Adif abre un proceso «urgente» para rescindir el contrato con la firma LPM, que vigila el enlace Lemoa-Galdakao. Las obras ya se detuvieron en 2013 por la crisis
Adif, la sociedad pública dependiente del Ministerio de Fomento que ejecuta las obras de la ‘Y’ vasca en Bizkaia y Álava, ha iniciado un proceso «urgente» para intentar rescindir el contrato que tiene firmado con la empresa de seguridad LPM. La firma, con base en Cataluña y una potente delegación en Euskadi, vigila el tramo Lemoa-Galdakao, pero se acaba de declarar en concurso de acreedores tras reconocer un agujero de al menos 17 millones de euros. Los trabajadores no tienen garantizado el abono de sus nóminas desde este mismo mes y algunos ya han empezado a solicitar bajas médicas. LPM intenta cuadrar los turnos en el perímetro del Tren de Alta Velocidad (TAV) con algunas contrataciones y la reasignación de empleados destinados a otras labores, pero fuentes sindicales advirtieron ayer de que el riesgo de «descubrir» el servicio, y obligar a paralizar las obras ferroviarias, «será mayor cada día que pase».
El tramo Lemoa-Galdakao tiene 6,5 kilómetros de longitud y su ejecución fue adjudicada en 2008 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Elejalde, compuesta por Ortiz Construcciones y Proyectos, Enrique Otaduy y Construcciones Murias. Las labores se paralizaron en 2013 por los recortes del Gobierno central y se reanudaron el pasado ejercicio. LPM se ha hecho cargo de la vigilancia siempre. Al comienzo -con la amenaza de ETA y el polvorín necesario para abrir túneles-, el control era mucho más exhaustivo, pero ahora se completa con apenas siete profesionales. Según el convenio firmado con Adif, la firma también se ocupa de la vigilancia de la estación de Abando en Bilbao -25 personas- a las que se unen otras 60 repartidas por otros puntos de la comunidad.
Subrogación
Portavoces de LPM solicitaron el pasado viernes al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona el concurso de acreedores. Entre otros asuntos, adeuda 13 millones de euros a Hacienda y 4 más a la Seguridad Social. Aunque la firma plantea un calendario de pagos, las fuentes consultadas aseguran que está «abocada a la liquidación», lo que dibuja un incierto panorama para los trabajadores ya que el proceso puede alargarse durante meses «sin ver un euro». No acudir a trabajar sería motivo de despido, por eso van a dispararse las bajas. Es lo habitual en estos procesos.
Ante el riesgo de que el asunto se enquiste, el Ministerio de Fomento, que se ha comprometido a terminar la ‘Y’ vasca para 2019, un plazo de lo más ajustado, ha iniciado el proceso para rescindir el contrato de LPM y abrir un nuevo concurso público. El cambio también beneficiaría a los vigilantes porque todos los que lleven más de 7 meses destinados al tramo del TAV serían obligatoriamente subrogados por la nueva adjudicataria.
