El juez que la sustituyó en el 'caso Ramírez' denuncia los hechos a la Fiscalía
La candidata de Podemos y ex juez de Las Palmas, Victoria Rosell, congeló durante casi dos años una información considerada clave para avanzar en el esclarecimiento del caso que afecta al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Según un informe remitido a la Fiscalía por el actual instructor de la causa, Rosell orilló una documentación remitida desde laUnidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional el 5 de febrero de 2014. Se trataba, en concreto, de un pen drive con "abundante documentación relativa a pagos de dietas a trabajadores, nóminas de los mismos y demás información relevante para la instrucción".
"Lo curioso es que cuando quien esto suscribe toma posesión del juzgado, el sobre que contenía el indicado pen drive con tan voluminosa documentación no había sido ni siquiera abierto y, desde luego, no se dio copia del mismo al resto de las partes, lo que acuerda este magistrado que suscribe con la mayor urgencia posible el mismo día 9 de diciembre de 2015".
El actual instructor de la causa, el magistrado Salvador Alba, fue requerido por la fiscal que investigaba la instrucción de Rosell para que le remitiera un informe de cómo se había encontrado el sumario. Ramírez está siendo investigado por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social relacionados con su empresa de seguridad. Y uno de los aspectos clave en las pesquisas judiciales es aclarar el pago a los trabajadores a través de dietas, por lo que, según fuentes cercanas al caso, la información contenida en el pen drive puede ser definitiva para cimentar una acusación sólida contra el presidente de la UD Las Palmas.
La fiscal de delitos económicos remitió el viernes al Consejo General del Poder Judicial su informe final, una vez concluidas sus pesquisas, horas antes de que el Tribunal Superior ordenara suspender esta investigación. En su escrito, la fiscal apunta irregularidades cometidas por Rosell durante la instrucción de las indagaciones acerca de Ramírez.
Una operación de 300.000 euros
El objeto de su investigación es esclarecer las relaciones entre Ramírez y el compañero sentimental de la juez Victoria Rosell. Ramírez negoció la compra de la emisora de la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, mientras la ahora ex juez le estaba investigando. La venta/arrendamiento se firmó a cambio de 300.000 euros.
Pese a que el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas que ocupaba Rosell contaba incluso con un juez de refuerzo, la causa sobre Ramírez avanzaba a una lentitud poco justificable, según se deduce del escrito del actual juez instructor.
De hecho, como ya adelantó EL MUNDO, el nuevo magistrado resolvió hace unos días las peticiones de fianza para Ramírez solicitadas por las acusaciones hacía más de 20 meses y sobre las que la juez Rosell guardaba silencio. El juez impuso 35 millones de euros al investigado.
'Un evidente retraso'
En el informe remitido a la Fiscalía, el instructor desglosa cómo se encontró las diligencias previas 644/2014: "Quien suscribe ha podido constatar lo que a mi juicio supone un evidente retraso en la tramitación de la misma, hasta el punto de no haberse resuelto peticiones de las partes durante casi dos años, lo que ha motivado que quien suscribe haya adoptado cuantas resoluciones y diligencias se encontraban pendientes de resolución, tales como diligencias de instrucción, finanzas... con la mayor celeridad posible".
Constata el magistrado que las acusaciones particulares habían solicitado una serie de diligencias en abril de 2014 (reiteradas en julio y en noviembre de ese mismo año) "que aún a mi toma de posesión no habían sido resueltas en su totalidad, sobre todo la de requerir [a la empresa de Ramírez] los datos de facturación de los años 2010 y 2013 de la prestación de servicios de vigilancia [uno de los cometidos de su empresa]". Las peticiones de las acusaciones contaron con el aval del Ministerio Público. Según el escrito que obra en poder de EL MUNDO, Victoria Rosell se marchó del juzgado a la política sin resolver estas solicitudes.
"Sin que esto tenga relevancia a efectos del presente informe, lo cierto y verdad es que durante el año 2014 se dictan tan solo dos resoluciones judiciales en este procedimiento", apunta uno de los párrafos más contundentes del escrito del juez titular del juzgado 8 de Las Palmas.
"Debo destacar que desde el 31 de julio de 2014, una de las acusaciones particulares interesó que se ampliara la querella, o lo que es igual, la imputación a los investigados por delito contable, algo que aún no ha tenido pronunciamiento judicial alguno, sobre todo si tenemos en cuenta que el fiscal ya había solicitado por escrito el 3 de agosto de 2015 que se recibiera declaración a los investigados por los periodos comprendidos entre 2009 y 2013, algo que ni resuelve la juez titular ni por el juez de refuerzo".
La fiscal remitió su informe al Consejo General del Poder Judicial en el que además de la auditoría del actual juez instructor, incluyó también declaraciones prestadas por quienes llevaron a cabo las negociaciones con el presidente de Las Palmas para comprar la emisora de la pareja sentimental de la juez Rosell. La candidata de Podemos ha denunciado una conspiración político-judicial contra ella tras las revelaciones de EL MUNDO.
Ahora, las pesquisas de la Fiscalía están sobre la mesa del Consejo General del Poder Judicial que deberá estudiar si Rosell merece sanciones disciplinarias, al margen de que la propia Fiscalía entienda finalmente que el comportamiento de la ex instructora es merecedor de una querella.
