El Juzgado de lo Social número 25 declara improcedente el despido del que fuera responsable de la seguridad del museo durante casi 20 años
El Juzgado de lo Social número 25 de Madrid ha declarado improcendente el despido del que fuera responsable de seguridad de la Fundación Thyssen durante casi 20 años, Francisco F. R. El hombre abandonó su puesto en agosto de 2010, acogiéndose a una excedencia, y cuando quiso regresar cuatro años después, fue frontalmente rechazado por la baronesa Carmen Cervera, quien cambió los requisitos para acceder al cargo y puso varios que no cumplía su exjefe de seguridad.
Estableció que la plaza debía ser ocupada por alguien que hubiera sido policía o guardia civil durante al menos 10 años, lo que dejaba fuera al histórico responsable de seguridad, quien vio en esta modificación una clara maniobra de Tita Cervera para evitar su regreso y decidió interponer una denuncia. Ahora, el juzgado ha dado la razón al demandante y ha obligado a la Fundación Thyssen a readmitir al extrabajador o abonarle una indemnización. El museo ha optado por esta segunda opción, por lo que tendrá que abonarle 129.643 euros en concepto de indemnización por extinción de contrato laboral.
Considera de este modo el juzgado que "resulta acreditada la voluntad empresarial de negar al actor el reingreso tras la excedencia, lo que determina que nos encontremos ante un despido claramente injustificado". Según refleja la sentencia, el argumento que adujo la baronesa para modificar los criterios de acceso —dijo que la alerta cuatro antiterrorista establecida por el Ministerio del Interior respaldaba el cambio de requisitos— "debe rechazarse". "En modo alguno la valoración que pueda efectuar la empresa puede hacer perder al actor el derecho que le otorga el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores", argumenta la resolución.
"A mayor abundamiento —incide el fallo—, debe indicarse que el demandante desempeñó el puesto de jefe de seguridad de la empresa durante casi 20 años, desde 1992 hasta 2010, por lo que ha de presumirse que reúne las condiciones necesarias para el mismo". Según el juzgado, tras conocer que el exjefe de seguridad reclamaría ser reincorporado y que este no tenía experiencia en seguridad pública, "los patronos [de la fundación] decidieron convocar el proceso de selección que culminó en la contratación de otra persona".
A pesar de que la plaza que había vacante no solo era de igual o similar categoría a la que había dejado el demandante, como estima la legislación, sino que se trataba de la misma que este había desempeñado, la Fundación Thyssen "decidió no reincorporarle y llevar a cabo un proceso de selección para ocupar la plaza exigiendo unos requisitos que conocía que no reunía el actor", argumenta la resolución judicial.
Cuando en marzo del año pasado se jubiló la persona que sustituyó a Francisco F. R. en 2010 —año en el que este se cogió la excedencia—, la plaza fue asignada a un ex guardia civil que cumplía las nuevas condiciones, lo que provocó la reacción del damnificado. "A pesar de la importante y dilatada trayectoria profesional en el sector de la seguridad privada de mi cliente, no ha pertenecido en ningún momento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y sin dicho requisito que ahora se añade vino ejerciendo el cargo casi 20 años, sin que sea posible aducir falta de preparación y capacidad (...), ya que en realidad las características funcionales y técnicas del puesto no han cambiado", razonó la abogada del demandante, Paloma del Amo, en su escrito de denuncia presentado el pasado 6 de abril y ahora corroborado por el juzgado.
