25 de enero de 2017

Periódico Armas.es nº71. Febrero - Marzo 2017


Revista News ADSI Flash nº 427



Revista Seguritecnia Nº 438


"Pedid que os den una pistola"

La madre de uno de los agentes rurales asesinados en Lleida por un cazador traslada a los compañeros de su hijo su convicción de que seguiría vivo si hubiese podido llevar un arma
Una libreta y un bolígrafo no parecen la mejor protección cuando se tiene enfrente a un cazador armado y probablemente encolerizado por la sanción que se le viene encima. Que se lo digan a los dos agentes rurales que fueron asesinados el sábado en un coto de caza de Lleida después de toparse con un joven que portaba una escopeta que no estaba autorizado a usar. La madre de uno de los dos guardas expresó su convicción de que su hijo estaría vivo si hubiese llevado un arma. "Pedid que os den una pistola", le dijo al presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), Rubén Cabrera, en una conversación que tuvo lugar poco antes del funeral, celebrado ayer.
El doble asesinato se produjo en un coto habilitado en la localidad de Aspa, a unos veinte kilómetros al sur de Lleida capital, para la caza del tordo. Ismael Rodríguez Clemente, de 28 años y vecino del municipio barcelonés de Vacarisses, se había desplazado al lugar en compañía de tres amigos cazadores. El grupo se dispersó y dos agentes rurales que realizaban una patrulla rutinaria le pidieron la documentación. Rodríguez carecía de licencia para utilizar la escopeta que llevaba, una Benelli del calibre 12, así que probablemente los guardas le comunicaron que le iban a sancionar. Rodríguez levantó el arma y les disparó a bocajarro a la cabeza. Los dos fallecieron en el acto.
El autor de los disparos alertó al 112 de lo ocurrido por indicación de sus compañeros de batida. Cuando los Mossos llegaron al lugar le encontraron al lado de los cadáveres. En su declaración policial dijo que recordaba que los guardas le dieron los buenos días cuando se acercaron a él y le pidieron que descargara su escopeta. Aseguró que a partir de entonces no sabe lo que ocurrió. Rodríguez tenía licencia de tipo D para el uso de rifle, pero no la E que es obligatoria para utilizar la escopeta que llevaba. En el pasado sí se la llegó a sacar, pero al no renovarla había caducado. Las víctimas son Xavier Ribas, un vecino de Lleida de 43 años padre de un chaval de 10, y David Iglesias, residente de la cercana localidad de Alcoletge, de 39 años y padre de una niña de siete.

Pintadas amenazantes
El funeral por los dos agentes rurales asesinados congregó ayer a una multitud en la parroquia Sant Llorenç, de Lleida capital. Muchos de los asistentes eran compañeros. El doble asesinato ha causado conmoción entre los más de 6.000 guardas medioambientales que trabajan en España. Aunque se trata de un colectivo muy heterogéneo porque las competencias fueron traspasadas a las comunidades autónomas a finales de los ochenta, los agentes rurales comparten una serie de inquietudes básicas en lo que atañe a la seguridad. "Lo de Lleida es la culminación de una escalada de agresiones que viene de lejos", denuncia Gregorio Palomo, que forma parte de la directiva de la Aeafma. Los guardas llevan tiempo reivindicando ante las diferentes administraciones su derecho a portar armas. "Desempeñamos una tarea policial pero carecemos de permiso para llevar armas, lo que nos coloca en una dramática situación de indefensión".
"Es una paradoja que los que vigilamos al colectivo más armado del páis, 
el de los cazadores, no podamos llevar armas"
Aeafma ha dirigido infinidad de solicitudes al Ministerio del Interior para que los agentes rurales puedan portar pistolas. "Es una paradoja que los que precisamente tenemos la misión de vigilar al colectivo más armado del país, el de los cazadores, no podamos llevar armas". Y asegura que los guardas son objeto de un creciente número de agresiones. Hasta 2014, los ataques graves raramente pasaban de los cinco al año. A partir de ese año, sin embargo, las agresiones se han multiplicado por dos. "Han proliferado las amenazas de muerte, las pintadas y los daños a coches patrulla, nos sentimos acosados y reivindicamos nuestro derecho a tener herramientas de defensa como cualquier otro cuerpo policial", sostiene Palomo. Aunque en el pasado los agentes rurales llegaron a portar armas, en la actualidad no tienen permiso para llevarlas. La madre de uno de los asesinados el sábado está convencida de que su hijo estaría aún con vida si hubiese tenido una pistola. "Pedid que os las den", fue el mensaje que transmitió con los ojos inundados de lágrimas a los compañeros de su hijo.
El presunto asesino, mientras tanto, pasará hoy a disposición judicial. Su abogada aseguró a Efe que en ningún momento discutió con las víctimas cuando le pidieron la licencia de armas y que les disparó como "un acto reflejo". Ismael Rodríguez regentaba hasta hace un par de meses un bar en Terrasa con su mujer, pero el establecimiento cerró. Solía compaginar su trabajo en la hostelería con la conducción de camiones. No se le conocen antecedentes penales.

