La Audiencia de Sevilla ordenó el pasado lunes la puesta en libertad provisional de los ciudadanos rumanos Adi D. y Marius L. C., que han sido juzgados por el asesinato de un vigilante de seguridad José Antonio Jiménez Ceferino para robar cobre en Marchena (Sevilla) y que se enfrentan a una petición de condena de la Fiscalía de 28 años de cárcel cada uno. La decisión de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de excarcelarles antes de que se dice la sentencia apunta a que los dos acusados podrían ser condenados por delitos menores.
En el auto que acuerda la libertad provisional de ambos jóvenes, con la obligación de comparecer ante el tribunal los días 1 y 15 de cada mes, la Audiencia recuerda que los dos acusados estaban en prisión provisional desde octubre del año 2010, habiéndose prorrogado esta medida en octubre de 2012. Los magistrados hacen hincapié en que, conforme al artículo 504.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la situación de prisión provisional debe prolongarse durante el "tiempo imprescindible para asegurar los fines que legitiman la medida".
En el caso de Adi D., de 24 años, y de Marius L. C., de 25, la prisión se prolonga desde hace ya más de tres años, "excediendo con creces el límite máximo ordinario, y se ha cumplido el objetivo primordial de garantizar la celebración del juicio oral", que tuvo lugar los días 20 y 21 pasados.
Lo más importante del auto de libertad es que, según los magistrados, "el riesgo de inefectividad de la eventual condena" no será "tampoco relevante, visto el estado a que ha llegado la deliberación del tribunal", de lo que se desprende que los acusados podrían ser condenados sólo por delitos menores y no por el asesinato del vigilante José Antonio Jiménez Ceferino, de 32 años.
Los abogados Esperanza Lozano y Carlos de Elías, que han defendido a estos imputados, pidieron en el juicio la nulidad de una prueba de ADN practicada a los dos acusados, mientras que la Fiscalía propuso el resultado de otras pruebas realizadas en una causa diferente en Almendralejo (Badajoz) que según el Ministerio Público podría implicarles. Los letrados mostraron su satisfacción por la decisión del tribunal de excarcelar a los dos jóvenes rumanos, al considerar que no hay pruebas de su participación en los hechos.
Los dos procesados estaban imputados por delitos de robo, asesinato y daños, y la Fiscalía había pedido 21 años y medio de cárcel por el crimen, tres años y medio más por el robo con violencia y otros tres años por los daños, ya que supuestamente habrían quemado el coche del fallecido tras huir en él. El robo se produjo el 24 de noviembre de 2009 y la muerte del vigilante tuvo lugar el 19 de enero de 2010 como consecuencia de las lesiones sufridas. En el juicio, los dos implicados se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.
