La jueza en excedencia y cabeza de la lista de Podemos por Gran Canaria al Congreso de los Diputados, Victoria Rosell, se considera víctima de las acusaciones políticas del PP y de una investigación abierta por la Fiscalía a raíz de los negocios de su cónyuge, Carlos Sosa, con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez Alonso, donante del PP e imputado por presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social en un expediente judicial que ella instruía. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha salido en su defensa −el viernes pasado acusó al Gobierno de “juego sucio” al utilizar a la Fiscalía y a la Policía Judicial para investigar el caso− y ha anunciado que será su Ministra de Justicia si gana las elecciones del 20D.
Rosell era titular del juzgado número 8 de Las Palmas. En enero de 2014 le tocó por reparto una denuncia de la Fiscalía de delitos económicos contra el empresario local Ramírez Alonso, promotor de la empresa Seguridad Integral Canaria (CIC) y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, por presuntos delitos de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Al parecer, camuflaba parte del salario de los empleados como dietas para ahorrarse parte del IRPF y de las cotizaciones sociales. Solo la Seguridad Social le reclama 13 millones de euros.
Los expedientes por presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social no constituían un problema para Ramírez Alonso, ya que no le impedían acudir a la contratación de servicios de seguridad con las administraciones públicas. Las leyes restrictivas (anticorrupción), que impedían a los organismos públicos contratar con las empresas que no estuvieran al día en los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, no le afectaban porque, al parecer, ni la Agencia Tributaria ni la Seguridad Social informaba negativamente sobre él.
De los gobiernos del PP ha obtenido grandes contratos para la vigilancia y protección de los monumentos, museos y establecimientos del Patrimonio Nacional, entidad dependiente del Ministerio de la Presidencia, del que es titular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Cuando el caso salió a la luz y llegó al Parlamento, el Ejecutivo adujo que no le constaban los informes negativos. Ramírez Alonso también obtuvo contratas de los gobiernos autonómicos madrileños de Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, para la vigilancia y seguridad del Metro de Madrid, e incluso, más recientemente, de numerosas oficinas de la propia Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo. Algo verdaderamente paradójico.
El empresario canario Miguel Ángel Ramírez. / Wikipedia
Cierto es que Ramírez Alonso pasaba (y pasa) por ser uno de los empresarios afines al PP. Su amistad con el presidente del partido en Canarias y ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, es pública y conocida. Como benefactor del partido, el Tribunal de Cuentas registró un donativo de 50.000 euros al PP antes de la campaña electoral de 2011. Dos años después, en 2013, a propuesta del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fue indultado de un delito ecológico (la construcción de un aparcamiento y unos muros en torno a una finca en un paraje especialmente protegido) por el que fue condenado a tres años de prisión. Ni pisó la cárcel.
Cuando el expediente por presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social cayó por reparto en el juzgado 8, la jueza Rosell lo asumió como uno más, pero visto que la instrucción no avanzaba, la fiscal elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial aduciendo “dilación maliciosa”. El órgano disciplinario de los jueces no halló “fundamento objetivo” en la acusación y archivó el asunto.
Año y medio después, con la instrucción sin concluir, la jueza Rosell pidió la excedencia y abandonó el juzgado. Esto ocurrió el 15 de octubre pasado. Unos días después, el 26 de octubre, su cónyuge, el periodista Carlos Sosa, propietario de la empresa Clan de Medios, firmó con el imputado Ramírez Alonso un contrato de cesión por 12 años, con opción a compra, de una frecuencia de radio que le reportó 300.000 euros. El empresario, cuyo respeto por las normas parece más bien laxo, se había visto privado por el Gobierno de Canarias de la licencia radiofónica para promocionar a la Unión Deportiva Las Palmas.
Tres días después de que concluyeran las negociaciones entre el referido Ramírez y el compañero de la jueza Rossell, ésta anuncio su candidatura como cabeza de la lista de Podemos al Congreso. Esto indujo a la Fiscalía a abrir diligencias y encargar, la semana pasada, a la policía una investigación sobre el contrato y las fechas en las que el empresario imputado realizó los pagos a Sosa. Los concernidos ya han sido interrogados. La investigación se centra en hallar indicios que permitan demostrar que la jueza y ahora candidata conocía los contactos económicos entre su pareja y el imputado y que incumplió las normas que la obligaban a inhibirse de la instrucción para que la realizara otro juez. De existir indicios de supuesto trato de favor al imputado, el Consejo del Poder Judicial podría actuar muy duramente por la vía disciplinaria.
No sería la primera vez que una futura ministra de Justicia –según el anuncio de Iglesias– es expedientada por el órgano rector de los jueves. Vale recordar que Margarita Mariscal de Gante –hija del presidente del tribunal franquista de orden público, el temido TOP– se negó durante años a dictar sentencias de divorcio cuando era jueza de lo civil en Madrid. El Consejo del Poder Judicial le abrió un expediente sancionador, pero poco después se convirtió en consejera del propio Consejo a propuesta del PP y su expediente fue archivado. Luego, en 1996, José María Aznar la nombró ministra de Justicia.
Además de estar sometida a la investigación de la Fiscalía, con la consiguiente actuación de la Policía Judicial, Rosell ha sido objeto de una querella por injurias y calumnias, interpuesta por el ministro Soria, candidato del PP por Las Palmas, al que acusó de “manipular e instrumentalizar” a la Fiscalía con fines políticos para perjudicarla en la contienda electoral. Soria se sintió “difamado” y presentó el viernes la querella en los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid. Horas después, como si Pablo Iglesias ignorara que los cínicos (de canelo, perruno, que orina en público) fueron una escuela filosófica de la antigua Grecia que dejó profunda huella en la política, recibía el mensaje de ánimo del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy. “Vais muy bien”, le dijo en el festejo del 37 aniversario de la Constitución.
