No hay que buscar recovecos ni segundas intenciones en la futura ley de Seguridad Privada que ayer aprobó el Congreso con los votos del PP, CiU y PNV. Nadie podrá decir que en esta ocasión el Gobierno no ha hablado claro. ¿Qué pretende la futura ley de Seguridad Privada permitiendo que los vigilantes puedan identificar, cachear y detener a viandantes sospechosos de cometer un delito? Que las empresas incrementen su maltrecho negocio y que no se note la disminución de las plantillas policiales con la congelación de la oferta de empleo público. Dos pájaros abatidos por el certero disparo del ministro Jorge Fernández Díaz.
Lo explicaba con claridad meridiana el portavoz de los conservadores Francisco Márquez: en España hay 528 policías de cualquier tipo por cada 100.000 habitantes frente los 385 de media en la UE; por el contrario hay 195 vigilantes privados por 271 en el Unión. Urge equilibrar la balanza porque no están los tiempos para dispendios de dinero público. Quien quiera seguridad que se la pague, y ya de paso le hacemos un plan PIVE a las empresas con contratos de vigilancia del exterior de cárceles y ministerios.
La culpa de que el Gobierno se haya visto forzado a dar el estatus de autoridad pública a unos uniformados mal pagados y escasamente formados es de la crisis, sí, pero también de ETA, que siempre hace daño incluso cuando se dispone a disolverse. El final del terrorismo ha sido un golpe durísimo para estas empresas que, según denunciaba la Asociación de Profesionales de Seguridad, “se han lucrado a expensas del terror a través de trabajadores que constantemente han sido explotados y maltratados sin apenas derechos”. Acabado el negocio, sin tener en cuenta que “durante bastante más de 10 años han sido la última barrera entre la vida y la muerte para miles de personas”, les pusieron de patitas en la calle.
Siempre sensible, el Ejecutivo reabre de esta forma un nicho de oportunidades para estos y otros parados, aunque para ello se pisoteen derechos civiles y se liberalice un monopolio, el de la fuerza, que debería estar en manos el Estado. Pagando unos cientos de euros, basta con un curso presencial de tres meses, haber aprobado la ESO, no tener antecedentes penales ni ser manco para que cualquiera pueda convertirse en el nuevo policía barato que la sociedad española demanda con urgencia.
Los salarios para 2013 son tentadores. Un vigilante sin arma percibe 1.086 euros brutos, incluido el plus de uniforme. Con arma, el sueldo se dispara hasta los 1.206 euros igualmente brutos. A quienes trabajen en fin de semana o festivo se les recompensa con 0,86 euros adicionales por hora. Así de motivados no habrá delincuente que se les resista en sus rondas por las calles peatonales o polígonos industriales.
Para la nueva ley, al Gobierno no han debido de faltarle asesores, empezando por Mayor Oreja y su familia, que de empresas de seguridad privada siempre han sabido un rato. Que los malhechores se tienten la ropa porque a partir de ahora Prosegur vela por nosotros.
