proyecto de ley de Seguridad Privada es, según la oposición, la falta de una regulación específica sobre la formación de estos vigilantes. El diputado socialista Antonio Trevín considera imprescindible que el Ministerio de Educación establezca el “itinerario curricular indispensable” para adquirir los conocimientos necesarios que permitan prestar tales servicios de vigilancia y seguridad privada. Los socialistas también reclaman que dichas enseñanzas se impartan en centros de formación profesional.
A su juicio, la propuesta del PP camina en sentido contrario, es decir, en “conceder todo el poder a las grandes empresas que en éste como en otros aspectos logran el cien por cien de sus pretensiones: formarán y seleccionarán a su libre albedrío”.
Por otro lado, el principal partido de la oposición también cuestiona que la futura normativa vaya más allá del ámbito de la seguridad. Trevín advierte de que el Gobierno permite la contratación de empresas privadas para “la prevención o reposición de catástrofes producidas por riesgos accidentales o derivados de la naturaleza”. Ello es competencia pública de Protección Civil, cuyo papel puede verse relegado así a un segundo plano, al igual que el apoyo que recibe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para este tipo de actuaciones.
El proyecto de ley fue aprobado este martes (CiU y PNV también lo respaldaron) en la Comisión de Interior, con competencia legislativa plena, y pasa ahora al Senado, donde podrá volver a incorporar enmiendas. Una vez concluya su tramitación parlamentaria, la norma puede entrar en vigor a principios del próximo año.