Juzgan a 3 vigilantes de seguridad por presuntas lesiones a menor en Madrid

El juez que investiga la presunta agresión a un menor que vivía en un centro de menores de la Comunidad de Madrid en el distrito madrileño de Hortaleza ha señalado para el próximo 14 de febrero juicio contra tres vigilantes de seguridad por un delito leve de lesiones.
Según el auto del titular del Juzgado de Instrucción 41, al que ha tenido Efe, el juicio se señala para el 14 de febrero a las 10:20 horas contra tres vigilantes de la empresa Marsegur Seguridad Privada.
Los hechos investigados ocurrieron el 6 de noviembre de 2016 en el citado centro, en el que, según denunció el menor, fue agredido por varios vigilantes de seguridad.
El juez en el que recayó la investigación acordó el 16 de noviembre el cambio de centro del menor denunciante tras un informe de la Fiscalía en el que apoyaba esta medida "ante la gravedad de los hechos denunciados".
La Fundación Raíces, que denunció los hechos, acompañó al menor y solicitó su cambio de centro, ha valorado hoy el procesamiento de los tres vigilantes y ha subrayado que el mismo día de esa agresión ocurrió otra en el centro Isabel Clara Eugenia, dedicado a menores de catorce años y en el que cuatro niños denunciaron una agresión que también se investiga.
La Fundación Raíces y Save The Children denunciaron en noviembre las "deplorables" e "inaceptables" condiciones de vida de un grupo de menores extranjeros no acompañados, tutelados la mayoría por la Comunidad de Madrid, a la intemperie en un parque del distrito de Hortaleza tras irse del centro de acogida.
Ambas asociaciones aseguraron que los menores preferían dormir en un parque a vivir en el centro porque "el sistema no les protege, les discrimina", y según el testimonio de los niños eran castigados con aislamientos, insultos y agresiones.
Por su parte la Comunidad de Madrid destacó la "profesionalidad y magnífica" de los trabajadores de los centros de primera acogida para menores en riesgo o desamparo, como los centros de primera acogida Hortaleza e Isabel Clara Eugenia, que prestan una atención integral a estos menores, fomentando su integración social. 

Apresan a un ladrón en silla de ruedas que robaba en centros comerciales

El detenido en Campanar es un delincuente reincidente que acumula varias condenas por hechos delictivos similares
Un hombre con movilidad reducida que se desplaza en silla de ruedas fue detenido la semana pasada en un centro comercial de Campanar tras intentar robar dos tablets valoradas en más de 400 euros. El presunto ladrón ha convertido su discapacidad en un elemento de distracción para cometer pequeños hurtos en establecimientos comerciales de la capital del Túria y ya acumula hasta cuatro condenas por hechos delictivos similares, según ha podido saber Levante-EMV.
La última detención de esta persona se produjo el pasado jueves cuando un vigilante de seguridad de un comercio de Campanar lo sorprendió llevándose dos tablets que portaba escondidas precisamente en la silla de ruedas en la que se desplaza a diario. El sospechoso, de 33 años, es ya conocido en la zona ya que había sido pillado robando en otras ocasiones en establecimientos de esta misma superficie comercial.

La silla como aliada
De hecho, las fuentes consultadas por este periódico indicaron que esta persona acumula al menos cuatro condenas por otros hurtos al descuido. Al parecer, el hombre utilizaba su silla de ruedas para eludir los sistemas de alarma o esgrimir un fallo si éstos saltaban.
El vigilante que lo sorprendió alertó inmediatamente a la policía, y los agentes desplazados al lugar procedieron a su detención. El arrestado pasó al día siguiente a disposición judicial acusado de un delito de hurto en establecimiento abierto al público. Ese mismo día se celebró juicio rápido y dada la reincidencia del acusado el juez acordó una pena de once meses de cárcel. Asimismo, en caso de delinquir de nuevo ingresaría directamente en prisión al acumular ya cuatro condenas anteriores por delitos similares.

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¿Deben ir armados los agentes forestales?

El asesinato de dos agentes forestales a manos de un cazador en el monte de la localidad leridana de Aspa ha devuelto a la primera página de la actualidad la labor de estos trabajadores, que en Aragón se denominan Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y son funcionarios dependientes del Gobierno de Aragón. De acuerdo con los datos facilitados por la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, dirigida en la actualidad por Joaquín Olona, este cuerpo está compuesto hoy por unas 350 personas que desarrollan su trabajo en toda la Comunidad.
Las funciones de estos trabajadores son tantas como diversas. Realizar censos de aves y peces, verificar que cazadores y pescadores practican estos deportes con todos los permisos en regla, participar en la extinción de incendios o controlar la recolección de setas figuran entre sus cometidos. “Todo cuanto acontece allí donde no hay asfalto, depende de nosotros”, dice abarcando la inmensidad Ramón Regal, vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA).
Los forestales dependen de cada comunidad autónoma desde mediados de los años 80, cuando el Estado comenzó a transferir competencias a las autonomías, entre ellas las de Medio Ambiente. Hasta entonces, estas labores las desarrollaron los miembros del extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Se trataba de un cuerpo nacional armado, no solo con pistolas “también llevaban armas largas, como rifles, y armas anestésicas para la gestión de la fauna”, cuenta Ramón Regal. El Icona era una autoridad.
Hoy, los agentes forestales siguen considerándose autoridad pública y policía judicial: pueden sancionar si una persona no cumple la normativa, su palabra tiene presunción de veracidad en un juicio y, ante un juzgado o tribunal, pueden presentar pruebas si se ha cometido un presunto delito. Sin embargo, desde que se produjo la transferencia a las autonomías, los forestales, entre ellos los aragoneses, dejaron de ir armados. Y este es un extremo que décadas después sigue generando opiniones encontradas. Una discusión que se ha recrudecido estos días con el suceso de Lérida.

