7 de octubre de 2014

AUGC critica "descoordinación y falta de instrucciones claras" en la incorporación de vigilantes privados a prisiones

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado hoy "la descoordinación, duplicidades y falta de instrucciones claras" en la incorporación de los vigilantes privados a las prisiones madrileñas.
   Desde el pasado 1 de octubre los agentes de seguridad privada se han incorporado a las prisiones madrileñas, en lo que supone la segunda fase de la privatización de la seguridad penitenciaria en todos los centros dependientes del Ministerio del Interior (67, de los cuales 58 son responsabilidad de la Guardia Civil), mientras que en la primera fase (experimental) se había implantado en 21 prisiones.
   La situación actual en las prisiones madrileñas denota, a juicio de AUGC Madrid, una "total improvisación". "Desde su inicio hace más de un año, este proceso privatizador ha suscitado el absoluto rechazo de guardias civiles, policías, funcionarios de Instituciones Penitenciarias y organizaciones sindicales, pero más aún lo ha sido la falta de preparación y formación de los vigilantes incorporados este mes, como hemos comprobado", ha dicho la asociación.
   En el conjunto de prisiones madrileñas, son los guardias civiles que antes desempeñaban estas funciones los que están instruyendo y orientando a los vigilantes.
   "A pesar de que su incorporación estaba planificada y un plan de formación era posible, la mayoría ha comenzado el trabajo en prisión sin conocer sus funciones e ignoran los servicios propios de las labores de vigilancia diarias. Esto a pesar de que los vigilantes debían recibir 15 horas de formación teórica y 8 de formación práctica antes de su incorporación y que se están haciendo sobre la marcha", ha dicho la AUGC.
   Por eso, ante la ausencia de preparación, estos cometidos siguen siendo asumidos por los agentes de la Guardia Civil. "La situación se resume al final en una duplicidad de funciones generada por una falta de instrucciones claras desde el principio", han esgrimido.
   La misma improvisación es palpable, a juicio de la Asociación Unificada de Guardia Civiles de Madrid, también "en la falta de instalaciones acondicionadas" para los vigilantes de seguridad privada.
   Según han relatado, en prisiones como la de Valdemoro o Aranjuez los vigilantes se incorporaron sin taquillas. En Alcalá Meco su llegada ha supuesto el abandono temporal de la habitación que utilizaban los agentes de la Guardia Civil, a pesar de que hay lugares en la prisión en desuso desde hace 3 años y que bien habrían servido para acomodarles con un poco de previsión, han señalado.
   En Estremera también acaban de empezar obras de acondicionamiento en los vestuarios y los agentes tienen que cambiarse de momento en la sala de retén provisional. Además, en algunas prisiones, vigilantes y guardias civiles comparten espacio en la sala de monitores de vigilancia, donde tienen acceso a los cuadrantes, órdenes de servicio e incluso pueden ver las consultas por intranet de los agentes, información toda ella reservada a los funcionarios de la Guardia Civil.
   Por último, AUGC Madrid ha asegurado que quiere denunciar estas situaciones, "todas ellas previsibles y fácilmente evitables trabajando con un poco de anticipación en aras de mejorar el servicio, cosa que de momento no está ocurriendo".

Interior: Ningún g.civil ha perdido su puesto en la seguridad de las cárceles

Responsables del Ministerio del Interior han asegurado hoy en el Congreso que ni un solo guardia civil ha tenido que dejar su trabajo en la vigilancia de las prisiones después de que el Gobierno decidiera reforzar la seguridad del perímetro exterior de las cárceles con agentes privados.
Tanto el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, como el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de mesa, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, han insistido en este argumento tras las críticas de la oposición por introducir la seguridad privada en las prisiones.
El diputado socialista Antonio Trevín ha ido más allá y ha reprochado que se haya adjudicado uno de estos contratos a la empresa de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, a quien el gobierno a través de las leyes "le han puesto en bandeja su área de negocio".
Trevín ha recordado algunas de las declaraciones de Oriol, como en las que aseguraba que no quería contratar a mujeres de entre 25 a 45 años por si se quedaban embarazadas, algo que sería un problema.
Martínez ha eludido entrar en la polémica sobre esta empresa en concreto, pero sí ha invitado a Trevín a que le dijera el nombre de un solo guardia civil que hubiera tenido que abandonar su trabajo en la seguridad de una cárcel al haber sido sustituido por un trabajador de la seguridad privada.
Un sector, ha defendido el número dos de Interior, que presta un servicio "relevante" y que no pretende en ningún caso reemplazar el trabajo de las fuerzas de seguridad, sino de colaborar y "reforzar" la vigilancia de los centros al servicio y con la preeminencia de la Guardia Civil y la Policía.
Para esta iniciativa se han cerrado contratos con más de una decena de empresas por importe de 33 millones de euros en dos anualidades de gasto.
Mientras, el máximo responsable de la Guardia Civil se ha mostrado "encantado" de tener el apoyo de los exescoltas del País Vasco que se han incorporado a este nuevo servicio.
En esta reestructuración "no se pretende sustituir a nadie, y menos a los únicos que son depositarios de las armas", ha enfatizado Fernández de Mesa antes de aseverar que "ningún guardia civil ha perdido su puesto de trabajo".
Por su parte, Ángel Yuste ha recordado que la seguridad perimetral ha sido "excelente", como acredita que desde 2011 no haya habido fugas de presos en los centros de régimen cerrado.
De todos modos, ha valorado el refuerzo de la seguridad privada porque "todo lo que mejora lo que existe, es digno de aplauso".

