La Conselleria de Justicia adeuda cinco millones a los abogados de oficio, correspondiente al segundo trimestre de 2015, que deberían haber cobrado en septiembre (los letrados de justicia gratuita cobran a trimestre vencido), según denuncian a Levante-EMV abogados de oficio y confirman fuentes de la conselleri. Una deuda a la que se sumará una factura ligeramente inferior (por el descenso de asuntos durante el verano) del tercer trimestre que vencerá a finales de diciembre.
En la misma situación se encuentra la empresa CECA Seguridad, responsable de la vigilancia de todos los juzgados de la Comunitat, a quien la Conselleria de Justicia debe desde hace tres meses 1.122.000 euros, según la Generalitat o alrededor de 1,7 millones, según fuentes de la empresa (ya que incluyen los costes financieros). Unos problemas que la responsable de vigilancia de los juzgados arrastra desde hace cuatro años lo que también le ha provocado problemas de liquidez desde 2012. El resultado es que los trabajadores de CECA Seguridad llevan tres meses sin cobrar y también se les adeuda la paga extra de junio, según confirman fuentes de los trabajadores.
Desde la conselleria, fuentes oficiales admiten ambas deudas, la de los abogados de oficio y la de la empresa de seguridad. «La deuda existe y se reconoce», aseguran. Aunque también señalan que hasta que no llegue la inyección de financiación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), de 1.471 millones, «no hay manera de pagarles» ni a unos, ni a otros.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, también anunció ayer en el Pleno de las Corts que los nuevos baremos de retribución a los abogados del turno de oficio se aplicarán con efecto retroactivo al pasado 1 de octubre, de manera que el incremento acordado con los decanos de los colegios de abogados serán efectivos en el último trimestre. El presupuesto de 2016 prevé un aumento de 4,6 millones para sufragar el coste de la Justicia gratuita por lo que crecerá hasta los 24,6 millones.
