Pocas veces un conflicto en una empresa privada tendrá tanto efecto en lo público como se avecina por el conflicto laboral surgido en la empresa Seguridad Integral de Canarias, que tiene entre sus clientes al mejor ramillete posible de instituciones públicas de las Islas, pero que también trabaja con grandes representantes del poder civil.
Fue en una asamblea celebrada el pasado viernes donde los trabajadores de dicha empresa acordaron un calendario de concentraciones que arrancarán el próximo viernes con una manifestación que recorrerá el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y Usos Múltiples II. Si un retorno a la negociación no lo evita, ya se prepara una huelga que tendrá lugar a mediados del próximo mes.
Entre los clientes que pueden verse afectados figura nada menos que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña, el Palacio de Justicia, los centros del Instituto de Asistencia Sociosanitaria, cualquier centro de salud… pero también privados como el CD Tenerife o el centro comercial de Alcampo en La Laguna. Según la Federación de trabajadores de seguridad privada (FTSP-USO), todas estas protestas encuentran su origen en descuentos unilaterales en las nóminas que ahora se complementan con nuevas normas restrictivas que la empresa justifica, precisamente, por el retraso de tan distinguidos clientes en abonar las facturas.
Fuente: diariodeavisos.com
