28 de febrero de 2015

AENA aumenta la seguridad en los aeropuertos para detectar explosivos

Los aeropuertos de Son Sant Joan, Maó y Eivissa incrementarán desde este domingo todos los sistemas de control en los filtros de seguridad, por la entrada en vigor de la nueva normativa de
Bruselas en todo lo que concierne al equipaje de mano.
Los pasajeros se encontrarán con una nueva inspección en su equipaje de mano, que conllevará la extracción de todos los dispositivos electrónicos y eléctricos para ser revisados por separado, según anunció este viernes el director de la red de aeropuertos de AENA, Fernando Echegaray.
A partir de ahora, cualquier pasajero en principio puede ser susceptible a que se le haga esta inspección, que incluirá aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores o móviles, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño como planchas, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles.
El nuevo reglamento europeo señala, entre otras cosas, que «datos recientes han demostrado que nuevos modelos de ocultación de artefactos explosivos improvisados están siendo desarrollados por terroristas, con el fin de contrarrestar las medidas de seguridad aérea existentes en relación con la inspección del equipaje de mano».
Por ello, deben modificarse determinadas medidas de seguridad, a fin de «mejorar la mitigación de la amenaza de artefactos explosivos improvisados ocultos en el equipaje de mano», puntualizaba Echegaray.
Para poder cumplimentar la nueva normativa comunitaria, en los tres aeropuertos de Balears se reforzará la plantilla de vigilantes de seguridad, «sin que ello merme los actuales de niveles de calidad», indican desde AENA.

Los aeropuertos inspeccionarán los aparatos eléctricos en el equipaje

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Radicales revientan la huelga tras dejar un vigilante hospitalizado y daños en facultades

Miles de estudiantes paralizan el centro para pedir al Gobierno que dé marcha atrás en la reforma que permite acortar las carreras
Un grupo de radicales volvió a robar el protagonismo a los miles de alumnos de institutos y universidades que ayer salieron a la calle para pedir al Gobierno un paso atrás en su reforma universitaria. Sucedió durante la segunda jornada consecutiva de huelga, que estuvo acompañada de una multitudinaria manifestación que colapsó el centro de Valencia durante parte de la mañana gracias al destacado seguimiento de la convocatoria.
La jornada quedó marcada por el acto vandálico que sobre las diez de la mañana causó la hospitalización de un vigilante de la seguridad privada del campus de Tarongers de la Universitat, que fue trasladado al Clínico por un ataque de ansiedad, según fuentes oficiales del centro. El motivo fue la irrupción de un grupo de alborotadores en una clase del Aulario Norte, donde arrojaron un artefacto casero que causó una importante humareda


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Nota informativa: Desestimada querella criminal.



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Nota informativa Serramar y Damaterra



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Los cuatro principales acusados del robo de joyas de El Corte Inglés negocian con la Fiscalía

Las penas que se piden inicialmente para ellos, que oscilan entre los 41 y los 34 años podrían quedarse en menos de diez años
A pocas horas de que arranque el juicio contra los nueve procesados por el robo millonario de joyas en El Corte Inglés de Puerto Banús en noviembre de 2012, la acción se ha trasladado a los despachos. En concreto a los de la Fiscalía, dónde los abogados de los cuatro principales acusados en esta causa propusieron ayer al representante del Ministerio Público que lleva el asunto un pacto.
Las negociaciones se han abierto sobre la situación de los cuatro acusados de cometer el robo. Según la Fiscalía, son las tres personas que se llevaron las joyas y relojes tasados en 4,7 millones de euros del establecimiento comercial, ayudados por la cuarta, un vigilante de seguridad que había cambiado el turno para estar allí aquel día.
Desde el Ministerio Público se acusa a estos cuatro procesados de hasta seis delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia. Asimismo, se considera a tres de ellos responsables de un delito de robo del vehículo en el que se habrían dado a la fuga y, a uno, de tenencia ilícita de armas. Así, en el escrito de con sus conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, se solicitan penas para estos procesados que oscilan entre los 41 y 34 años de cárcel.