Un joven es condenado por grabar a una chica desnuda en el probador de una tienda

El procesado fue descubierto por la víctima cuando capturaba imágenes con un teléfono móvil por encima del tabique del habitáculo contiguo al que estaba ella
Un joven fue condenado por grabar a una chica desnuda desde el probador de al lado al que se encontraba la víctima, que se percató de los hechos y alertó a las empleadas del centro comercial y al vigilante de seguridad. El procesado, que evitará ingresar en prisión porque carece de antecedentes penales, huyó precipitadamente de las instalaciones en coche cuando fue descubierto. El juez de Penal número 3 lo sentenció por cometer un delito contra la intimidad de las personas a seis meses de cárcel y al abono de una multa de 1.440 euros, así como a indemnizar a la afectada con 600 euros
Un joven de 26 años fue condenado a seis meses de cárcel por grabar a una chica desnuda en los probadores de un centro comercial de oportunidades situado en Altamira. El procesado fue descubierto por una clienta que se percató de que estaba siendo grabada con un teléfono móvil "o un dispositivo similar" cuando se encontraba desnuda y se disponía a probarse algunas prendas de ropa. Los hechos, según consta en la sentencia, ocurrieron sobre las 18.00 horas del 2 de noviembre de 2009.
El magistrado del Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña relata en el fallo que el acusado se introdujo en las dependencias justo después de que accediese la afectada. Cuando la mujer se encontraba en uno de los habitáculos reservados para que las clientas se prueben las prendas, el condenado alzó uno de sus brazos sobre el tabique divisorio del probador contiguo y la grabó con el terminal u otro dispositivo tecnológico de ese tipo. Al ser descubierto, el joven, que en ese momento tenía 26 años, abandonó "precipitadamente" las instalaciones en un monovolumen que había estacionado en el aparcamiento.
El juez sentenció al sospechoso como autor de un delito contra la intimidad de las personas y lo condenó a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 1.440 euros. El titular de Penal 3, además, le impuso el abono de una indemnización a la víctima de 600 euros por el daño moral que le causó más los intereses legales desde el año 2009. El joven no ingresará en prisión, ya que la pena es inferior a dos años y carece de antecedentes penales. El magistrado tuvo en cuenta a la hora de dictar la sentencia, contra la que cabe recurso, la atenuante de dilaciones indebidas, ya que los hechos sucedieron en 2009 y el proceso judicial se retrasó por causas ajenas al sospechoso.
El fallo destaca que el Código Penal amplió en 1995 la protección del derecho a la intimidad debido, fundamentalmente, al desarrollo tecnológico, que ha posibilitado "nuevas formas de control del individuo". El juez recalca que el imputado vulneró la intimidad de la mujer captando las imágenes de ella desnuda en el probador. "La actuación no puede considerarse ética ni jurídicamente indiferente", asevera. Además, señala que la perjudicada testificó que vio un teléfono que la grababa y que tenía una luz encendida. Dos empleadas de las instalaciones declararon que la chica salió inmediatamente del probador y que les contó que alguien la había grabado. El vigilante de seguridad del centro relató la misma versión durante la vista oral. Un guardia civil que se encontraba de paisano en un vehículo camuflado presenció cómo el joven abandonó rápidamente en su turismo el centro comercial ubicado en Altamira.
El representante del Ministerio público reclamaba en su escrito de calificación sobre los hechos que el imputado fuese sentenciado a dos años y medio de cárcel y a pagar una multa de 5.400 euros, así como a abonar una indemnización a la víctima de 600 euros.

Bronca en Alcalá Meco porque los guardias civiles han tenido que ceder su vestuario a los vigilantes de seguridad

Los agentes se han quejado de que el teniente haya accedido a que utilicen esa dependencia
El pasado 1 de octubre  vigilantes de seguridad empezaron a ocupar puestos de vigilancia del perímetro exterior y control de las cámaras en la cárcel de Alcalá Meco, Madrid. En el penal, existe un malestar generalizado entre los miembros de la Guardia Civil porque les han quitado su vestuario.
Guardia Civil en una cárcel española. Guardia Civil en una cárcel española.
El problema se ha originado, según ha podido saber El Confidencial Digital,  debido a que una habitación, que usaban para cambiarse los miembros de la Benemérita, ha sido cedida a los vigilantes de seguridad.
Estos agentes denuncian que la cesión se ha producido además con el consentimiento del teniente, que no se ha opuesto a la decisión de que se utilice esa dependencia.
Trabajadores de la prisión explican que la relación entre guardias civiles y agentes de seguridad es buena. No ha habido ningún problema entre ellos, sino que existe un gran compañerismo en estos primeros días de trabajo conjunto. El problema, apuntan, lo tienen los guardias con su superior.
La polémica ya ha llegado a las asociaciones del cuerpo. El Portavoz de Unión de Guardias Civiles (UnionGC) ha informado a ECD que no se quedarán de brazos cruzados y que “presentarán una queja ante la Dirección General”. También ha añadido que no le extraña esta adjudicación del vestuario, ya que “la tendencia es echar poco a poco a los guardias civiles”.
Para encontrar los orígenes de esta controversia hay que remontarse  el verano del año 2012 cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inició un plan para dar empleo en prisiones españolas  a ex escoltas del País Vasco y Navarra. Las ocupaciones de estos profesionales son de vigilancia, pero el mando sigue a cargo de agentes de la Guardia Civil.

