La Asociación de Guardias Civiles afirma que el Gobierno prorroga la privatización de la seguridad penitenciaria poco antes de las elecciones generales
La AUGC ha denunciado a través de un comunicado que “apenas dos meses antes de que se celebren las elecciones generales del 20 de diciembre, el Gobierno del Partido Popular ha decidido prorrogar el contrato suscrito con distintas empresas de seguridad privada en todos los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, incluido el de Córdoba, en el que actualmente trabajan seis vigilantes privados de la empresa Garda”.
Para la Asociación de guardias civiles, “resulta muy revelador que cuando en octubre de 2014 se inició la segunda fase de dicho proceso privatizador, la Secretaría de Estado de Seguridad informó detalladamente sobre las condiciones del contrato, y sin embargo la prórroga del mismo se ha llevado a cabo sin informar a nadie”.
Ante los rumores existentes entre los propios vigilantes privados, la AUGC tramitó un escrito al secretario de Estado de Seguridad preguntándole si se había producido la referida prórroga, así como el coste económico concreto de la misma.
La AUGC afirma que hace unos días la Secretaría de Estado contestó que “efectivamente el contrato ha sido prorrogado durante un año más hasta el 30 de septiembre de 2016”. La AUGC considera “injustificable” que se prorrogue un contrato tan relevante poco antes del proceso electoral, imponiendo a un posible nuevo gobierno un compromiso de varios millones de euros por unos servicios absolutamente innecesarios y duplicados.
En el escrito de la Secretaría de Estado, informa la AUGC, se asegura que “no se han producido modificaciones ni en los aspectos técnicos ni económicos”. Pero para la Asociación, “lo cierto es que en algunos de los centros penitenciarios se ha incrementado el número de vigilantes privados tras el inicio de la prórroga, y obviamente la prolongación durante un año del contrato debe conllevar un considerable incremento del coste económico, teniendo en cuenta que la segunda fase del proceso privatizador conllevaba un gasto de más de 33 millones de euros, según anunció el propio Gobierno”.