El debate de ir armados o no
El vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza no niega que de vez en cuando se encuentran con situaciones de enfrentamiento, pero comenta que no son frecuentes y que no siempre están protagonizadas por cazadores: también se enfrentan a ganaderos, recolectores y otras personas que no portan armas de fuego y recuerda que su compañero Pascual Garrido fue asesinado en Arguis en 1991 con una motosierra, un crimen que aún no ha sido esclarecido. Es por eso que hay agentes medioambientales que prefieren no llevar armas porque consideran que su porte y custodia supone una gran responsabilidad y que no son necesarias para la mayoría de los trabajos que realizan.
En el lado opuesto se sitúan quienes opinan que llevar armas les daría mucha más seguridad en su día a día. En esta posición se sitúan algunos sindicatos , que ha anunciado que trabajará para regular el uso de armas en determinados servicios de especial riesgo como puede ser esta o los vigilantes de aduanas.

Los guardas de campo, ante el mismo problema
Ante idéntica disyuntiva se encuentran los guardas rurales, que son el equivalente a los guardias de seguridad privada que se ven en las ciudades. “Nosotros vamos armados cuando hacemos labores de cinegética. No es un arma de autodefensa, sino un arma rayada larga para abatir piezas de caza heridas, por ejemplo”, comenta Diego Sanvicente, que es guarda rural y portavoz de la Asociación de Guarderío Rural de Aragón (ASGRA). Sin embargo, continúa, “no podemos ir armados cuando hacemos labores de vigilancia en explotaciones agrícolas y ganaderas para evitar robos, que ahora mismo es el nicho de trabajo más importante para nosotros y son situaciones en las que se generan muchos problemas, más que ligados a la actividad cinegética”.
El guarda comenta que en estos casos es habitual enfrentarse a grupos organizados y numerosos de personas con muchas herramientas y vehículos grandes y que, ante ellos, “la indefensión es absoluta”. Con respecto a la actividad que desempeñan en el plano cinegético, Sanvicente también considera que los hechos de Lérida “son aislados” porque “en el 90% de las veces las intervenciones con cazadores no son para nada tensas”, pero sí que advierte que este episodio ha puesto de manifiesto “que hasta cierto punto nos encontramos desvalidos”.
Estos profesionales están autorizados por la Guardia Civil para portar grilletes y porra y, según el portavoz de ASGRA, “el mero hecho de llevar estas herramientas de trabajo visibles les ha facilitado el trabajo porque funcionan como un elemento disuasorio”. “Cuantas más medidas de autoprotección tengamos, mejor”, comenta, pero también advierte de la “responsabilidad” de llevar un arma y recalca que autorizar a los guardas rurales a portarla no solucionaría del todo los problemas. Sí cree de forma determinante que ayudaría mucho “a educar y disuadir” el tratamiento jurídico que se dé a estos episodios. “No puede ser que este tipo de personas en poco tiempo vuelva a estar cazando”, indica.

El reto: conseguir una regulación de la profesión
Pero la cuestión de las armas no es el único reto actual de los forestales que lleva años en el candelero. También es intenso el debate sobre la necesidad de cubrir ese marco legislativo estatal que desapareció hace años. En este sentido, hay sectores que abogan por la modificación de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad para incluir a los forestales, y otros que piden una ley nacional de agentes forestales y medioambientales. En Aragón, los miembros del sector llevan años pidiendo una ley autonómica sin que se atiendan sus pretensiones.

Sanción por infracción Grave de Inspección de Trabajo, a favor de los trabajadores contra una empresa Pirata en Fuerteventura

En el día de hoy nos ha llegado contestación de la Inspección de Trabajo, en Fuerteventura, a la demanda interpuesta contra la mercantil (PIRATA) Atlantisegur.
En esta ocasión la Inspección de Trabajo abre expediente Sancionador en el cual propone sanción económica por LA COMISIÓN DE UNA INFRACCIÓN GRAVE EN MATERIA LABORAL.
En el mismo escrito de contestación deja claro que la jornada laboral para los vigilantes de seguridad privada viene establecida por el Convenio Colectivo Estatal en su Art. 41, siendo de 1.782 horas anuales en computo MENSUAL de 162 horas y no la que aplica la PIRATA Atlantisegur que es de 1.826 de computo mensual con una horquilla de entre 130 y 190 horas.
Desde la FTSP-USO Canarias dar una vez mas las gracias a las compañeras/os vigilantes que depositan su confianza en esta Federación, sin vuestra ayuda no se obtendrían estas pequeñas victorias frente a estos empresarios que la única manera que ven para hacer dinero es el espoliar las nominas de sus propios trabajadores.

POR UN SECTOR LIMPIO DE EMPRESAS PIRATAS SUMATE A LA LUCHA.