Robo en el Centro Comercial Puerta Europa con agresión a un vigilante de seguridad

 Tarde movida en el centro comercial Puerta Europa, donde un robo perpetrado en una de las tiendas de la superficie, ha provocado un caos que ha sorprendido a cientos de personas que en ese momento se encontraban en el lugar.
Según las informaciones de que dispone Horasur, al filo de las ocho de la tarde, unos individuos han robado una de las tiendas del centro, agrediendo a un vigilante de seguridad de otra de las tiendas, y dándose a la fuga, sin que por el momento se tengan noticias de su detención.
Alertada la Policía Nacional y personada en el lugar, se han producido momentos de confusión que unido a los atascos ya habituales en los aparcamientos del centro comercial, han provocado más de un sobresalto y largas esperas.
Durante buena parte de la tarde noche, las redes sociales se han llenado de comentarios de los usuarios, preguntando sobre las causas de las colas, y la presencia policial en la zona.

Por el Trabajo Decente


Nota informativa: Pedimos la inmediata destitución de Mónica de Oriol


6 de octubre de 2014

Bunker Digital nº 71 Octubre 2014


El Principado lleva a la Fiscalía a los vigilantes privados por difundir información restringida

El Gobierno asturiano pretende esclarecer si la actuación del colectivo AVISPA, que ha divulgado datos confidenciales y fotografías tomadas sin autorización dentro del recinto, es constitutiva de delito
El consejero de Presidencia subraya en la Junta General que los sistemas de control de la zona se ajustan a la legalidad y funcionan correctamente

El Gobierno del Principado ha puesto en manos de la Fiscalía la difusión de información confidencial que afecta a la seguridad de La Morgal, por parte de Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA). El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha garantizado hoy que los sistemas de control de La Morgal funcionan de manera correcta y se ajustan plenamente a la legalidad vigente. Asimismo, ha informado de que su departamento ha trasladado a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias la difusión de información restringida relacionada con la seguridad de la zona por parte de esta Asociación. Según Martínez, el Principado pretende esclarecer si la actuación del colectivo, que ha divulgado datos restringidos y fotografías tomadas sin autorización dentro del recinto, es constitutiva de delito.
“AVISPA concurre en una grave irresponsabilidad al publicitar las medidas de seguridad que se aplican en instalaciones sumamente sensibles para la seguridad pública del Principado de Asturias”, ha subrayado el consejero.
 La asociación de vigilantes de seguridad privada había denunciado públicamente el pasado mes de julio las supuestas deficiencias y carencias en materia de seguridad y vigilancia de las instalaciones del SEPA, situadas en Llanera. Citaban entre otras cosas, un número escaso de guardas para todo el área, así como falta de planificación y de medios tecnológicos adecuados para la custodia de armamento.
Además, señalaban que el área “adolece, en todos los sentidos, de las mínimas, y exigibles medidas de seguridad físicas y técnicas, así como una testimonial actividad en cuanto a la protección y vigilancia activa y eficaz, mediante los oportunos recursos humanos, de sus bienes, inmuebles y personas, a pesar de ser el centro neurálgico de referencia ,- el más importante y único -, del sistema de emergencias, de cualquier tipo y naturaleza, en el Principado de Asturias”.

“Actuaciones gravemente dolosas”
Guillermo Martínez ha comparecido hoy en la Junta General del Principado para informar sobre la seguridad y vigilancia de La Morgal, donde poseen instalaciones propias las consejerías de Presidencia (Servicio de Emergencias), Hacienda y Sector Público (Escuela de Seguridad Pública) y Educación, Cultura y Deporte (centro de deportes, campo de golf y museo y circuito de Fernando Alonso).
Durante su intervención, el titular de Presidencia ha recordado que la asociación de vigilantes privados envió a los medios de comunicación varias notas de prensa en las que denunciaba que personal no autorizado tenía acceso a las imágenes captadas por el circuito cerrado de videovigilancia en la sede del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Martínez ha negado tal acusación y ha explicado que la Unidad de Seguridad Privada de la Brigada de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía ha emitido dos informes en los que se constata que el Principado cumple estrictamente las normas en este ámbito. En este sentido, ha manifestado que “ni las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia son controladas por personas que no sean vigilantes de seguridad, ni estos realizan funciones diferentes a las estipuladas en el contrato de servicios”.
Además, ha indicado que AVISPA también hacía referencia en sus comunicados a la existencia de un armero en las instalaciones de la Escuela de Seguridad Pública, con detalles sobre su contenido y características. La información divulgada incluía un dossier fotográfico del interior de los edificios ocupados por la Escuela de Seguridad Pública y el área administrativa del SEPA. A juicio del consejero, la difusión de información de este tipo, restringida cuando no confidencial, supone un importante riesgo para los empleados públicos que trabajan allí.
“Creemos que se trata de actuaciones gravemente dolosas, porque suponen el acceso no autorizado al interior de edificios de titularidad pública y dan publicidad a medidas de seguridad de ámbitos especialmente delicados”, ha apuntado. Al mismo tiempo, ha garantizado que el armero cuenta con todas las medidas de seguridad y vigilancia necesarias, tal y como han puesto de manifiesto las inspecciones anuales que realiza el Servicio de Inspección de Armas de la Guardia Civil, competente en la materia.