Según explicaron las fuentes consultadas, la propuesta de los abogados es que los seis delitos de detención ilegal de los que se acusa a sus representados se integren en el de robo con violencia, para el que se acordaría aplicar la pena máxima de cinco años de prisión. Y es que el grueso de las condenas solicitadas por la Fiscalía para estos cuatro procesados se encuentra en las supuestas detenciones ilegales, por las que se pide 30 años de prisión.
De esta forma, las penas que el representante del Ministerio Público solicita para los principales acusados variarían sustancialmente. Así, si hasta ahora está pidiendo condenas de entre 41 y 34 años para ellos, éstas se quedarían oscilando entre once años de cárcel y cuatro, siempre según explicaron las mismas fuentes.
Pese a conocer ya la propuesta, la Fiscalía aún no habría tomado ninguna decisión al respecto. La postura del representante del Ministerio Público no se conocerá hasta el próximo lunes, cuando comience el juicio por el robo de las joyas en El Corte Inglés de Puerto Banús.

Los otros procesados
Entonces los cuatro principales procesados se sentarán ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, junto a otras cinco personas. Éstas están acusadas de supuestos delitos de receptación, bien por la Fiscalía o por particulares, y entre ellas se encuentra Miguel Montes Neiro, conocido como el preso más antiguo de España, ya que pasó más de 36 años encerrado tras las rejas, hasta que salió en libertad de prisión gracias a un indulto del Gobierno.
Sin embargo, Montes Neiro fue detenido por la Policía Nacional, que aseguraba que había asistido a reuniones en las que se trataba la forma en la que se iba a dar salida al botín. Pese a ello, finalmente la Fiscalía decidió archivar la causa contra él.
Fue la única parte que lo hizo, puesto que las acusaciones particulares sí le creen responsable de un supuesto delito de receptación, por el que será juzgado los próximos días en la Audiencia. Piden para él un año de prisión y, en el caso de la joyería Gómez y Molina, eleva esta solicitud a un año y cuatro meses de cárcel.

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Dos detenidos al negarse “violentamente" a ser identificados tras un hurto

La Policía Local detuvo el miércoles a dos individuos tras negarse a ser identificados tras haber perpetrado un robo en un comercio de Cañonero Dato.
Sobre las 20´20 horas los agentes del Cuerpo fueron requeridos por el vigilante de seguridad del establecimiento, que les manifiestó que un individuo acababa de realizar un hurto en dicho establecimiento dándose a la fuga.
Los agentes, tras recabar datos del individuo, que fueron son facilitados a otras unidades, dieron una batida por las cercanías la cual dio resultado positivo al observar, en la parte trasera de una cafetería, al individuo en compañia de otros dos, escondiendo, ante la presencia policial, una bolsa en los bajos de un vehículo estacionado en la zona. Los agentes inspeccionaron la bolsa encontrando en ella diverso material sustraído del comercio reseñado y procedieron a la identificación de los tres individuos, negándose dos de ellos a facilitarla y empujando violentamente a uno de los agentes, dándose a la fuga los dos que se negaron a ser identificados.
Tras emprender la persecución de estos, los agentes lograron detener a uno de ellos, el cual se resistió violentamente, propinando patadas y golpes a los agentes, logrando estos reducirlo. Posteriormente y por otra unidad fue interceptado el otro individuo que igualmente se comportó de forma violenta.
Las diligencias fueron instruidas en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía

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Una juez prohíbe a dos mujeres acercarse al vigilante de un «súper» que les acusó de robar