La Resolución de Inspección de Trabajo
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23 de enero de 2017

SsP lleva al pleno la seguridad privada

Sí se Puede propondrá al pleno de Santa Cruz "mejorar el proceso de selección de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia y seguridad de las dependencias municipales", con la aplicación de un paquete de medidas que ofrezcan las garantías precisas para que las llamadas "empresas piratas" del sector "no tengan cabida en las contrataciones".
El portavoz del grupo municipal, Pedro Fernández Arcila, defenderá una moción en este sentido en la sesión del próximo viernes 27 que plantea "incorporar una serie de condiciones en los pliegos del futuro acuerdo marco o contratación administrativa de estos servicios, ya que es inminente la conclusión del contrato adjudicado a Seguridad Integral Canaria. Arcila planteará "la necesidad de auditar el servicio prestado por esta empresa para verificar su cumplimiento".
Arcila planteará una auditoría a la empresa que presta el servicio en el municipio
Sí se Puede propone "que el pliego que se utilice para futuras contrataciones mantenga la exigencia de aplicar el convenio colectivo del sector, para evitar efectos en los derechos de los trabajadores como el descuelgue salarial u otros".
Además, Arcila considera necesario fijar "un umbral técnico mínimo", de forma que la elección de la empresa a contratar no se haga solo por el criterio vigente en estos momentos como "mejor oferta económica", sino mediante el criterio "mejor calidad-precio", como recomienda la UE. Así, "se evita la conducta de muchas empresas piratas, que acuden al mercado de fácil acceso cuyo único requisito es ofertar al precio más bajo".
Sí se Puede propone también "reducir la valoración económica e incrementar el valor de otros criterios de baremación con fórmulas en las que se incorporen las posibles mejoras en la prestación en beneficio de la administración".

22 de enero de 2017

Como Quitar la LLAVE CHINA o "Mata Leones", en la Defensa Personal

Las cámaras captaron un violento robo en Madrid en el que estrangulaban a un hombre por la espalda. Les enseñamos aquí una técnica para defenderse de un ataque de este tipo.
El día de ayer surgió a la luz un video de un robo ocurrido en el metro de Madrid la semana pasada. Un joven fue asaltado por dos ladrones cuando se disponía a salir de una estación. Uno de ellos se le acercó por la espalda y comenzó a estrangularle por la espalda, momento que aprovechó su cómplice para vaciarle los bolsillos. Después de esta rápida acción, dejaron a la víctima en el suelo en estado semiinconsciente.
Este método de robo por parejas se conoce popularmente como 'mataleón'. En ella se usa una técnica de estrangulación que se aplica en artes marciales como el judo que inmoviliza y deja sin aire a la víctima para poder robar rápidamente sus pertenencias. Le contamos a continuación un tipo de defensa que podría ayudarle en un eventual asalto de este tipo.
Reaccionar rápido y arrojar
Varios expertos en artes marciales coinciden en que una vez aplicada es muy difícil liberarse de un 'mataleón' o llave china, como también suelen llamarlo. Si se da cuenta de que alguien ha empezado a estrangularle, se recomienda reaccionar lo más rápido posible, antes de que el asaltante logre unir sus brazos y cerrar la llave. Lo que hay que hacer entonces es agarrarle el brazo, inclinar rápidamente el cuerpo y arrojar al asaltante hacia adelante.
En el siguiente video del canal de YouTube del maestro de artes marciales Mario Neri se puede observar cómo realizar esta defensa contra un asalto con 'mataleón'.

Detenido un cazador por matar a tiros a dos agentes rurales en un control

El hombre, de 28 años, asesinó a los agentes después de que constataran que no tenía el permiso en regla
Un cazador de 28 años ha matado este sábado a tiros a dos agentes rurales durante un control rutinario en un coto de caza de Aspa (Lleida). El hombre había salido a cazar tordos con un grupo de amigos cuando la pareja de agentes les ha sometido a una inspección. Se trataba de comprobar si tenían la documentación en orden y cumplían las normas de seguridad. El cazador no tenía en regla el permiso tipo E, necesario para la clase de arma (una escopeta larga) que estaba usando para cazar pájaros.
No se sabe qué ha ocurrido exactamente a continuación. El caso es que el cazador —español y vecino de Vacarisses (Barcelona)— ha disparado su escopeta contra el cuerpo de los agentes, de 43 y 39 años. Los ha matado en el acto. Poco después, ante la insistencia de sus compañeros de cacería, ha llamado él mismo al 112 y ha explicado los hechos. Los Mossos d’Esquadra han acudido a la zona, han constatado las muertes por arma de fuego y le han detenido.
El doble crimen ha conmocionado a un colectivo que, en Cataluña, integran 500 personas. Durante las casi tres décadas de existencia del cuerpo, algunos funcionarios han muerto en acto de servicio. Pero siempre de forma accidental, nunca intencionada. Los agentes, sin embargo, creen que ese día podía llegar en cualquier momento. “Padecemos a menudo amenazas y agresiones. Llevamos años alertando de que esto podía ocurrir”, ha lamentado, el sindicato al que pertenecían los dos fallecidos. Uno de ellos, de hecho, estaba impulsando un protocolo contra agresiones.

