*Cree que Rosell instruía un caso contra el presidente de Las Palmas mientras este cerraba un negocio con su pareja
*La fiscal denunció a la juez anteel CGPJ por 'retraso malicioso'
*El empresario canario adquirió una emisora de radio por 300.000 euros
La candidata de Podemos y juez Victoria Rosell tiene un problema. La Fiscalía de Las Palmas ha abierto una diligencia de investigación para indagar sobre su comportamiento durante la instrucción de la causa que llevaba a cabo contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La sospecha de la Fiscalía es que la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, negoció la venta de una licencia de radio al investigado en plena instrucción de la causa, algo que debería haber llevado a Rosell a abstenerse de forma inmediata de seguir al frente del caso.
Según explicaron fuentes de la investigación, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se quedó sin su emisora de radio porque el Gobierno canario le prohibió emitir. Se trataba de una radio fuerte por el vínculo del fútbol y con importantes contratos publicitarios. Pero en el mismo momento en que se quedaba sin emisora Ramírez empezó a tener una alternativa para hacerse con otra: un acuerdo con el periodista Carlos Sosa. Bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios, ambos acordaron la cesión de una emisora a Ramírez para que hiciera y deshiciera a su antojo.
El anuncio de que Rosell se incorporaba a las listas de Podemos se produjo el pasado 23 de octubre. La venta de la emisora se firmó tres días después, el 26 de octubre. Fuentes de la investigación añadieron que las negociaciones llevaban semanas produciéndose. A todos los efectos se trata de una compra a la entidad Clan de Medios, Comunicación y Marketing, propiedad de Carlos Sosa. El montante económico de la operación supera los 300.000 euros.
La representante de la Fiscalía ya denunció un extraño retraso en la instrucción que estaba realizando la juez Rosell relativa a Miguel Ángel Ramírez. Ahora, en esa pieza de investigación la Fiscalía quiere averiguar hasta qué punto ese retraso tuvo que ver con el negocio que estaban cerrando el investigado Ramírez con la pareja de la juez.
En el caso en el que está acusado el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas se indagan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Fue la propia Fiscalía la que presentó una denuncia contra este conocido empresario al entender que sus actuaciones con los pagos a sus 3.000 empleados no se ajustaban a la ley. De hecho, desde la Seguridad Social se le reclaman hasta 13 millones de euros no ingresados.
Las pesquisas le correspondieron por reparto a la juez Rosell. Ramírez ya tenía una primera condena. El empresario de 46 años, propietario de Seguridad Integral Canaria -la mayor empresa de seguridad de las islas con 5.500 trabajadores en toda España-, había sido condenado a tres años de cárcel por levantar ilegalmente una pajarera, un estanque de 400 m2, dos aparcamientos, una vía... todo ello después de «la tala de múltiples árboles» en una zona protegida medioambientalmente y conocida como La Milagrosa, a las afueras de Las Palmas.
La condena, tras tumbarse un indulto parcial concedido por el Supremo, se encuentra suspendida. Sin embargo, una segunda condena supondría su inmediato ingreso en prisión. Sólo hay una posibilidad de que eso no ocurra: que la primera condena quede definitivamente sin efecto al haber transcurrido tres años desde que fue dictada. Ya han pasado dos, por lo que si la causa actual no se resolviera antes de un año no se produciría la acumulación de condenas y Ramírez evitaría la prisión.
Las investigaciones actuales que el presidente de Las Palmas tiene abiertas se concitan entre 2008 y 2013. Las pesquisas judiciales se inician a principios de 2014. Pero ya en junio, la fiscal que acompañaba a Rosell en la investigación puso una queja contra la instructora al considerar que se estaba produciendo un «retraso malicioso». El Consejo General del Poder Judicial archivó esta queja al entender que no existía prueba material que avalara que el retraso de la causa fuera malicioso.
Durante su instrucción, la juez Rosell contaba con un juez de apoyo, Alejandro Navarro, al que quería dejar en herencia sus investigaciones cuando se incorporó a las filas de la formación de Pablo Iglesias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia optó por nombrar un juez sustituto profesional, pese a que recibió numerosas presiones para que la causa no llegara a manos de otro magistrado ajeno al juzgado de Rosell.
En este ínterin entre el movimiento de Podemos y la concreción del fichaje, el abogado de Ramírez presentó dos peticiones de sobreseimiento de la causa, cuando Rosell aún estaba al frente del juzgado.
Al investigado se le solicitaron documentos sobre el pago de las dietas a sus empleados, que es donde la Justicia entiende que se han cometido los delitos investigados. Se le dieron inicialmente 15 días para que los presentara. Al finalizar el plazo, Ramírez aseguró que no le había dado tiempo a recopilar toda la información y pidió más tiempo. Rosell le concedió un mes más. Pasado ese plazo, Ramírez adujo que toda la documentación le fue requerida ya por Hacienda y por la Seguridad Social y reclamó que el juzgado la pidiera a ambas instancias. La juez instructora dio el visto bueno a este recurso. Cursó petición a Hacienda y a la Seguridad Social para que facilitara una documentación que aún no ha llegado. La Fiscalía presentó recurso contra esta decisión, que está pendiente de resolverse por la Audiencia Provincial.