 Sistemas de control
El consejero ha detallado que las instalaciones del SEPA cuentan con un sistema de vigilancia y control que incluye un vigilante de seguridad durante 24 horas, todos los días del año, además de seis cámaras domo perimetrales, 5 cámaras exteriores, 10 cámaras interiores en el edificio administrativo y de coordinación, y otras 3 interiores en los accesos al antiguo edificio administrativo de Bomberos de Asturias.
También ha avanzado que el nuevo contrato de los servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones está en proceso de licitación, mediante procedimiento abierto, por un importe de 225.060 euros. Las bases incluyen un vigilante de seguridad durante 24 horas todos los días, un auxiliar de servicios de 7 a 19 horas de lunes a viernes no festivos, un sistema de rondas con lectura informática de actividad y un sistema de videovigilancia con un mínimo de seis cámaras domo motorizadas y grabador de 16 cámaras, entre otros requisitos.

El Principado niega que falte seguridad en el edificio del SEPA en La Morgal (Llanera)

El consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha negado este lunes de forma categórica que existan problemas de seguridad en el edificio del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en La Morgal, en el concejo de Llanera, tal y como ha denunciado la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa).
   Martínez ha comparecido en la Comisión de Presidencia de la Junta General a petición de Foro para informar sobre todo lo relacionado con la seguridad y vigilancia del recinto de la Morgal. Ha considerado "grave" que Foro se "haya sumado" a las posiciones de Avispa.
   Una de las cuestiones que ha denunciado Avispa se refiere a la falta de seguridad en las armas que hay en el edificio. Según los responsables del Principado esa afirmación es falsa y además es irresponsable, al considerar que pone en peligro al personal de la instalación.  Por ello, el Principado ha recurrido a Fiscalía para denunciar lo que considera la "difusión de datos confidenciales".
   La vigilancia de las armas de La Morgal está garantizada, según ha explicado el director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde. Después de que el consejero dijese que no le gustaría dar detalles que le piden desde la oposición, Villaverde ha explicado que el sistema de vigilancia de las armas pasa semestralmente una inspección que realiza la Guardia Civil.
   Pero además ha ofrecido detalles de los distintos controles que tiene ese armero, que cuenta con "diez filtros de seguridad". Existe una barrera de cámaras exterior, una puerta para acceder a un hall, otras dos cámaras de seguridad, un acceso para el sótano, una puerta de seguridad con candado, un sensor sísmico y dos sensores volumétricos ha relatado en la Comisión. "Dígame si eso es inseguro", ha apelado a los diputados de Foro. Villaverde, además, ha dicho que hará todo lo posible para localizar "al que filtró" la información a Avispa desde la empresa contratada por el SEPA.
   La diputada regional de Foro Marina Huerta ha justificado su preocupación ante un asunto que puede ocasionar consecuencias graves. Por ello, ha insistido en la petición de explicaciones a los responsables de la seguridad de este tipo de edificios. Ha criticado los "recortes" presupuestarios y ha dicho que en un tema tan importante como la seguridad "no se puede escatimar en gastos". Así, ha cargado contra la Administración regional por recurrir siempre a las ofertas más bajas en los contratos.

Prosegur mejora la gestión del efectivo con Ntegra de Glory Global Solutions

Prosegur ha optado por la contadora de billetes Ntegra de Glory Global Solutions para mejorar la gestión de su efectivo. La compañía ha implementado en sus delegaciones de España y Portugal las contadoras de billetes que son capaces de procesar grandes volúmenes de efectivo de modo ininterrumpido y evitar errores. 
La contadora elegida ha sido homologada por el Banco Central Europeo (BCE) y cumple los requisitos legales del mercado de reciclaje que establece este organismo. 
Miguel Muro, country head de Glory Global Solutions España, comentó que “Ntegra es nuestra contadora y clasificadora más robusta y compacta. Su capacidad para clasificar y autenticar 1.200 billetes por minuto hace de esta herramienta, que está homologada por el Banco Central Europeo (BCE), un aliado imprescindible para aquellas compañías que no se pueden permitir fallos ni retardos a la hora de contabilizar su efectivo”.
Prosegur ha elegido esta solución por “la flexibilidad a la hora de integrar Ntegra con el software de gestión de efectivo”, según indican fuentes de la compañía.

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5 de octubre de 2014

Vigilantes Noticias 05 de Octubre de 2014.












































































Sentencia considera accidente de trabajo las heridas por arma de fuego sufridas por un escolta cuando limpiaba su arma reglamentaria.