Madre e hija fueron detenidas por la presunta agresión al guarda, que advirtió a otro empleado de que estaban llevándose un maquillaje
S. LLINARES 27.02.2015 | 00:04
La juez en funciones de guardia decretó ayer para dos mujeres –madre e hija– una orden de alejamiento respecto al vigilante de seguridad de un supermercado del barrio alicantino de Juan XXIII después de que ambas agredieran supuestamente al guarda tras advertir éste a un empleado de que habían cogido un maquillaje, según indicaron ayer fuentes judiciales a este diario.
Las mujeres fueron detenidas y puestas ayer a disposición de la juez de guardia, quien además de imputarles un intento de hurto les prohibió acercarse al vigilante a menos de cien metros durante un tiempo de seis meses para evitar posibles altercados, según explicaron fuentes judiciales. Tras declarar ante la magistrada, ambas quedaron en libertad con cargos.
El supermercado se encuentra situado junto a la vivienda de las mujeres, por lo que no podrán, en ese tiempo, hacer la compra en el establecimiento y en teoría no pasar por delante del mismo.
Los hechos ocurrieron durante la jornada del miércoles, cuando el vigilante de seguridad se percató de que las mujeres estaban merodeando por la zona de pinturas y maquillajes del local. Según las citadas fuentes judiciales, el guarda alertó a un empleado de que habían sustraído un maquillaje. El trabajador les llamó la atención y devolvieron las pinturas –al parecer una caja de maquillaje–, pero a la salida se enfrentaron al vigilante por «chivato» y se desarrolló una trifulca que terminó con el arresto de ambas por parte de la Policía Nacional.
El fiscal que atendió el caso entendió que la situación podría generar tensiones futuras entre el vigilante y las mujeres y solicitó a la juez seis meses de alejamiento, una medida de carácter provisional que fue acordada por la magistrada antes de que las dejara en libertad.
Los hurtos en las cadenas de supermercados han llevado a muchas empresas a optar por un vigilante personado en el local durante el tiempo de apertura al público, algo que resulta de lo más efectivo para las empresas debido a los trucos y picaresca desarrollada en torno a las alarmas y arcos de seguridad.
Por otro lado, dos arrestados por el robo de varios artículos en una tienda del centro comercial Plaza Mar de Alicante pasaron también ayer a disposición del juzgado de guardia de Alicante, si bien la juez les dejó en libertad aunque imputados por un delito de robo, ya que la tasación efectuada por los productos según el establecimiento superaba los 400 euros. Así lo indicaron ayer a este diario fuentes judiciales, que no precisaron de qué tipo de productos se trataba.

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La FTSP-USO pide a Defensa que cancele sus contratos con Seguridad Integral Canaria por supuesto fraude a Hacienda.

LA AGENCIA TRIBUTARIA INVESTIGA AL GRUPO POR FRAUDE FISCAL
Su presidente fue condenado por delito urbanístico y la empresa tiene problemas con la justicia por supuesto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social
El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha remitido a los principales clientes de Seguridad Integral Canaria, empresa a la que, entre otras cosas, adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, una carta en la que denuncia los asuntos con la justicia que tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, y pide la revisión de los contratos.
Ramírez, un canario al que se le conoce amistad con el ministro de Industria, José Manuel Soria, fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado por delito urbanístico. Además, según la carta remitida por USO, Seguridad Integral Canaria está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar supuestamente en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial.
Esa carta de tres folios, fechada el pasado 5 de febrero y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, está dirigida al ministro Pedro Morenés y a otros siete altos cargos del Ministerio de Defensa; al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj; al director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, Ignacio Azqueta; al presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y al director de Seguridad del Ente, Alfonso Perellón, así como al Consejero Delegado de BBVA, Ángel Fernández Cano, y a otros cuatro altos cargos de este banco, como a su director de Seguridad, Julio Corrochano, quien ha sido Jefe Superior de Policía de Madrid.