Sin testigos directos
El suceso ha ocurrido sobre las 11.30 en una zona autorizada de caza de Aspa, a 20 kilómetros de la ciudad de Lleida. Hasta allí se ha desplazado, esta tarde, el consejero de Interior de la Generalitat, Jordi Jané. Ha explicado que el homicida tenía caducado el permiso tipo E, aunque tiempo atrás lo había tenido en regla. La escopeta larga también había sido, antes, de su propiedad, aunque ahora figura a nombre de otra persona. “Los Mossos lo están investigando”.
Jané ha precisado que no hay testigos directos de los hechos. Los compañeros del cazador, precisó, no han visto nada. “Es una zona de olivos y estaban separados. Cuando el homicida ha disparado lo ha hecho sin que sus compañeros lo vieran”. El consejero ha asegurado que el cazador se encaró con los agentes cuando le pidieron la licencia. “Ha reaccionado de manera homicida y ha matado a los agentes que le requerían esa información”, ha lamentado.
La consejera de Agricultura, Meritxell Serret, también se ha desplazado a la zona para dar apoyo a “las familias” y a “todo el cuerpo de agentes rurales en este momento tan duro”. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha sumado a las condolencias a través de Twitter.
El suceso ha abierto el debate sobre las armas en un doble sentido. Por un lado, los permisos. El síndic de greuges (el defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, ha anunciado que analizará “los criterios y las formas” que emplea la Guardia Civil —cuerpo competente en la materia— para conceder permisos de armas. En la misma línea, Jané ha dicho que será necesario “analizar cómo están los protocolos” de la Guardia Civil. El doble crimen también ha reavivado un viejo debate abierto entre los agentes rurales sobre si deben llevar armas durante su trabajo (la mayoría de veces no lo hacen). Los sindicatos denuncian que a menudo se producen agresiones, amenazas y situaciones conflictivas con los cazadores. Y que, en más de una ocasión, durante las inspecciones, más de uno “se ha puesto nervioso” y ha encañonado a un agente rural que iba a sancionarle.

Fomento penalizará a Aena si el tiempo para pasar los controles de seguridad de los aeropuertos supera ciertos límites

El Gobierno no se plantea por el momento aumentar la privatización de Aena
Íñigo de la Serna sigue sin desvelar qué hará el Gobierno en relación a las tasas aeropuertuarias para los próximos cinco años
Preguntará a las autoridades británicas por el caso de un pasajero sordociego al que se le denegó viajar solo de Londres a Madrid
El Ministerio de Fomento quiere evitar que las colas kilométricas en los controles de seguridad de los aeropuertos puedan llegar a suponer el riesgo de perder un avión. Por eso va a plantear penalizar al gestor, es decir, a Aena, en caso de que se superen determinados límites, aún por cuantificar. Este método se aplicará también al tiempo máximo de espera para recoger las maletas después de un vuelo.
“Se exigirá que los tránsitos en los filtros de seguridad sean equiparables a los de los aeropuertos más importantes de nuestro entorno e incluso mejores”, ha dicho el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. La idea es que exista un periodo máximo para superar los filtros de seguridad en todos los aeropuertos por igual, mientras que para recuperar las maletas sí que se tendrán en cuenta las singularidades en los sistemas de recogida y transporte en cada aeródromo.
También se quiere evaluar cada aeropuerto en función de factores de calidad como la orientación del pasajero en su tránsito por el aeropuerto o la limpieza de las instalaciones. En relación con lo que los técnicos denominan “equipos”, es decir, las escaleras, ascensores o las cintas de recogidas de equipajes, se exigirá que tengan una disponibilidad del 99%.
Estos planes se incluyen en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), cuyo proyecto ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados. Está previsto que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno dentro de tres semanas.
Pese a la insistencia de los portavoces de los grupos parlamentarios, De la Serna no ha desvelado la principal incógnita que precedía a su comparecencia: qué hará el Gobierno en relación a las tasas aeropuertuarias que deben entrar en vigor el 1 de marzo y que estarán vigentes durante los próximos cinco años. Al respecto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado una rebaja anual del 2,02 %, mientras que el gestor aeroportuario aboga por congelarlas.
De la Serna ha explicado que será el Consejo de Ministros el que tome la decisión final, aunque ha dicho que toma nota de que los grupos parlamentarios se hayan mostrado favorables a una rebaja. Las mayores discrepancias estriban en el cálculo de los costes de capital, y en la separación de costes regulados de no regulados, esenciales para la fijación de las tarifas.
La mayoría de los grupos parlamentarios no han dibujado un panorama tan alentador, y varios de ellos han criticado el proceso de privatización del gestor aeropuertuario (en la actualidad el Estado controla un 51 % de la entidad). El ministro ha respondido que no tienen “ninguna intención” de aumentar la participación privada en el accionariado de la empresa.
Por parte del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el portavoz Félix Alonso ha lamentado la pérdida de “niveles de confianza” en Aena y ha lamentado que el DORA se haya elaborado “de espaldas a la ciudadanía”.
Teresa Jordà, de ERC, ha lamentado una política de infraestructuras “propia de la época del España va bien” y ha preguntado si piensa el Gobierno continuar “socializando las pérdidas y politizando los beneficios” de las infraestructuras.  
 Además, a preguntas del diputado del PNV Íñigo Barandiaran, el ministro se ha comprometido a poner en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) el caso de un pasajero sordociego al que la aerolínea Ryanair denegó asistencia o la posibilidad de viajar solo entre Londres y Madrid. El organismo podría presentar una reclamación ante las autoridades británicas.
Al respecto, fuentes de la compañía aérea han matizado posteriormente a este medio que no es cierto que se denegara el vuelo al joven: "nuestro equipo de atención al cliente solicitó al pasajero documentación que confirmara que cumple con los requisitos de seguridad para volar sin acompañante. Un vez recibidos (más de una semana después), le confirmamos que podría viajar solo, aunque finalmente decidió no hacerlo”, aseguran.