La seguridad privada también destruye empleo

El sector pasa de 825 a 750 puestos directos en la provincia de Burgos. Dañada por los recortes en la administración, sobrevive sobre todo gracias a la industria y las infraestructuras de transporte
Donde había dos o tres entidades financieras ahora hay una, producto de las fusiones. La empresa que antes demandaba una vigilancia 24 horas ahora se apaña con personal propio y ha reducido los turnos. La administración se apaña con menos, aun a riesgo de dejar edificios y dependencias públicas más desprotegidos. Y al final todo redunda en que las empresas de seguridad privada han sufrido un tijeretazo en los últimos años que ha mermado en casi un 10% el empleo en el sector.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) estima que en la provincia de Burgos hay una veintena de empresas y que se han perdido 75 puestos de trabajo en los dos últimos ejercicios. En 2012 había 750 vigilantes de seguridad y 75 técnicos de sistema (los que se ocupan de la instalación y mantenimiento de las alarmas), mientras en la actualidad quedan 685 vigilantes y 65 técnicos. En total, la caída supone pasar de 825 empleos directos a 750. Y en cuanto a facturación, el montante total ha descendido de 27 a 24 millones de euros en el mismo periodo.
El representante de APROSER en Burgos, Alfonso Tapia, explica que una de las principales razones para la caída de empleo deriva de una reducción en «el porcentaje del negocio procedente del sector público con respecto al privado». Los recortes de las administraciones han bajado «tanto la asignación presupuestaria como los servicios contratados».
Así, el segmento de industria y energía se ha convertido en la principal fuente de facturación del sector a nivel nacional, con un 16,80 por ciento, seguido de las infraestructuras de transporte con un 15,86%. El comercio ocupa el tercer lugar, con un 15,73%. Las entidades financieras representan un 15,66%, seguidas por las administraciones públicas, con un 13,84%. A continuación se encuentran los segmentos de servicios (9,21%), residencial (4,18%), salud (1,78%) y educación (1,49%). El 5,44% restante se agrupa en el apartado «otros.
Estrecha colaboración con lo público. Pese a la bajada, las empresas de vigilancia siguen colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y cada vez más. Según los datos que ofrecieron en el último Día de la Seguridad Privada, celebrado en mayo, el sector desarrolló durante el pasado año más de 360 colaboraciones directas con la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil en Burgos, una relación calificada por las partes como «muy positiva».
Se mencionaba entonces que ese trabajo conjunto derivaba de la vigilancia en entidades de crédito, joyerías, estaciones de servicio, administraciones de lotería o diversos emplazamiento en el medio rural, industrial o empresarial.
Ahora Tapia añade que «con nuestra amplia experiencia contamos con la profesionalidad y la formación necesarias para llevar a cabo nuestras actividades en cualquier tipo de actividad y sector». Menciona como ejemplos «los escoltas, la custodia de los cuarteles o los vigilantes de atuneros en alta mar, así como las infraestructuras críticas y las centrales nucleares». Siempre en subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la vigilancia privada es capaz de complementar o incluso sustituir casi completamente su labor en áreas tan críticas como algunas de las mencionadas. 

Una y otra parte confían en que esa colaboración se intensifique y mejore con la entrada en vigor de la normativa de la pasada primavera. El 5 de junio empezó a aplicarse una nueva normativa que, tal y como recuerda APROSER, está pendiente de desarrollo en reglamento. Para ello está convocado el Congreso Nacional de Seguridad Privada, que se celebrará a mediados de noviembre en Madrid, y allí pretenden «ayudar con nuestras aportaciones al mejor desarrollo reglamentario posible».

Condenan a un vigilante de seguridad por pegar a dos jóvenes tras un botellón

La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena impuesta a un vigilante de seguridad por agredir a dos jóvenes después de un botellón en la playa. Fue el Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona el que encontró a este hombre responsable de dos faltas de lesiones, por lo que estableció para él una pena de multa de 300 euros.
Los hechos tuvieron lugar a finales de agosto del año pasado. Según se declara probado en la sentencia, después de hacer un botellón en la playa, los dos jóvenes se dirigían a una zona de ocio y pasaron por el punto de control de acceso de vehículos al puerto pesquero de la citada localidad costasoleña.
Fue en ese momento cuando uno de ellos se apoyó en una valla y la rompió. Sobre las 04.30 horas volvieron a pasar por la zona, momento en el que el vigilante de seguridad les recriminó lo que había pasado con anterioridad.
Sin embargo, los jóvenes no se amedrentaron. Siempre según la sentencia, uno de ellos se encaró con el hombre que trabajaba en las instalaciones portuarias, diciéndole que se pelearan a puños. La reacción del vigilante de seguridad fue sacar una porra y golpearle.
A raíz de esta agresión, el joven sufrió lesiones consistentes en un traumatismo con un ligero hematoma en el codo izquierdo. Heridas que tardaron en sanar tres días, según la resolución judicial.
Por su parte, el otro joven fue golpeado con el puño en el brazo. Asimismo, el vigilante de seguridad le puso la porra en el cuello. En la sentencia se explica que sufrió lesiones consistentes en traumatismos en la extremidad superior y en el cuello, que también tardaron en sanar tres días.
Son los hechos por los que el vigilante de seguridad fue condenado. Contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona se interpuso un recurso que ahora ha sido desestimado por la Audiencia Provincial, que ha dictado una resolución firme.

Seis vigilantes privados refuerzan ya la seguridad exterior de la prisión provincial

Los sindicatos creen que la entrada de los guardas en el penal, cuyo cometido es prestar apoyo a la Guardia Civil, «es un primer paso hacia la privatización» del servicio.

