Justificó el despido de la mayoría en los malos resultados de Metro cuando la mayor parte de ellos no trabajaban allí.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido declarar no ajustado a derecho el ERE que la empresa Seguridad Integral Canaria afrontó antes del verano y que terminó con el despido de 67 trabajadores en los distintos lugares de la capital en los que sus vigilantes prestan servicio: unos despidos que la empresa justificó en la mala situación económica de Metro de Madrid, donde sólo trabajaban nueve del total de afectados.
Los jueces de lo social del TSJM entienden que la empresa no incurrió en mala fe ni en fraude de ley durante las negociaciones, pero sí que los 67 despidos – inicialmente iban a ser 94 – no estaban justificados, al menos no con las razones que ha expuesto entidad liderada por Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. Alegó la entidad que los despidos se debían a “la deficitaria situación atravesada en los servicios de vigilancia en Metro de Madrid”, algo que según los jueces “tuvo que causar una inmensa extrañeza” a 58 de los 67 trabajadores afectados que no prestaban sus servicios en el suburbano madrileño. Es más, los magistrados subrayan que la mayoría de los despedidos trabajaban “en sectores de la empresa que atravesaban una buena situación”.
Los jueces también censuran el despido de los 9 trabajadores de Seguridad Integral Canaria que prestaban sus servicios en el Metro de Madrid: “Tampoco tiene sentido si ha quedado acreditado que realizan con habitualidad horas extras y que se están produciendo, de manera frecuente, descubiertos en la prestación de servicios comprometidos por su peligrosidad, al haberse reducido de manera drástica el número de vigilantes”. Unos “descubiertos” que quedaron relatados por los trabajadores durante el juicio: faltan vigilantes, según el testimonio del presidente del Comité de Empresa, asegurando por ejemplo que en eventos deportivos calificados de alto riesgo “la dotación de vigilantes antes se cuantificaba en diez o doce por estación y ahora se ha reducido a dos vigilantes”.
De esta manera, el ERE que afrontó Seguridad Integral Canaria en Madrid ha sido declarado contrario a derecho, en una resolución contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo: de devenir en firme, el resultado será que los despidos de los 67 trabajadores afectados serán considerados como improcedentes, aunque no está obligada a readmitirlos.
Los sindicatos consideran que la sentencia confirma todo y cuanto ellos han exigido desde el primer día. Para Luis Bernal, portavoz del sector de Seguridad Privada, "no había ninguna causa sobrevenida como decía la empresa". Recuerda que Seguridad Integral Canaria conocía que las necesidades de recortes en el Metro eran una de las condiciones para el concurso de la adjudicación. "Se ha buscado echar a determinados trabajadores", sigue Bernal, "y la empresa nunca aceptó ninguna de las medidas que propusimos para ahorrar costes y minimizar el daño a los trabajadores como los calendarios de vacaciones, formación... Se podría haber ahorrado dinero y despidos, pero no quisieron".
El imperio de Seguridad Integral Canaria
La sentencia detalla los números que maneja la empresa de Miguel Ángel Ramírez en Madrid: atesora en torno a una treintena de contratos públicos y privados con diferentes administraciones y empresas para proporcionar seguridad, entre ellas los Ministerios de Defensa, Empleo y Agricultura, además de Metro de Madrid. Los tres contratos que suscribió en 2013 con el suburbano, por ejemplo, ascienden a 42 millones de euros. La empresa cuenta con una plantilla de 1.314 personas en Madrid, según los jueces.
