El asesinato de dos agentes forestales a manos de un cazador en el monte de la localidad leridana de Aspa ha devuelto a la primera página de la actualidad la labor de estos trabajadores, que en Aragón se denominan Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y son funcionarios dependientes del Gobierno de Aragón. De acuerdo con los datos facilitados por la consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, dirigida en la actualidad por Joaquín Olona, este cuerpo está compuesto hoy por unas 350 personas que desarrollan su trabajo en toda la Comunidad.
Las funciones de estos trabajadores son tantas como diversas. Realizar censos de aves y peces, verificar que cazadores y pescadores practican estos deportes con todos los permisos en regla, participar en la extinción de incendios o controlar la recolección de setas figuran entre sus cometidos. “Todo cuanto acontece allí donde no hay asfalto, depende de nosotros”, dice abarcando la inmensidad Ramón Regal, vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (AAPNA).
Los forestales dependen de cada comunidad autónoma desde mediados de los años 80, cuando el Estado comenzó a transferir competencias a las autonomías, entre ellas las de Medio Ambiente. Hasta entonces, estas labores las desarrollaron los miembros del extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Se trataba de un cuerpo nacional armado, no solo con pistolas “también llevaban armas largas, como rifles, y armas anestésicas para la gestión de la fauna”, cuenta Ramón Regal. El Icona era una autoridad.
Hoy, los agentes forestales siguen considerándose autoridad pública y policía judicial: pueden sancionar si una persona no cumple la normativa, su palabra tiene presunción de veracidad en un juicio y, ante un juzgado o tribunal, pueden presentar pruebas si se ha cometido un presunto delito. Sin embargo, desde que se produjo la transferencia a las autonomías, los forestales, entre ellos los aragoneses, dejaron de ir armados. Y este es un extremo que décadas después sigue generando opiniones encontradas. Una discusión que se ha recrudecido estos días con el suceso de Lérida.
El debate de ir armados o no
El vicepresidente de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza no niega que de vez en cuando se encuentran con situaciones de enfrentamiento, pero comenta que no son frecuentes y que no siempre están protagonizadas por cazadores: también se enfrentan a ganaderos, recolectores y otras personas que no portan armas de fuego y recuerda que su compañero Pascual Garrido fue asesinado en Arguis en 1991 con una motosierra, un crimen que aún no ha sido esclarecido. Es por eso que hay agentes medioambientales que prefieren no llevar armas porque consideran que su porte y custodia supone una gran responsabilidad y que no son necesarias para la mayoría de los trabajos que realizan.
En el lado opuesto se sitúan quienes opinan que llevar armas les daría mucha más seguridad en su día a día. En esta posición se sitúan algunos sindicatos , que ha anunciado que trabajará para regular el uso de armas en determinados servicios de especial riesgo como puede ser esta o los vigilantes de aduanas.
Los guardas de campo, ante el mismo problema
Ante idéntica disyuntiva se encuentran los guardas rurales, que son el equivalente a los guardias de seguridad privada que se ven en las ciudades. “Nosotros vamos armados cuando hacemos labores de cinegética. No es un arma de autodefensa, sino un arma rayada larga para abatir piezas de caza heridas, por ejemplo”, comenta Diego Sanvicente, que es guarda rural y portavoz de la Asociación de Guarderío Rural de Aragón (ASGRA). Sin embargo, continúa, “no podemos ir armados cuando hacemos labores de vigilancia en explotaciones agrícolas y ganaderas para evitar robos, que ahora mismo es el nicho de trabajo más importante para nosotros y son situaciones en las que se generan muchos problemas, más que ligados a la actividad cinegética”.
El guarda comenta que en estos casos es habitual enfrentarse a grupos organizados y numerosos de personas con muchas herramientas y vehículos grandes y que, ante ellos, “la indefensión es absoluta”. Con respecto a la actividad que desempeñan en el plano cinegético, Sanvicente también considera que los hechos de Lérida “son aislados” porque “en el 90% de las veces las intervenciones con cazadores no son para nada tensas”, pero sí que advierte que este episodio ha puesto de manifiesto “que hasta cierto punto nos encontramos desvalidos”.
Estos profesionales están autorizados por la Guardia Civil para portar grilletes y porra y, según el portavoz de ASGRA, “el mero hecho de llevar estas herramientas de trabajo visibles les ha facilitado el trabajo porque funcionan como un elemento disuasorio”. “Cuantas más medidas de autoprotección tengamos, mejor”, comenta, pero también advierte de la “responsabilidad” de llevar un arma y recalca que autorizar a los guardas rurales a portarla no solucionaría del todo los problemas. Sí cree de forma determinante que ayudaría mucho “a educar y disuadir” el tratamiento jurídico que se dé a estos episodios. “No puede ser que este tipo de personas en poco tiempo vuelva a estar cazando”, indica.
El reto: conseguir una regulación de la profesión
Pero la cuestión de las armas no es el único reto actual de los forestales que lleva años en el candelero. También es intenso el debate sobre la necesidad de cubrir ese marco legislativo estatal que desapareció hace años. En este sentido, hay sectores que abogan por la modificación de la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad para incluir a los forestales, y otros que piden una ley nacional de agentes forestales y medioambientales. En Aragón, los miembros del sector llevan años pidiendo una ley autonómica sin que se atiendan sus pretensiones.