La prisión provincial de El Acebuche cuenta desde el pasado jueves con media docena de vigilantes procedentes del sector privado encargados de la vigilancia del perímetro exterior de la prisión y supervisados por los agentes de la Guardia Civil destinados en el penal. «La llegada de los vigilantes no suprimirá a los guardias civiles, serán un suplemento o apoyo para los agentes», indicaron ayer fuentes de Instituciones Penitenciarias ante las críticas de varios sindicatos que tildan la nueva situación como «una maniobra de oscurantismo» y una «privatización en cubierta de este servicio».
El Gobierno central ha adjudicado este servicio para toda Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla por un coste de 9,8 millones de euros. En todo el Estado se aplica ya en 67 prisiones y la cuantía del servicio se eleva a 33 millones de euros que conlleva la contratación de 800 vigilantes.
La función de la seguridad privada será la vigilancia del perímetro de la cárcel, vallado y muros exteriores, así como la comprobación de los accesos reservados a familiares de los internos, entre otras funciones.
De momento, la llegada de los nuevos vigilantes no ha supuesto la supresión de ningún guardia civil de los que habitualmente cumplen la función de vigilancia en el penal de El Acebuche, pero distintos sindicatos de prisiones y la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) ya han advertido de que la llegada de los vigilantes será el inicio de la privatización de los servicios de vigilancia de las prisiones españolas.
A este respecto, el sindicato CSIF ha reiterado que mientras existe una oferta de empleo privada de 800 trabajadores anuales, la oferta de Empleo público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura popular ha sido de 84 Empleados, para la apertura entre el 2009 y el 2012 de 14 Centros de Inserción Social (cuya relación de puestos de trabajo de cada centro es de 100 efectivos ). «Sin olvidar, indican desde CSIF, que sólo para El Acebuche han demandado hasta un total de 100 efectivos para cumplir con los cánones de calidad del servicio penitenciario en Almería».
A juicio de CSIF, si a esta «situación dramática» en recursos humanos que padece Instituciones Penitenciarias, se añade el envejecimiento paulatino de las plantillas, que ronda una media entre los 48 y 58 años y las jubilaciones anuales que se estiman entre los 350 y 400 empleados públicos penitenciarios anuales, el mecanismo penitenciario «está abocado a un fallo en el sistema por alta demanda de recursos humanos».

La postura del Gobierno
El Gobierno central lo ha negado siempre y se ha referido a los servicios de vigilancia privada como un «apoyo» a la seguridad de la prisión, a la zona externa, porque no tendrán oportunidad de acceder al área interna donde se encuentran los funcionarios y los penados.
La nueva Ley de Seguridad privada otorga autorización para que los vigilantes realicen labores de seguridad en los perímetros de las cárceles y en centros de internamiento de extranjeros. Una norma que entró en vigor el pasado mes de junio y que dio respaldo a los agentes de seguridad privados que ahora controlan junto a la Guardia Civil las funciones de vigilancia en penales.
Uno de los criterios utilizados por el Ministerio del Interior para adjudicar los servicios de vigilancia privada en las cárceles españolas ha sido que todas las empresas que acudiera al concurso de adjudicación hubieran contado con servicio de escoltas años atrás. Una forma de compensar la masiva retirada de guardaespaldas a los políticos del País Vasco, cuando la amenaza terrorista de ETA dejó de marcar el día de a día de los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, así como de jueces, políticos, funcionarios de prisiones, periodistas y militares, entre otros. Como dato curioso, según han informado a este periódico las fuentes consultadas entre las empresas de seguridad privada, la mayor parte de estos escoltas que se quedaron sin trabajo después de que ETA anunciara el abandono de las armas eran de Andalucía.

15 horas de formación extra y 33 millones para la seguridad privada de las cárceles

Cursos de un mínimo de diez horas presenciales de formación específica (en Internet pueden encontrarse fácilmente anuncios para estos cursos regidos por una orden de Interior y una Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad), otras cinco en el propio centro y unas prácticas que se hacen directamente trabajando. Son los requisitos extra que han de cumplir los 800 vigilantes de seguridad privados que, desde el pasado miércoles, intervienen en la seguridad de todas las prisiones que dependen de la Administración del Estado, junto a Guardia Civil y Policía. Su llegada a las cárceles supone la implantación en 67 centros penitenciarios de una medida -nacida de la Ley de Seguridad Privada- que comenzó el pasado año, como experiencia 'piloto', en una veintena de prisiones, y que pese a los resultados "satisfactorios" que dice haber tenido el Gobierno, ha suscitado el rechazo de funcionarios, Policía y Guardia Civil. Las razones, variadas: económicas, de seguridad, de privatización. 
Las funciones de estos vigilantes (algunos de ellos podrán llevar armas) serán el control del perímetro de los centros, de las personas, vehículos y mercancías en los accesos y de los sistemas de videovigilancia, lo que permitirá, según el Gobierno, que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hasta ahora desempeñaban esas funciones realicen otras más apropiadas "a su mayor cualificación y especialización". Efectivamente, incluso "los niveles inferiores del personal de instituciones penitenciarias y Guardia Civil cuentan con unas prácticas de 18 meses", según explica Adolfo Fernández, presidente de la sección de Prisiones del sindicato CSI-F-, y, por otro lado, ¿es este un trabajo 'menor' que pueda ser encomendado a personal menos cualificado? "No es lo mismo el principio de autoridad que tiene un guardia civil, por ejemplo, que puede actuar directamente si alguien monta un cisco en la entrada porque se le deniega el acceso, que un guardia que tiene que llamar y avisar a otros", asegura Fernández.