Los problemas judiciales de la empresa canaria de seguridad
Como ya informó Vozpópuli en su momento en un extenso reportaje, son muchos los problemas por los que atraviesan los trabajadores de la seguridad privada, pero parece ser que la palma se la llevaría, entre otras empresas de las casi 1.500 que componen el sector, Seguridad Integral Canaria; eso, al menos, es lo que afirma el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, en la carta-informe a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que pide a las empresas e instituciones a las que ha sido remitida que rescindan el contrato con esta sociedad canaria.
En su carta, Duarte dice a los destinatarios que “la contratación [de los servicios de seguridad a esta empresa canaria] la realizaron meramente en base a criterios de ahorro de costes”, pero que no deben ser los únicos criterios, sobre todo porque –afirma la carta- el dueño de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, fue condenado por delito urbanístico, aunque el Gobierno de Rajoy le concedió un indulto.
Pero, además, USO afirma que Ramírez “está actualmente imputado por varios delitos, entre ellos por los hechos acaecidos en el servicio que prestaba su empresa en el Aeropuerto Tenerife Sur (AENA), por supuestos delitos de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos”, un expediente que, sin embargo, estaría parado en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 3 de los de Granadilla.
En la carta se añade también que Ramírez está imputado por el Juzgado de Instrucción Nº 8 de las Palmas de Gran Canaria por un supuesto delito fiscal, al no retener en IRPF ni supuestamente cotizar debidamente a la Tesorería General de la Seguridad Social por las horas extras que realizan sus trabajadores.
En ese punto, la carta remitida por Antonio Duarte al ministro de Defensa y a los otros 17 destinatarios afirma lo siguiente: “Las cantidades que debieron de haberse retenido e ingresado son 1.251.650,22€ en el año 2008 y de 1.1143.057,42 € para el año 2009, según datos de la Agencia Tributaria. No obstante, se prevén defraudaciones superiores al estar pendientes los pertinentes informes en relación al periodo que comprende del 2010 al 2013, y con respecto a las retenciones de IRPF e ingresos correspondientes derivados para la TGSS de dichos ejercicios”.
No obstante, según recoge la propia carta, la empresa habría reconocido parte de los anteriores hechos y habría pactado con la Unidad Central de la Inspección de Trabajo abonar las cantidades supuestamente defraudadas en 10 mensualidades.

La situación interna de los trabajadores: competitividad ventajista
Más allá de los expedientes judiciales, la queja de USO explicitada en su carta a los citados destinatarios se refiere de forma muy explícita a como la empresa Seguridad Integral Canaria habría intentado modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo a sus trabajadores, bien a través de un descuelgue salarial o de la formalización de un convenio de empresa propio, “con la finalidad de adquirir ventaja competitiva en las licitaciones (en este sector los gastos de personal suponen más del 90% de los gastos generados por los operadores), pero siempre se ha encontrado con la oposición final, aunque tardía, de las autoridades laborales”.
USO afirma en este punto que la empresa continúa con su política de abono de menores retribuciones de las establecidas por Convenio Colectivo a sus empleados, “siendo una de las empresas más demandadas y conflictivas del sector”, dice la carta, “como fácilmente puede cotejar del ambiente de crispación con respecto a ella de este sindicato, tanto en medios informativos como en foros del sector”.

Otras propuestas de sanción
USO relaciona seguidamente las otras propuestas de sanción que tendría Seguridad Integral Canaria por parte de la Inspección de trabajo, destacando una de 25.000€ por supuestamente no abonar a sus trabajadores en tiempo y forma la nómina mensual. Además, la carta que firma Antonio Duarte en nombre de USO destaca su política laboral, acusándola de cosas más intangibles, como de supuestos abusos de autoridad o de intimidación.
En ese punto, destaca Duarte los despidos de los 5 miembros del Comité de Empresa y del Delegado Sindical de la FTSP-USO en Tenerife. Pero añade: “Afortunadamente, estos representantes de los trabajadores represaliados han ganado sus demandas por despido nulo y pudieron volver a sus puestos de trabajo en la empresa”.
Finalmente, USO lanza una advertencia a las empresas contratistas: “Nuestra asesoría jurídica está analizando seriamente la viabilidad de demandar judicialmente a todas las empresas o instituciones donde preste servicios” la empresa canaria, pero “como responsables civiles subsidiarios o solidarios en todas las reclamaciones de cantidades que se dirijan a esta empresa por parte de la Administración y de los trabajadores”. Y también les comunican que USO está estudiando incluir como parte denunciada o querellada “a las instituciones o empresas contratantes en las posibles denuncias o querellas criminales por delitos ante la Hacienda pública y la Tesorería General de la Seguridad Social”.
Según los datos facilitados por la propia empresa, Seguridad Integral Canaria surgió en 1995 para la vigilancia y la protección de bienes e instalaciones, además de posicionarse como la “apuesta más segura” en el transporte de fondos y valores en Canarias y la Península Ibérica. En pocos años se convirtió en la empresa líder de seguridad en el archipiélago canario, y en 2005 amplió su actividad en el resto del territorio nacional, instalándose en Madrid.
Actualmente cuenta con grandes contratos en Metro de Madrid (unos 500 vigilantes), los edificios de Nuevos Ministerios, edificios del Patrimonio Nacional, cuarteles y edificios relacionados con el Ministerio de Defensa, INTA, RTVE y BBVA (transporte de fondos, al menos en Canarias).

