EL pasado día 10, se aprobó la Ley de Seguridad Privada. Con ello se demuestra el interés y la intención del presidente Rajoy y del Partido Popular de querer privatizar también la Seguridad Pública. Así lo han denunciado las asociaciones de Policía y Guardia Civil. El PSOE, por supuesto, votó en contra. El Partido Popular -que sostiene y saca adelante en el Parlamento las iniciativas del Gobierno de Rajoy- ha hecho dos cosas en el Congreso de los Diputados: Primero. Aprobar un cambio en la Ley de Seguridad Privada para que los vigilantes privados puedan hacer de policías sin serlo: cacheando y deteniendo a ciudadanos, en plena calle, fuera de los establecimientos que tienen contratados sus servicios (centros comerciales, empresas en polígonos industriales, etc.).
La absoluta coincidencia en los titulares de toda la prensa no deja lugar a dudas. Policías y Guardias Civiles coinciden en considerar esta medida una privatización de la seguridad pública. El Portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha dicho: "Es una mala Ley, lo que hace el Gobierno es apostar por la privada en detrimento de la seguridad pública." "Es poner la seguridad pública al servicio de la seguridad privada, que no deja de ser un negocio". El Portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a su vez, dijo: "Estamos asistiendo a la privatización de la seguridad pública. Estamos dando carácter de autoridad a personas que no la tienen, creando policías baratos".
Y segundo. Votar en contra de que se prohíba a las empresas hacer donaciones a los partidos políticos (iniciativa que había sido presentada por el PSOE).
El Partido Popular dijo que estaba de acuerdo con la medida, pero que la votaban en contra porque la van a presentar ellos con otras muchas, para combatir la corrupción. Lo curioso es que entre las propuestas contra la corrupción que el Gobierno ha trasladado ya a los Grupos Parlamentarios, la prohibición de donaciones a las empresas no figura por ningún lado. Es decir, por un lado, más negocio para la seguridad privada, mientras el Gobierno sigue sin reponer las plazas de los policías y guardias civiles que se jubilan, a costa de la pérdida de garantías de los derechos de los ciudadanos. Y, por otro, dejad que las empresas se sigan acercando a mí, que me ha ido muy bien en los últimos años.
La prensa nacional coincide: Interior cree que en España aún hay margen para más seguridad privada.
