LA MEDIDA FORMA PARTE DE LA PRIVATIZACIÓN IMPULSADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR
Los agentes de la Guardia Civil siguen haciéndose cargo de las cámaras de seguridad y de controlar el perímetro.
El Ministerio del Interior pondrá en marcha a partir de octubre el plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, unas tareas que asumirán vigilantes privados.
PAMPLONA. En la recién estrenada cárcel de Pamplona, sin embargo, el control de acceso ya es una labor que corre a cargo de trabajadores del sector de la seguridad privada, entre ellos algún escolta que ha dejado de proteger a personas amenazadas por ETA.
En los plantes de Interior figura que los vigilantes privados sustituirán a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos auxiliares como la vigilancia del perímetro exterior o el control de las cámaras de seguridad. En ningún caso, estos refuerzos se destinarán a la seguridad y vigilancia de los reclusos ni a las labores propias de los funcionarios de prisiones o guardias civiles. Además, el mando del servicio de vigilancia de los centros penitenciarios seguirá estando a cargo de agentes del Instituto Armado.
En el caso del centro Pamplona I, inaugurado a principios del pasado mes de junio, la función de controlar el acceso al recinto ya está en manos de vigilantes de seguridad privados. En concreto, y repartidos en dos turnos, un vigilante, acompañado por un funcionario de Prisiones, además de un auxiliar de seguridad, son los responsables de filtrar la entrada a la prisión que se ubica en la colina de Santa Lucía.
Esta labor era desarrollada por agentes de la Guardia Civil en la vieja cárcel del barrio de San Juan, que en las nuevas instalaciones siguen haciéndose cargo del control de las cámaras de seguridad, de las alarmas exteriores y del control del perímetro, con rondas periódicas en vehículo.
ESCOLTAS PRIVADOS El ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz ofreció esta vigilancia auxiliar en las prisiones a alrededor de 400 escoltas privados contratados en Navarra y la CAV que desde el pasado mes de marzo se quedaron sin trabajo tras la puesta en marcha del plan de reordenación de los servicios de protección. Entre el personal que trabaja en el control de acceso de la nueva cárcel de Pamplona se encuentran alguno de estos escoltas.
La medida, después de iniciarse en estas comunidades, posteriormente se ha extendido al resto de escoltas con el objetivo de optimizar los recursos policiales y de adaptarse a la nueva situación que lleva aparejada una menor amenaza terrorista tras el anuncio de cese de la actividad armada hecho por ETA el pasado 20 octubre.
Además, Interior justifica el programa de reubicación de escoltas en el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que había motivado que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en los últimos años. En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en la CAV y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas.
En un principio, los escoltas de estas comunidades ofrecieron sus servicios para proteger a las víctimas de violencia machista en situación de riesgo extremo, pero el propio ministro explicó en su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado el pasado 20 de marzo que de momento no era posible porque las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas
