El Ministerio del Interior y la industria nuclear ultiman el despliegue de la Guardia Civil en el interior de las centrales como respuesta a la amenaza de ataques de islamistas radicales sobre estas "infraestructuras críticas" que ya disponen de sus propios planes de seguridad interna y cuyos protocolos deben coordinarse con absoluta precisión. En el caso de Cataluña intervienen, además, los Mossos d'Esquadra, encargados de la evacuación en caso de emergencia. Ya antes de los atentados de París la Guardia Civil se estaba planteando distintos escenarios de riesgo y, "en función de la gravedad de la amenaza, realiza sus estimaciones de efectivos", explicó el director de Ascó, Manel Campoy.
"El proyecto piloto con guardias civiles trabajando junto a la seguridad privada en las zonas de acceso restringido se está llevando a cabo en Trillo (Guadalajara), y la idea es trasladar la experiencia a dos centrales en 2016 y las otras tres en 2017", avanzó el director general de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav), operador de las plantas nucleares catalanas. En el último trimestre del año está prevista la modificación legal que regula la protección de las centrales. El BOE ya establece un coste anual por cada agente de 61.000 euros que deberán sufragar las empresas propietarias.
Todas las instalaciones nucleares españolas se mantienen en alerta cuatro, -en una escala de cinco-, desde antes del ataque contra la redacción de la revista francesa Charlie Hebdo (el pasado 7 de enero), y este nivel ha sido "ligeramente reforzado" interna y externamente en los últimos meses con seguridad privada y también efectivos de la Guardia Civil que recorren el perímetro, según reconoció Manel Campoy, quien recordó que "hace tres décadas ya había cuarteles de la Guardia Civil en el interior de las centrales con funciones compartidas; entenderán -se excusó- que no concretemos más los detalles porque parte de la efectividad de estas medidas estriba en que no se conozcan".
En la actualidad, y desde el mes de mayo, se viene reuniendo una mesa de trabajo en la que participan básicamente el Ministerio del Interior, los Cuerpos de Seguridad, los operadores de las centrales y las grandes compañías eléctricas propietarias -Endesa e Iberdrola en el caso catalán- de las nucleares. En esencia, dicho foro trata de evaluar el conjunto de fuerzas (Guardia Civil más empresa privada) para delimitar responsabilidades y establecer "quién se encarga de qué en respuesta a una amenaza base de diseño definida previamente por las autoridades", expuso Gago.
El máximo ejecutivo de Anav aplaudió la decisión del Gobierno de sumar los agentes de la Guardia Civil a los efectivos contratados a empresas privadas de seguridad: "Creo que cualquier incremento de la seguridad es positivo, y más con el nivel de información que maneja la Guardia Civil, muy superior al nuestro, y la unidad especial que se centra en este tipo de instalaciones". Gago subrayó también la complejidad para integrar los protocolos de protección interna con aquellos derivados de una amenaza a la seguridad física: "A nosotros también nos gustaría un despliegue más rápido, pero hay que vertebrarlo con los planes de emergencia".
