El juez que sustituye a Victoria Rosell ha impuesto a la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) una fianza de 35 millones para garantizar las posibles responsabilidades civiles del proceso por delitos de fraude fiscal que tiene abierto contra su propietario, Miguel Ángel Ramírez.
El magistrado Salvador Alba ha resuelto así la petición que reiteradamente había presentado la Fiscalía a Victoria Rosell a lo largo de la instrucción para que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil, sin respuesta por parte de la anterior titular del Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, según informan hoy los diarios "La Provincia" y "El Mundo".
Rosell, exportavoz nacional de Jueces para la Democracia, solicitó en octubre una excedencia al Consejo General del Poder Judicial para presentarse a las elecciones como cabeza de lista de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas.
Su Juzgado se encarga desde 2014 del caso en el que se acusa al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de haber defraudado más de 20 millones a Hacienda y la Seguridad Social camuflando de forma sistemática el pago de horas extras a los empleados de SIC como si fueran dietas, que no tributan.
A lo largo de la instrucción, Rosell ha mantenido importantes discrepancias con la fiscal de Delitos Económicos Evangelina Ríos. Ambas se han acusado mutuamente de haber provocado con su actuación que el caso no avanzara como era debido y han presentado quejas al respecto ante el Consejo General del Poder Judicial (Ríos contra Rosell) y ante el Consejo Fiscal (Rosell contra Ríos).
Victoria Rosell abandonó el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 22 de octubre, cuando se hizo efectiva la excedencia en sus funciones concedida por el CGPJ.
La fiscal Ríos ha abierto ahora un procedimiento para investigarla -de índole "disciplinario", no penal, según ha subrayado el la Fiscalía de Las Palmas-, porque quiere averiguar si conocía que su pareja, el periodista Carlos Sosa, estaba en negociaciones con la UD Las Palmas para arrendarle por 300.000 euros una licencia de radio, en un contrato que se cerró el 26 de octubre y que se rubricó formalmente dos días más tarde.
El Ministerio Público quiere conocer si Rosell sabía de esas negociaciones y, si en consecuencia, incumplió con su obligación legal de apartarse de la instrucción por tener intereses personales -indirectos, en este caso- con su principal protagonista, Ramírez.
Rosell ha replicado presentando alegaciones en las que defiende su comportamiento como instructora, cuestiona la competencia de la Fiscalía para abrir diligencias "disciplinarias" sobre un juez y denuncia que los promotores de esa investigación, la fiscal Evangelina Ríos y el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco, mantienen una pública enemistad contra ella.
La fiscal del caso de fraude fiscal ha interrogado en los últimos días a varios testigos en esas diligencias disciplinarias.
En paralelo, el nuevo titular del Juzgado número 8 ha aceptado dos peticiones de la Fiscalía que Rosell no llegó a atender: ampliar la investigación a los ejercicios fiscales de 2010 a 2013 (hasta ahora, el proceso se ceñía a 2008 y 2009) y abrir una pieza de responsabilidad civil, con la exigencia de fianzas.
"La Provincia" publica hoy que la fiscal Ríos llegó a solicitar hasta siete veces la apertura de esa pieza a la juez Rosell.