Coronel Sanz: «La seguridad privada es fundamental para complementar a la pública»

Andrés Sanz Coronado, Coronel Jefe del Servicio de Protección de Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil, asegura en esta entrevista para CUADERNOS DE SEGURIDAD que «convivimos con los profesionales de la Seguridad Privada no como elementos del paisaje sino como auténticos actores en el ámbito de la seguridad con funciones propias y con un reconocimiento cada vez mayor». El coronel Sanz considera prioritario potenciar mecanismos de colaboración y coordinación entre ambas seguridades, así como la necesidad de trabajar en la concienciación sobre una «cultura de seguridad integral y vigilancia para la detección temprana de las ciberamenazas».
[La entrevista íntegra puede leerse en el número 318 de enero de CUADERNOS DE SEGURIDAD]
—Meses después de ratificarse su nombramiento como jefe del Servicio de Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil –cargo que ocupaba previamente como responsable interino–, ¿sobre qué pilares y objetivos ha asentado su nueva andadura profesional?
—Los pilares para crecer o para avanzar en el periodo inicial al frente del Servicio son los que encontré cuando me hice cargo: un equipo humano reducido, pero muy comprometido con la misión; unos programas de colaboración público-privada consolidados aunque con enorme potencial de mejora y de crecimiento; y una buena predisposición de todos los interlocutores fundamentales en el sector de la Seguridad Privada para colaborar con la Guardia Civil en general y conmigo en particular. Esos son los mimbres de la cesta.
Hacia donde he puesto la proa es hacia una mayor labor de apoyo y dirección del SEPROSE sobre las actividades que las Unidades de la Guardia Civil realizan en el ámbito de la seguridad corporativa, en el ámbito de la seguridad de las empresas y en el ámbito de la protección de infraestructuras críticas. Nos hemos dado cuenta de que las iniciativas que adoptamos a nivel central y las relaciones que establecemos con asociaciones, empresas y otros interlocutores precisan de seguimiento, continuidad, engrasamiento y engrosamiento en otros niveles de organización territorial. Por ello dedicaremos un importante esfuerzo durante 2017 a optimizar nuestra gestión interna dentro de la Guardia Civil.
Por otra parte, debo decir que ya hemos tomado varias decisiones de cierta importancia para tratar de reordenar el espacio de prestación de los servicios que corresponden a los guardas rurales, pues no ha sido suficientemente respetado por los contratantes de servicios de seguridad, entre los cuales a menudo hay que incluir a órganos de diferentes administraciones públicas. En este sentido, entendemos que deberemos realizar sobre todo labores de información y concienciación más que de denuncia, pues se trata de un problema generalizado.
En otro orden de cosas, durante el año próximo tendré que implicarme de forma muy personal en la coordinación del sistema de protección de infraestructuras críticas en el ámbito de la Guardia Civil en relación con los numerosos cometidos atribuidos al SEPROSE, puesto que la implantación del Sistema de Protección en su conjunto y a nivel nacional está avanzando de modo muy acelerado y constantemente creciente, mientras que los recursos humanos de mi Servicio están sufriendo el proceso contrario. Cada vez cuento con menos oficiales a causa de nuestros procedimientos de gestión interna de los recursos humanos.
Finalmente, también estamos dando pasos importantes para establecer programas de colaboración para colectivos del Sector que tenían encaje en los ya creados. Ya tenemos definidas las líneas maestras de su caracterización y contenido, pero falta todavía su aprobación por parte de nuestra Dirección General. Dado que estamos en un momento de relevo en la cúpula institucional, quizá tengamos que esperar un cierto tiempo antes de poder ponerlos en funcionamiento puesto que son ciertamente novedosos y ambiciosos.
—Existe una clara apuesta de la Guardia Civil por la Seguridad Privada plasmada en el Plan General de Colaboración, desarrollada a través de los Programas Coopera y Plus Ultra, ¿cómo se potenciarán en los próximos años estos programas de colaboración?
—Estos programas de colaboración creados en 2010 y 2013, respectivamente, establecieron en su momento el marco para que se pueda desarrollar una colaboración institucional y operativa de tipo genérico. Ahora, tras haber acumulado una considerable experiencia sobre los campos en los que la Seguridad Privada precisa de un modo más concreto del apoyo y el respaldo de la Seguridad Pública, nos disponemos a ir abordando paso a paso el dar respuestas específicas a problemáticas concretas. Conscientes del papel que nos corresponde como el mayor cuerpo policial de España, debemos responder a las demandas que se nos han planteado desde el Sector en aspectos operativos concretos, a menudo estratégicos y casi siempre trascendentes y de solución compleja. Por ello, estamos preparando en este momento tres protocolos operativos que esperamos que en su momento puedan incorporarse como Addendas del Programa «Coopera» para desarrollar la colaboración en ámbitos específicos de actuación y de intercambio de información relevante para la seguridad.
—Con una visión general, ¿qué valoración haría de la situación actual en la que se encuentra el sector de la Seguridad Privada?
—Quisiera ser muy prudente al contestar a esta pregunta, pues la percepción que tiene el SEPROSE del Sector no deja de ser la de un espectador externo. Por mucho que queramos acercarnos a sus verdaderos actores e interactuar con ellos, no podemos perder de vista que no formamos parte del Sector en sí mismo, y que nuestra perspectiva para analizar su evolución es muy distinta de la que pueden tener las personas que viven de, por y para la Seguridad Privada.
Dicho lo anterior, entiendo que el Sector se encuentra en un momento de transición que los diversos colectivos que lo integran viven de un modo diferente. Posiblemente haya en este momento una considerable mezcla de ilusión, confianza o desconfianza -según de quién se trate- e incertidumbre por las expectativas que cada cual pueda haberse creado ante la salida de la crisis, en relación con los cambios en la cúpula del Ministerio del Interior y los que ha habido y los que habrá en las estructuras de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, respecto a la obligación de desarrollar reglamentariamente la Ley de Seguridad Privada y, en los casos en que sea de aplicación, con motivo de la implantación del sistema de protección de las infraestructuras críticas. Estos cuatro factores impactan de un modo distinto en empresas proveedoras o usuarias de seguridad privada, en los guardas rurales autónomos, en los detectives privados, en los centros de formación, etc. Sacaríamos la incertidumbre como el denominador común.

