Partidos y sindicatos critican la nueva ley que permitirá a los guardas patrullar por zonas comerciales peatonales y la protección perimetral de las prisiones
Mezclados entre el gentío, dos vigilantes privados, recorren la calle de Preciados y los alrededores de la Puerta del Sol. Ojo avizor, atentos a todo lo que se mueve a su alrededor, los uniformados ven cómo un joven huye tras pegar un tirón del bolso de una mujer. Uno de los vigilantes echa a correr y atrapa al ladrón en unos pocos segundos. Es una escena que ahora mismo ya se puede producir, aunque sin respaldo legal. Lo tendrá cuando el Parlamento apruebe la Ley de Seguridad Privada, que amplía el radio de acción de los vigilantes a las zonas comerciales peatonales.
Esta innovación, junto con otras que facultarán a los vigilantes a actuar “en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma” ha causado cierta controversia tanto entre los partidos políticos como entre la ciudadanía. Las críticas, sobre todo, se centran en la posibilidad de que eso suponga una dejación de las funciones del Estado y profundice en la dualidad de seguridad ciudadana: por un lado, la que se paguen los ciudadanos o las empresas; por otra, la que ejerce el Ministerio del Interior a través de la policía y la Guardia Civil.
“El Gobierno ha convertido la seguridad en una oportunidad de negocio. El PP ha dado un brusco giro hacia la privatización de la seguridad”, se queja el diputado socialista Antonio Trevín. “La nueva ley pasa de contemplar la seguridad privada como subordinada a los cuerpos de seguridad a considerarla complementaria, planteando su relación con la pública en un plano de cooperación y corresponsabilidad”, añade. Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Plural, opina también que la norma oculta “una tendencia clarísima a la privatización de la seguridad”.
“La implantación de vigilantes privados en zonas comerciales es novedoso. Nos hemos inspirado en el modelo que existe en barrios similares en las ciudades suecas de Malmö y Gotemburgo”, explica Eduardo Cobas, secretario general de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER). “Ahora se podrá patrullar, por ejemplo, por la calles de Preciados o Carmen y hacerlo de forma permanente”, añade Cobas, quien admite que este tipo de servicios ya se presta hoy, haciendo una interpretación extensiva de la vigente ley, para vigilar en espacios abiertos como procesiones religiosas o zonas playeras.
Fuentes de Interior admiten que “el patrullaje por vigilantes privados de zonas comerciales peatonales ya se viene haciendo desde hace tiempo, aunque sin respaldo legal, y no ha planteado problemas”. La ley en ciernes “abre nuevos espacios a la seguridad privada, si bien lo que hará en la mayoría de las ocasiones es dar cobertura de legalidad a lo que ya era una realidad”, ha dicho el propio ministro, Jorge Fernández Díaz.
En España hay actualmente 1.490 empresas de seguridad privada con 82.150 vigilantes (el 22% de los cuales van provistos de armas de fuego). El año pasado tuvieron una facturación de 3.000 millones de euros, un volumen de dinero que ha ido cayendo desde el año 2008, en el que facturaron 3.730 millones. Es previsible que esta cifra engorde gracias a las posibilidades de negocio que abre la nueva ley.
El dueño de una empresa de seguridad con 2.000 vigilantes, que pide el anonimato, arguye: “La demanda de seguridad de quienes tienen comercios en zonas peatonales o que viven en urbanizaciones es un hecho. La seguridad pública no puede dar satisfacción a todos. Y ahí entramos nosotros. ¿Es que a los ciudadanos les gustaría que les subieran los impuestos para que haya más policías o guardias civiles?”
“Al final, lo que se hace es poner la seguridad pública al servicio de la seguridad privada, que no deja de ser un negocio”, ha criticado José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. La Asociación Unificada de Guardias Civiles está “rotundamente en contra” de esta ley por entender que conlleva “una privatización encubierta” de la seguridad pública, además de abrir la puerta a “policías baratos”.
Ahora mismo, los vigilantes privados pueden patrullar por las calles de urbanizaciones cerradas y que tengan garitas de control en sus accesos. El artículo 41 de la futura ley relaja mucho más las cosas al contemplar la posibilidad de hacer este tipo de protección “en recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma”. Y no solo eso, sino que es factible “la vigilancia en espacios o vías públicas en supuestos distintos de los previstos” en ese artículo.
Cobas, el portavoz de las grandes compañías de seguridad, lo explica: “Si hay un acto cultural en la plaza de Celenque [al lado de la Puerta del Sol madrileña], podremos acotar ese espacio y hacer controles y cacheos de quienes quieran entrar”.
La nueva normativa estipula, no obstante, que estas actividades en la calle “requerirán autorización previa por parte del órgano competente en cada caso” y, además que “los vigilantes habrán de actuar en coordinación, cuando proceda, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
Otra novedad legislativa es que el personal de seguridad privada pueda realizar servicios que hasta ahora solo podían acometer policías y guardias civiles, tales como la vigilancia perimetral de cárceles y centros de internamiento de extranjeros (CIE), así como de otros edificios o instalaciones de organismos públicos.
Otro aspecto que ha generado polémica es que la futura ley faculta a los vigilantes a practicar detenciones. Pero fuentes de Interior, tras proclamar que el escándalo es injustificado, explican: “Los vigilantes solo pueden detener a quien acaba de cometer un delito y solo si lo ha perpetrado en el ámbito de su protección (el lugar protegido), tras lo que han de poner al delincuente inmediatamente a disposición de la policía. Es demagógico afirmar que podrán practicar cacheos y detenciones arbitrariamente”.
Las empresas de seguridad y los vigilantes pretendían que la ley les considerase “agentes de la autoridad”. Sin embargo, solo se les dará este tratamiento “cuando desarrollen actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. En ese caso, quienes les agredan o desobedezcan serán castigados penalmente como si las víctimas fueran “agentes de la autoridad”.
