Victoria Rosell dejó sin resolver durante 20 meses las cautelares solicitadas contra el presidente del Las Palmas mientras éste negociaba la venta de una emisora a su pareja
Las pesquisas sobre las actuaciones de la candidata de Podemos, Victoria Rosell,cuando estaba al frente de un juzgado en Canarias continúan. La Fiscalía sigue indagando en la instrucción que dirigía Rosell contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y los vínculos entre el investigado y el compañero sentimental de la juez, el periodista Carlos Sosa. El empresario acordó desembolsar a este último 300.000 euros a cambio del uso de una emisora mientras Rosell le investigaba por delitos contra la Hacienda Pública y fraude por más de 13 millones de euros a la Seguridad Social.
El juez que ha sustituido a Rosell en la investigación, una vez ésta se ha incorporado como candidata de Podemos, está resolviendo los asuntos pendientes. Y entre éstos está una petición de fianza contra el propio Miguel Ángel Ramírez. Ayer, el magistrado sustituto acordó fijar una fianza para el presidente deLas Palmas por 35 millones de euros, atendiendo a las solicitudes de las acusaciones personadas en esta causa.
Lo curioso de la decisión de ayer es que el actual instructor ha tenido que resolver estas peticiones que estaban pendientes desde el 29 de abril de 2014. La entonces juez Rosell no se había pronunciado al respecto de estas peticiones durante los 20 meses en los que estuvo al frente de la instrucción. Esta posición, finalmente, se convertiría en un no, porque la juez no impuso en su instrucción ninguna fianza sobre el investigado. La negativa de Rosell a resolver la adopción de medidas cautelares ayudó a que Ramírez mantuviera la cantidad, ahora requerida por el juez sustituto, en sus bolsillos.
La inacción de la candidata de Podemos se prolongó durante toda su instrucción, hasta el mismo momento de dejar el despacho. La fiscal también ha tenido en cuenta esta circunstancia en su informe final sobre las pesquisas porque, como apuntan los investigadores, el hecho de que no adoptara esta medida reclamada por las acusaciones desde el principio puede interpretarse como un «trato de favor» hacia Ramírez. Durante este tiempo Carlos Sosa y el empresario pactaron la operación por la que éste debe desembolsar al primero los 300.000 euros.
Estas fuentes señalan que las peticiones de fianza contra el presidente de Las Palmas no se atendieron en ninguna ocasión, y que hasta siete peticiones estaban pendientes de ser resueltas por el juzgado. La Fiscalía no se había posicionado nunca en contra de ninguna de estas solicitudes.
Este tipo de silencios motivaron una denuncia por parte de la Fiscalía contra la entonces juez Rosell; una actuación que llegó ante el Consejo General del Poder Judicial y fue finalmente archivada. La Fiscalía intenta averiguar las relaciones que durante la instrucción de Rosell mantuvo su pareja sentimental con el investigado.
La sospecha que existe en la Fiscalía es que los contactos entre la pareja de Rosell y su investigado se produjeron mientras la candidata tenía las riendas de la instrucción contra el presidente de la UD Las Palmas.
Con esta fianza impuesta se trataría de cubrir las responsabilidades civiles derivadas de una posible condena por este asunto. Según explicaron fuentes de las acusaciones, las solicitudes de los que actúan contra Ramírez querían que el juzgado elevara esa fianza hasta los 60 millones de euros, pero sus peticiones llegaron a Victoria Rosell y cayeron en el olvido.
Las pesquisas contra el presidente de la UD Las Palmas arrancaron con una querella presentada por la propia Fiscalía. Posteriormente se adhirieron varias acusaciones particulares, que son las que solicitaron la fianza a la que nunca se opuso el Ministerio Público.
La candidata de Podemos ha denunciado una persecución contra ella y ha puesto en la picota de esta conspiración al ministro de Industria y candidato del PP por Las Palmas, José Manuel Soria, y a la Fiscalía del Las Palmas. El ministro respondió a estas acusaciones presentado una querella por injurias y calumnias contra la juez en excedencia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.
