La experiencia piloto para vigilar el perímetro de 21 prisiones muestra que el margen de las compañías es de 1.850 euros al mes por trabajador
El proyecto de ley de seguridad privada que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados, antes de su paso por el Senado, está suscitando no pocas controversias por la supuesta asunción de competencias públicas por manos privados, que presuntamente se va a producir en esta materia tan sensible. Algo que sólo podrá sustanciarse cuando, con el paso de los años, se haga la comparativa entre lo que ingresan ahora estas empresas privadas y lo que, tras la entrada en vigor de la nueva ley, puedan ingresar.
El Ejecutivo tiene claro, viendo los datos del resto de países de la Unión Europea, que aquí sobran policías y faltan vigilantes privados. En España hay 528 policías por cada 100.000 habitantes frente los 385 de media en la UE; mientras que tenemos 195 vigilantes privados por 271 en Europa. Hay margen para cambiar las tornas y se va a hacer.
Oposición y sindicatos
Desde la oposición y los sindicatos policiales no hay dudas, se trata de un paso más hacia la privatización de servicios públicos. Argumento que las empresas de seguridad tratan de menoscabar al asegurar que en ningún caso los vigilantes privados sustituirán a los agentes de la seguridad pública y que tampoco la futura ley solucionará los problemas del sector, que son similares a los de muchos otros en tiempos de crisis. Menos contratos que han reducido la facturación un 20% en los últimos cinco años, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública.
Cogiendo los datos de la facturación en España de Prosegur, la empresa puntera del sector, se puede comprobar cómo, de seguir la tendencia registrada hasta el tercer trimestre, cerrará el ejercicio 2013 con unas ventas inferiores a los 900 millones de euros, algo que no se producía desde 2007.
Papel preventivo
En la letra de la nueva ley, el Gobierno, a instancias de las empresas del sector, trata de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos del actual modelo español de seguridad privada. Apuesta por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.
La gran duda existente es saber cómo se hará compatible esa integración de funciones con la desregulación de aspectos accesorios que no tienen una directa relación con el servicio de seguridad, al tiempo que se moderniza su gestión y se potencia su colaboración con la seguridad pública. Algunos, como los cuerpos de policías locales, ya han mostrado sus recelos con la nueva ley porque creen que, a partir de ahora, los efectivos de seguridad privada podrían actuar en calles públicas por encima del mandato municipal.
Vigilar prisiones por 1.350 euros al mes
Mucho se está hablando de la cobertura de seguridad del perímetro de las prisiones con la entrada de la nueva ley, aunque la experiencia piloto que se lleva a cabo en 21 centros penitenciarios ya ha arrojado las primeras conclusiones.
Partiendo de los 7,39 millones de euros que abona el ministerio del Interior a las ocho empresas de seguridad por prestar el servicio durante nueve meses, un sindicato policial estima que con ese dinero las empresas pagan 1.350 euros al mes a cada uno de los 250 vigilantes, por lo que el margen para la empresa es de 1.850 euros al mes por trabajador.
De momento, los vigilantes en las cárceles son un complemento a la seguridad, pero está previsto que, cuando finalice la experiencia piloto, se queden definitivamente realizando esta labor.