20 de enero de 2017

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 20 de Enero de 2017

Manifestación/Concentración 18/01/17 contra la empresa PIRATA Marsegur en Las Palmas

Manifestación contra la adjudicación de servicios de seguridad en las sedes de las Fuerzas Armadas a MARSEGUR, empresa Pirata. 

El Gobierno adjudica 22 millones de euros en 2016 al empresario de la seguridad denunciado por hundir los salarios 

Defensa contrata a una firma vinculada al polémico ‘capo’ de la seguridad privada. 

Reunion Institucional de la FTSP-USO Canarias con el Director General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias. 

El sindicato FTSP-USO entrega documentación sobre irregularidades en la seguridad de salud pública a Podemos 

Reunión Trabajo Podemos y USO Fuerteventura 

Podemos llevará al Congreso el problema de los empleados de seguridad privada 

Rodríguez llevará al Congreso la precaria situación de los trabajadores de seguridad 

Oferta de trabajo en Canarias. 

Calendario y bases de las convocatorias de las pruebas de selección para guardas rurales y sus especialidades. 

USO exige que la oferta pública para los servicios de seguridad incluya el plus de bonificación 

Los sindicatos urgen al Concello a que rescinda el contrato a Segur Ibérica 

Reuniones Institucionales de la FTSP-USOCV. Secretario Autonómico de la Consellería de Justicia de la Generalitat Valenciana 

De gerente a vigilante en paro 

El Govern contratará seguridad privada hasta 2021 por 30,5 millones de euros 

Lanzarote: El Cabildo instala un control de seguridad en la recepción 

Así son las pruebas para trabajar como vigilante de seguridad o escolta privado 

Cuidado con los mensajes de WhatsApp. Los “pantallazos” son aceptados como prueba en la Jurisdicción Social. 

El hijo de la reina de la seguridad en España presidirá Prosegur Cash 

Nota informativa ERE Grupo Segur. 1ª reunión con el Administrador Concursal. 

Nota Informativa ERE Grupo Segur. 2ª reunión con el Administrador Concursal 

El Supremo avala que la empresa no entregue la nómina en papel 

La baronesa Thyssen tendrá que pagar 130.000 euros a su exjefe de seguridad 

Así actuaba la mafia georgiana que desvalijaba pisos 

Un vigilante de seguridad, lanzado a las vías del Metro por unos grafiteros 

Detenido por intentar matar a un vigilante de seguridad de un bar del Casco Antiguo de Pamplona 

Detenido un grafitero por dañar el Tram y rociar con un extintor a un vigilante 

La policía investiga una nueva agresión a un vigilante de seguridad en Palma 

Detenido por robar más de 15.000 euros en ropa en comercios de Oviedo y Santander 

Revista FSL Nº 150 

Cuadernos de Seguridad nº318 

Noticias de Seguridad Privada: "Vigilantes Noticias Anuario 2016"

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 11 de Enero de 2017

Cuadernos de Seguridad nº318


El Govern contratará seguridad privada hasta 2021 por 30,5 millones de euros

El Consell de Govern ha autorizado hoy la suscripción de un contrato de seguridad privada y vigilancia para las instalaciones públicas autonómicas hasta 2021 por un importe máximo de 30,5 millones de euros.
Según ha informado tras la reunión del gabinete su portavoz, Pilar Costa, el nuevo acuerdo marco para la contratación de los servicios de seguridad incorporará cláusulas sociales, tal y como ha establecido el Govern para todas las licitaciones públicas de servicios.
La seguridad privada en los edificios públicos autonómicos se dividirá en tres lotes. El de Mallorca está presupuestado en un máximo de 27,2 millones de euros; el de Menorca, en 1,8 millones, y el de Ibiza y Formentera, en 1,3 millones.
El actual contrato, que vence el próximo mes de mayo, se adjudicó en enero de 2015 por dos años.