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26 de febrero de 2015

Un vigilante, hospitalizado tras un acto vandálico durante la huelga en la Universitat de València

El acto vandálico ha consistido en arrojar un artefacto casero compuesto en parte por azufre, metido dentro de una lata de cerveza, lo que ha generado una gran humareda que ha obligado a vaciar el aula
Un vigilante de seguridad de la Universitat de València ha sido trasladado al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad como consecuencia de un acto vandálico en el Aulario Norte del Campus de Tarongers. Aunque en un principio se barajaba la posibilidad de que se hubiera intoxicado como consecuencia de un bote de humo, arrojado para boicotear una clase que se estaba impartiendo, las pruebas que le han realizado en el Clínico han determinado que ha sufrido una crisis de ansiedad como consecuencia de la tensión vivida.
El acto vandálico ha consistido en arrojar un artefacto casero compuesto en parte por azufre, metido dentro de una lata de cerveza, lo que ha generado una gran humareda que ha obligado a vaciar el aula. Cuando el vigilante ha accedido a la planta tercera del edificio, el vigilante ha inhalado el humo, lo que le ha provocado una indisposición además de una crisis de ansiedad. Tras ser atendido por un Soporte Vital Básico en el propio Campus, ha sido trasaladado a un centro hospitalario para realizarle un chequeo completo.
Como consecuencia del incidente, un grupo de agentes de la Policía Nacional ha perseguido a un piquete que se movía por la zona y se han producido varias identificaciones. Eso sí, una parte importante del grupo ha conseguido huir a través de la calle Ramón Llull hacia la zona universitaria de Blasco Ibáñez.
Un vigilante tiene que ser hospitalizado tras lanzar botes de humo en la huelga en la Universitat
En este ocasión los piquetes, la mayoría a cara descubierta, no han causado problemas en los acceso gracias a la presencia de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que ha facilitado la entrada a cualquier persona que quería acceder a la Universitat Politécnica. En el Campus de Tarongers, más allá de los botes de humo (por lo menos se han lanzado tres) no ha habido problemas. En parte porque la asistencia a clase ha sido anecdótica.
A las 12 horas está prevista una manifestación multitudinaria en la que además de alumnos universitarios también participarán los de institutos, convocados por el Sindicato de Estudiantes.
En cuanto a la jornada de ayer, la organización cifró el seguimiento al paro en un 81% en los institutos y en un 86% en la UV. No hubo datos oficiales.

Un guardia de seguridad, hospitalizado tras una acción de los piquetes en Valencia


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Instalsec Nº 37 - Febrero 2015




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Las discotecas no pueden tener cámaras en los accesos

Una sentencia del TSJC modifica el reglamento de la ley de Espectáculos catalana, cuyo cambio está ahora en estudio
Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) determina que las cámaras de vigilancia en los accesos a los locales de noche son inconstitucionales, porque afectan a la intimidad de los clientes.
Esta obligación estaba comprendida en el reglamento que desarrolla la ley de Espectáculos catalana del año 2010, actualmente en vigor, y que fue recurrido por la Federación de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) ante la sala de lo contencioso del TSJC. Dicho artículo reza que los locales con aforo a partir de 151 personas (discotecas, bares musicales, sitios donde se desarrollan conciertos...) deben instalar un sistema de grabación "que registre de forma continuada, desde la apertura del local hasta su cierre, cada una de las entradas y salidas del mismo, con los datos del día y la hora. Las imágenes se deben guardar un periodo de tres meses, con pleno respeto a la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal".
Pues bien, el TSJC ha dado la razón en este apartado a los letrados de Fecalon, Fernando Martínez y Jordi Montero, al estimar que las cámaras de vigilancia en los accesos suponen "una clara intromisión en los derechos fundamentales a la imagen y la intimidad" de los usuarios y clientes de los establecimientos, y que esta norma contraviene la Constitución. Es decir, que no hay por qué grabar a quien accede a un determinado local ni conservar a qué hora entró y cuándo salió, ni registrar con quién va.
Asimismo, el TSJC también modifica el reglamento en el sentido de que la forma de aplicar sanciones graves y muy graves debe modificarse y explicitarse desde un inicio cuál ha sido el motivo del expediente.
En cambio, el tribunal mantiene otras disposiciones impugnadas, como que los locales nocturnos deben tener sistemas de control del aforo, limitadores de sonido con registradores y que las discotecas y bares musicales con aforo superior a 150 personas "deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir la aglomeración de personas en la vía pública", para lo cual siempre pueden reclamar la ayuda de la policía.
En este momento, el Govern está tratando con el sector del ocio nocturno el anteproyecto de la ley de Espectáculos, cuyo texto anterior fue aprobado por el tripartito.

