Max Weber, uno de los padres de la sociología, definía el Estado como “aquella comunidad que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí de forma exitosa el monopolio de la violencia física legítima”. Continuaba el teórico: “A todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la violencia”.
La nueva Ley de Seguridad Privada aprobada en el Parlamento, con los votos a favor de PP, PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, será llevada al Senado próximamente y puede entrar en vigor el próximo mes de marzo. En ella se definen las nuevas funciones que podrán desempeñar los vigilantes de seguridad, tales como patrullar por las calles comerciales de las ciudades, una labor que hasta ahora sólo podía ejercer la policía. Esto incluiría la posibilidad de realizar identificaciones, registros e incluso detenciones. Actualmente la ley sólo permite que los vigilantes actúen en el interior de instalaciones; con la reforma propuesta podrían intervenir en zonas comerciales como la madrileña Puerta del Sol o Las Ramblas de Barcelona.
Otra de las nuevas funciones que podrán realizar los guardias de seguridad es la vigilancia exterior de los centros penitenciarios, una tarea que hasta ahora era desarrollada por Policía Nacional y Guardia Civil. Desde mayo se puso en marcha un proyecto piloto en 21 de las 68 cárceles con las que cuenta el Estado español, idea impulsada desde la Secretaría de Estado de Seguridad para dar solución a los miles de escoltas que perdieron su trabajo tras el anuncio del cese de la violencia por parte de ETA.
Reacciones
Las críticas han llegado desde los organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía, que declaraba a través de un comunicado que, en su opinión, estamos ante una “privatización encubierta” de la seguridad ciudadana. Alberto Moya, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, declaraba que “es como si ponemos a un ATS a operar”. No obstante, cabe recordar que aunque, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente, cualquier ciudadano puede realizar una detención si es testigo de un delito, en cualquier caso este acto sería una detención física, no una detención jurídica por la cual una persona sería privada de su libertad.
Empresas beneficiadas
Parece evidente que las agencias de seguridad privada serán las grandes beneficiadas por esta nueva ley, al ver incrementada su “oferta”. Una de las empresas más importantes de este sector en la Comunidad Valenciana es Levantina de Seguridad, creada en 1980 porJosé Luis Roberto, líder de la formación ultraderechista España 2000. Roberto dio trabajo a militantes de dicha organización en su empresa, que recibió contratos millonarios del Gobierno autonómico del PP valenciano para la vigilancia de edificios públicos.
En 1976 nace la que es hoy la mayor empresa de seguridad española, Prosegur S. A., fundada por Heberto Gut Beltramo, un empresario argentino cuyo proyecto empresarial en el Estado español fue apoyado por importantes sectores del Franquismo, como Gabriel Arias Salgado, ministro franquista. El hijo de éste, Rafael Arias Salgado –ministro de Fomento durante el primer Gobierno del PP–, llegaría a ser presidente de Prosegur entre 1983 y 1985. En 1979, Prosegur se hace con la empresa argentina SASS, del exministro argentino y fundador de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) José López Rega.Desde los años 90 Prosegur comenzó a instalarse en varios países de Latinoamérica como una empresa puntera y rápidamente firmó contratos multimillonarios para renovar las infraestructuras de las policías nacionales, lo que dio lugar a otro episodio de privatización encubierta.