'La información que manejan es muy sensible. Quien trabaja en la zona de monitores sabe, por ejemplo, qué alarmas están averiadas en un centro', dicen fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles -58 de los 67 centros están bajo su responsabilidad- añaden otro aspecto que no parece menor: "La información que manejan es muy sensible. Quien trabaja en la zona de monitores sabe, por ejemplo, qué alarmas están averiadas en un centro. Y en esta segunda fase del proyecto, ha habido ya vigilantes que se han quedado en el paro. El riesgo es muy grande". Fuentes de la AUGC hablan, además, de unas adjudicaciones hechas mediante un procedimiento negociado sin publicidad, por motivos de seguridad: "Les preocupa la seguridad en ese aspecto, pero no que las prisiones estén en manos de trabajadores que mañana puedan ir al paro. Es curioso"

Más de 33 millones 
Desde el pasado miércoles, el Ministerio de Interior ha dibujado con esta medida un peculiar mapa de España: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla componen el lote 1, con un coste para el Estado de 9.853.429 euros, adjudicado a una Unión Temporal de Empresas formada por Ombuds, Eulen, Vinsa, Prosetecnisa, Sabico, Garda y Cacesa; Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja componen el lote 2, de 8.551.283 euros, adjudicado a Securitas; Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid conforman el lote tres, de 7.671.805 euros y adjudicado también a Ombuds; Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, el lote 4 (7.311.224 euros) ha recaído en Coviar y Seguribérica. En total, el gasto es de 33.387.743 euros, calificado de "dispendio" por la Agrupación de Cuerpos de la Administración en Instituciones Penitenciarias (Acaip).
Desde la AUGC hablan de los "importantes intereses económicos" que hay detrás de esta medida, nacida, para ellos, menos, como se dijo en su día, de la necesidad de recolocar a los escoltas privados que trabajaban para Interior en El País Vasco -muchas de las empresas adjudicatarias prestaban esos servicios, pero "la proporción de exescoltas entre quienes han entrado en las cárceles es mínima"- que de las presiones del "lobby" de empresas de seguridad: "La Ley de Seguridad Privada va a aumentar más el negocio. Ya están anunciando la seguridad privada en edificios públicos, incluso de Defensa", recalcan esas mismas fuentes.

"Auxiliares" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
Interior ha insistido en que estos agentes de seguridad desempeñarán cometidos "como auxiliares" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero la Dirección General de la Guardia Civil ya ha comunicado a los centros que en una tercera fase realizarán sus funciones en solitario. Hoy por hoy, de hecho, hay controles en el que comparten un espacio exiguo un guardia civil, un funcionario de prisiones y uno de estos agentes, y en otros, según la AUGC, se ha dejado ya solos a estos últimos. 
Por ahora, ninguno de los guardias civiles ha perdido destino, pero se les está recolocando. Y se les ha anunciado ya una tercera fase en la que teóricamente se ampliará el número de agentes llegados de la seguridad privada y se reducirán sus plantillas.
"La vigilancia del perímetro de los centros es esencial. Al menos para que el funcionario de prisiones, con la falta de personal que hay, no tenga que estar también pendiente de lo que pasa en el muro. En el CSI-F pensamos que estamos más seguros con la Guardia Civil", resume, Adolfo Fernández, que pone en relación esta inversión en seguridad privada con la situación "dramática" de los empleados de prisiones, que con más de 300 jubilaciones cada año y una oferta de empleo de 84 personas en tres años, no pueden "garantizar la integridad de los internos ni la nuestra". Nacho Gutiérrez, portavoz de ACAIP, añade: "La seguridad exterior de prisiones es parte de la Seguridad del Estado y como tal no puede terminar en manos de las empresas privadas".

3 de octubre de 2014

Aena invierte 27 veces más en seguridad que antes de los atentados del 11-S

*La empresa pública ha desembolsado 275 millones de euros en equipamiento de seguridad desde 2001.
*Equipos de Rayos X o de localización de líquidos, detectores de explosivos y de metales inundan ahora los aeropuertos españoles, que también han multiplicado su capacidad desde entonces.

Cinco jóvenes, con barba y chilaba, agitan furiosamente sus manos ante la cámara mientras aseguran que “la destrucción es el castigo para quienes humillan y matan a musulmanes”. No es una amenaza, sino una confesión filmada. En la grabación, los cinco admiten ser los autores de un atentado con el que pretendían derribar, con explosivos líquidos, siete aviones en pleno vuelo entre Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El vídeo, grabado con antelación a los hechos, iba a ser difundido tras el ataque, pero afortunadamente este nunca llegó a producirse. La policía británica descubrió los planes y desarticuló a esta célula de Al Qaeda en agosto de 2006, lo que evitó la muerte de miles de pasajeros.
La frustración de otros atentados terroristas contra aviones comerciales y de carga ha mantenido en alerta a los gestores aeroportuarios de todo el mundo. Las infraestructuras aéreas están blindadas desde el 11-S gracias a un despliegue de medios que se incrementa año tras año y que ha disparado el coste de la seguridad de los aeropuertos hasta niveles récord. Desde 2001, Aena ha destinado 275 millones de euros en equipamiento de seguridad para su amplia red de instalaciones, según ha podido saber Seguridad y Tribunales de fuentes de la empresa pública. La cifra representa un 2.700% más que los 10,5 millones invertidos en la década anterior a la caída de las Torres Gemelas.
El abultado incremento del coste de la seguridad tiene una explicación razonable: la amenaza contra objetivos del sector de la aviación no ha remitido tras el 11-S. Desde entonces, se han producido más de 200 incidentes terroristas dirigidos contra la aviación civil en todo el mundo, aunque en su mayoría en países africanos y de Oriente Próximo y con un nivel de letalidad relativamente bajo, de acuerdo con la Base de Datos de Terrorismo Global (Global Terrorism Database, GTD) de la Universidad de Maryland (EEUU).
Pero ningún ataque o complot desde esa fecha ha tenido un efecto similar al del atentado frustrado (en agosto de 2006) con explosivos líquidos con el que Al Qaeda pretendía bloquear las rutas transatlánticas. A pesar de la abultada inversión realizada hasta ese año, las autoridades europeas admitieron que no contaban con la tecnología capaz de detectar esas sustancias detonadoras y acordó limitar a 100 mililitros la cantidad de líquido que cualquier pasajero puede embarcar junto con sus objetos personales. Una decisión que tuvo a su vez importantes consecuencias económicas para los aeropuertos, según admiten fuentes de Aena.

