SONNIA CHINEA, Tenerife
Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, empresa de seguridad privada cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, han sido convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) a sendas concentraciones programadas a partir de las 10:00 de la mañana el próximo martes (CCOO) y viernes (FTSP-USO), respectivamente. El objetivo, protestar por las condiciones laborales que sufren los trabajadores a los que representan y por el "descuelgue del vigente convenio colectivo estatal de esta empresa de seguridad privada".
Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".
Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer a EL DÍA que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.
Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".
Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".
Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.
Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.
De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".
También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.
"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.
Fuente: eldia.es
Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, empresa de seguridad privada cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, han sido convocados por Comisiones Obreras (CCOO) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) a sendas concentraciones programadas a partir de las 10:00 de la mañana el próximo martes (CCOO) y viernes (FTSP-USO), respectivamente. El objetivo, protestar por las condiciones laborales que sufren los trabajadores a los que representan y por el "descuelgue del vigente convenio colectivo estatal de esta empresa de seguridad privada".
Días antes de conocer estas acciones, la FTSP-USO sacaba a la luz un comunicado donde advertía de que esta empresa de seguridad, con amplia presencia en organismos dependientes del Gobierno de Canarias, como el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, Presidencia del Gobierno o los Edificios Múltiples I y II, entre otros, se había convertido en pionera a la hora de aplicar la nueva reforma laboral, "haciéndolo además de la peor forma posible ya que aplica medidas a sus trabajadores que van mas allá de lo que contempla la reforma".
Basilio Febles, secretario de Organización del sindicato, señaló ayer a EL DÍA que precisamente se hallaban en medio de una asamblea para determinar el calendario de movilizaciones que comenzarán el viernes con concentraciones en el Palacio de Justicia, Presidencia del Gobierno y el Edificio Múltiples II a cuenta de "las malas prácticas" llevadas a cabo por parte de Seguridad Integral Canaria, empresa que "a principios del año 2011 quitó de la nómina del mes de enero 100 euros a todos sus trabajadores, supuestamente para financiar su deuda. Esta medida se aplicaría durante varios meses y luego se devolvería a los trabajadores, cuando la empresa tuviera beneficios". Los trabajadores estiman que "la cantidad ascendía a 160.000 euros mensuales que pretendían recaudar a costa de sus trabajadores", añadió.
Asimismo, el sindicato ha denunciado que esta compañía "ha tenido que abonar los costes originados por los despidos y procesos judiciales realizados durante los años 2010 y 2011, de aproximadamente un millón de euros, cantidad que se puede ver incrementada al existir aún numerosos juicios pendientes". Según refleja el comunicado, los datos fueron suministrados por la propia empresa y solo "es un ejemplo de cómo funciona cuando aplica el denúnciame y que decida el de la toga, que pronuncian algunos directivos".
Por ello, el Comité de Empresa, donde la FTSP-USO es mayoritaria, se ha posicionado "en contra de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que quieren imponer a los trabajadores".
Mientras, la empresa se defiende manifestando que la recesión les ha obligado a "tomar una serie de decisiones y medidas para sobrellevar esta situación. Por eso hemos ofrecido al sindicato algún tipo de negociación y no se ha querido sentar a negociar y las ha rechazado tajantemente", afirmó Leonardo Clemente, responsable de la compañía en la provincia tinerfeña.
Según Clemente, "tenemos que entender que hasta a los funcionarios les han querido subir una hora diaria. Eso supone más o menos lo que nosotros estamos ofreciendo. Además, preferimos subir la productividad de nuestro personal y no bajarles el sueldo. Ellos tienen una forma de pensar, nosotros otra y lo que no ha habido es diálogo, así que nos tendremos que ir a un arbitraje", añadió.
De hecho, apuntó, "existe un convenio donde se habían acordado unas posibles subidas y mientras en España a la gente se le está bajando el sueldo, ellos todavía quieren una subida en el salario".
También hizo mención a "la paga de beneficios, que, "seguramente, no habrán mencionado porque no les interesa, en abril de 2013. Ellos quieren defender el convenio actual y nosotros, en la situación que nos encontramos, a cuenta del retraso en el pago de nuestros clientes, empresas que mayoritariamente dependen del Gobierno de Canarias, tenemos retrasos que nos está llevando a una situación financiera de estudio", relató.
"Pase lo que pase, la empresa ha garantizado el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero supongo que tampoco se lo habrán mencionado", lamentó Clemente.
Fuente: eldia.es