El sindicato FTSP-USO entrega documentación sobre irregularidades en la seguridad de salud pública a Podemos

Denuncian que muchas de las empresas adjudicatarias actúan como ‘piratas’
La FTSP-USO Canarias en Fuerteventura mantuvo una reunión con Natividad Arnaiz diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias y Gustavo García consejero de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura.
En esta ocasión se trató la precariedad laboral por la que pasan los vigilantes de seguridad que prestan servicio en las distintas áreas de Salud de la comunidad autónoma de Canarias. Que igual que en el resto de instituciones en sanidad se mueven las empresas piratas del sector.
Recientemente se ha dado el caso en el área de Salud de Lanzarote que se saca a licitación pública en servicio de seguridad con carácter extraordinario por los reiterados incumplimientos de la empresa Pirata Sistemas de Seguridad SH Lanzarote SL, la sorpresa fue mayúscula cuando se le adjudica el servicio de seguridad Marsegur Seguridad máxime cuando en la isla de Fuerteventura el Cabildo ha iniciado el procedimiento de rescisión del contrato con Marsegur Seguridad.
Ambas partes coincidimos en exigir a las mesas de contratación que se efectué un control sobre el cumplimiento de los contratos en los concursos públicos. Son más de ocho años que las distintas empresas de seguridad que han pasado por el área de Salud de Fuerteventura se han dedicado a expoliar las nóminas de sus trabajadores/as. En estos momentos está abierto el procedimiento de licitación del servicio de seguridad en el área de Salud de Fuerteventura, los/as trabajadores/as que prestan servicio en dicha área tienen la esperanza que en esta ocasión la mesa de contratación no dé cabida a estas empresas piratas.
Por parte de la FTSP-USO Canarias en Fuerteventura se les trasmite también la preocupación de las distintas plantillas por la falta de información en materia de Evacuación y Emergencias de los centros donde se presta el servicio de seguridad y más grave es, cuando sucede en un hopsital, donde hay personas que a la hora de evacuarlas se haría en cama. Esta situación no solo se da en los centros sanitarios también se ve en distintos edificios públicos.
Desde la FTSP-USO Canarias en Fuerteventura se les proporcionó, a Natividad Arnaiz y Gustavo García, las denuncias efectuadas por esta federación y sus afiliados/as ante los distintos organismos al igual que las cartas dirigidas a las distintas gerencias de los servicios sanitarios.
Natividad Arnaiz y Gustavo García se comprometen a estudiar toda la información entregada al igual que seguir con esta línea de trabajo conjunta.
Desde la FTSP-USO Canarias en Fuerteventura agradecemos a los componentes de Podemos el apoyo mostrado y su implicación en que esta situación cambie para todos los trabajadores que se ven abocados a trabajar para este tipo de empresas.

Calendario y bases de las convocatorias de las pruebas de selección para guardas rurales y sus especialidades.


Manifestación contra la adjudicación de servicios de seguridad en las sedes de las Fuerzas Armadas a MARSEGUR, empresa Pirata.

Manifestación contra la adjudicación de servicios de seguridad en las sedes de las Fuerzas Armadas.
Con motivo de la contratación de una empresa PIRATA  (MARSEGUR) por parte del Ministerio de Defensa, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO)  convocó el pasado 18
de enero, varias concentraciones, siguiendo con la campaña de denuncias ante la opinión publica, medios de comunicación y las administraciones, contra las empresas del sector de seguridad privada que habitualmente incumplen el convenio colectivo nacional, defraudan a la hacienda pública y a la seguridad social, a
través de argucias legales, utilizando la reforma laboral del Gobierno, se descuelgan del Convenio Estatal de las Empresas de Seguridad Privada o generan convenios de empresa propios , lo que supone en algunos casos una reducción del salario mensual de los trabajadores de entre un 15 y un 30%, abocando a miles de trabajadores a la miseria laboral con salarios netos mensuales en algunos casos que no superan los 750 euros.
Creando  nuevas categorías laborales ‘ilegales’ como son las de Vigilantes de Primera, Vigilantes de Segunda y en algunos casos como el de la empresa Pirata Sinergias de Seguridad hasta de Vigilantes de Tercera categoría, por el mismo trabajo diferencias salariales de hasta 400 euros entre unos y otros. Una autentica vergüenza y los responsables mirando hacia otro lado.
En las dos capitales Canarias, así como en otras ciudades Españolas donde defensa tiene dependencias, se organizaron concentraciones para protestar por la contratación de la empresa PIRATA MARSEGUR, que  recibe la adjudicación provisional del Gobierno Central para vigilar las sedes de las Fuerzas Armadas por 16 millones de euros. Esta empresa está asociada, a la patronal ACOSEPRI, (patronal creada ‘ad hoc’ entre Marsegur, Sinergias de Seguridad, Seguridad Integral Canaria y PowerSIC), (vamos la Crem de la Crem de las empresas pirata).
La FTSP-USO considera “inadmisible” que la Administración contrate con empresas como la que nos ocupa, que acumula retrasos en el pago de las nóminas, reducciones salariales a los trabajadores y multitud de denuncias”. 
Natividad Arnai, diputada de Podemos en el Parlamento de Canarias, publica un twitt “Apoyando a los trabajadores de seguridad y contra los abusos de las empresas pirata contratadas por la Administración Pública”
Reproducimos ademas, la entrevista a Dolores Espinosa Secretaria de Relaciones Instituciones e Igualdad de la FTSP-USO en Canarias, en el programa NADA QUE VER de 7.7 radio.