Detectores de explosivos
A causa de la entrada en vigor de la normativa de equipaje de mano, que obliga a la inspección de aerosoles, geles y líquidos, pero también de ordenadores portátiles y artículos electrónicos de gran tamaño, la empresa pública se vio obligada a adquirir un gran número de sistemas y filtros de seguridad: 88 equipos de rayos X, 104 arcos detectores de metales y 16 máquinas detectoras de explosivos para equipajes facturados, según detalla en su Memoria Anual de 2007. El enorme desembolso su sumó al realizado inmediatamente después del 11-S, cuando una instrucción europea obligó a todas las terminales a inspeccionar el 100% de los equipajes de bodega, algo que hasta entonces solo se hacía de manera aleatoria.
El presupuesto de la seguridad de los aeropuertos está sujeto a una normativa europea de obligado cumplimiento que ha sufrido continuas modificaciones para ajustarse a los riesgos cambiantes que afectan al sector de la aviación. El objetivo, cuenta un exempleado de Aena, es crear una seguridad preventiva capaz de ponérselo difícil a los terroristas e impedir su acceso a una aeronave con cualquier clase de explosivo.
En 2013 y como consecuencia de cambios normativos, Aena invirtió 38 millones en la compra de nuevos equipos de inspección de líquidos y del equipaje de bodega.
La industria de la seguridad aérea también trabaja contrarreloj para adelantarse a las nuevas amenazas. Aunque con cierto retraso, empresas del sector han creado escáneres líquidos capaces de rastrear componentes explosivos y atajar así cualquier ataque similar al de la red de Al Qaeda. No es la única innovación en la lista de adquisiciones de los aeropuertos españoles, que incluye detectores de trazas de explosivos y de metales de calzado, además de los convencionales arcos detectores de metales y escáneres con rayos X para el equipaje de mano. Los precios de estos equipamientos son altos, al igual que su mantenimiento y renovación. Solo en 2013 y como consecuencia de cambios normativos, Aena invirtió 38 millones en la compra de nuevos equipos de inspección de líquidos y del equipaje de bodega.  
Obligados a extremar la vigilancia desde el 11-S, los aeropuertos europeos han acompañado el despliegue de sistemas y filtros con la ampliación de la plantilla de seguridad privada, que en la actualidad asciende a cerca de 4.000 vigilantes en el caso español. El gasto de Aena en esta partida se ha disparado más de un 71% desde 2001, pasando de 30 a 105 millones en 2013.
La cuantía de la inversión a lo largo de estos años se ha visto también afectada por la construcción de nuevas infraestructuras. Durante la última década, España ha aumentado el flujo de tráfico aéreo tras incorporar cuatro aeropuertos y dos helipuertos (Ceuta y Algeciras) a la red de Aena, que en la actualidad suma 46 aeródromos. Además, la ampliación de la mayoría de las instalaciones ya existentes ha provocado un gasto añadido en seguridad. Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol, por los que en 2013 pasaron cerca de 100 millones de pasajeros, han duplicado las dimensiones de sus instalaciones desde 2001.

El SUP denuncia la reducción de 13 policías en la cárcel de Juan Grande

El sindicato de la policía anuncia que esta reducción “puede afectar al servicio, la calidad y los estándares de seguridad del recinto”
El Sindicato  Unificado de la Policía (SUP) ha denunciado la reducción de la plantilla de 13 policías que prestan servicio en el centro penitenciario Las Palmas II, en Juan Grande, que “puede afectar al servicio, la calidad y los estándares de seguridad del recinto”.
La decisión se les comunicó en una reunión con el inspector, jefe accidental de la Comisaría de Maspalomas,  con motivo de la implantación del servicio de seguridad privada en la cárcel, según han afirmado en un comunicado.
El SUP insiste en que la reducción de agentes puede resultar especialmente peligroso en épocas de vacaciones, pues en el caso de que se produjera algún incidente que hiciera necesaria una rápida intervención no se podría atender  por falta de personal.
Estos 13 policías pasarán a prestar servicio en la Comisaría de Maspalomas en la ODAC, Grupos de Atención al Ciudadano, Sala del 091 y determinados puestos que puedan quedar vacantes también en la Brigada de Seguridad Ciudadana.
Para ello, se seguirán criterios objetivos para seleccionar a los policías que dejarán su puesto en “Las Palmas II”, así como para el nuevo destino,  teniendo en cuenta en primera instancia las solicitudes voluntarias y en segundo lugar el orden de escalafón del conjunto de los policías allí destinados.
El SUP ha anunciado que trasladarán su queja y oposición al Jefe Superior “ante tan elevada reducción de personal policial y le manifestaremos que si bien es cierto que el servicio de seguridad privada se ha implantado, ellos tienen sus funciones bien delimitadas en la Ley de Seguridad Privada, pero en ningún caso están facultados para hacer nuestro trabajo”, concluyen.