Los vigilantes recuerdan que desde hace años vienen realizándose labores aún más peligrosas que las que ahora se debaten.
Defienden que los profesionales del sector reciben formación y pruebas periódicas que, si no superan, les impiden volver a ejercer.
Los vigilantes de seguridad privada se reivindican. Durante los últimos días, con motivo de la nueva ley que se está tramitando en el Congreso –que les concede más competencias en detrimento de Policía y Guardia Civil–, su figura ha sido objeto de burlas y desprecios por parte de algunos comentaristas mediáticos. Así al menos lo consideran los profesionales del sector, que para defenderse de estos ataques han emitido un comunicado en el que llaman la atención sobre el trabajo que ya vienen realizando los vigilantes desde hace años.
En concreto, la federación de seguridad privada recuerda que estos profesionales ya protegen a atuneros españoles que navegan en las aguas del océano índico con la constante amenaza de los piratas y lo hacen utilizando armamento de guerra. Los vigilantes, continúa el sindicato, ya tienen décadas sobre sus espaldas de trabajo como escoltas de personas amenazadas por el terrorismo o por la delincuencia organizada.
Asimismo, destaca que custodian desde hace años los centros de menores, los de inmigrantes ilegales, las centrales nucleares, entidades financieras, estaciones de energía, depósitos de explosivos, instalaciones militares, hospitales, campos de fútbol o el transporte de divisas.Sin embargo, valora el sindicato, ahora "parece que no valemos para patrullar una calle comercial". Desde la central, reclaman que los profesionales de la seguridad privada reciben formación de por vida y ejercicios de tiro periódicamente que, en caso de no superar, conllevan la retirada de la licencia de armas.
La nueva Ley de Seguridad Privada, que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados, permitirá que los vigilantes puedan vigilar y detener a personas en una calle comercial, como adelantó Seguridad y Tribunales el pasado abril, siempre bajo unas condiciones concretas. La normativa también dará amparo legal a una realidad que ya se viene realizado en la práctica desde hace meses: la vigilancia de los perímetros de las cárceles por parte de miembros de empresas de seguridad privada.