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Sentencia sobre cacheos en aeropuertos.

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 30 de Enero de 2015 en reclamación por conflicto colectivo contra Aena -  Aeropuerto de Asturias.


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La nueva Ley de Seguridad Privada

“Las notas propias implementadas por nuestra jurisprudencia constitucional respecto al concepto y alcance de la seguridad pública, en modo alguno se ven limitadas por la nueva Ley”
Jorge Salgueiro-Rodríguez, presidente ejecutivo de Aecra
Deseo antes de escribir estas líneas, felicitar al Ministerio de Interior, por haber impulsado ante el Gobierno y Parlamento Español, la revisión y actualización de un marco legal del año 1992, con una clara vocación y voluntad de establecer nuevas soluciones que permitan tanto a los usuarios como a las Empresas de Seguridad avanzar en un modelo de Seguridad Privada que satisfaga un concepto más amplio de Seguridad integral con clara implicación de las nuevas tecnologías y que profundice en un modelo de integración, complementariedad y colaboración real de la Seguridad privada en la prevención o disuasión del delito, y no sólo en espacios exclusivamente privados.



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La opinión de las asociaciones de seguridad

Interempresas ha entrevistado a las principales asociaciones de seguridad. El presidente de Acaes, Josep Bellot; la directora ejecutiva de AES, Paloma Velasco; el presidente de Protecturi, Jesús Alcantarilla; el presidente de Apess, Rafael Tinoco; el presidente de FES, José Manuel López; la presidenta de Aresmur, Encarna Ortiz; el presidente de FAS, Enrique López del Estal; y el presidente de Aesab, Jesús Castillo; han querido contestar a algunas preguntas concretas sobre la actualidad del sector de la seguridad así como de la Asociación a la que pertenecen.
                   



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Junta Personal de Administración del Estado denuncia la contratación de seguridad privada en la cárcel de 'La Torrecica'

La Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en Albacete ha mostrado "su más enérgica protesta" y rechazo ante la incorporación el próximo 1 de octubre de vigilantes privados en el Centro Penitenciario de Albacete 'La Torrecica', medida implantada de forma unilateral por el Ministerio de Interior en todos los centros penitenciarios de su competencia. 
En nota de prensa, la Junta de Personal ha lamentado que esto supone "un paso más en la degradación sistemática en la calidad de los servicios que se está llevando a cabo en el conjunto de la Administración General del Estado amparándose en supuestos criterios de eficiencia y eficacia en las gestión servicios públicos". 
Esta Junta como órgano de representación colectiva de los funcionarios de la Administración Periférica del Estado denuncia que esta decisión "profundiza en el proceso de externalización y privatización de servicios públicos", y que en este caso concreto, se producirá el "consiguiente menoscabo y deterioro en la prestación del servicio de seguridad que hasta la fecha lo realizaba de forma ejemplar y modélica la Guardia Civil, y que debido a la escasez de efectivos, pasará a manos de empresas de Seguridad Privada". 
Por todo ello, han pedido al Gobierno central que abandone la implantación de modelos de externalización de servicios públicos y fomente la reposición de personal en cuerpos de funcionarios, donde la congelación de la oferta de empleo público está provocando "situaciones de riesgo en el ejercicio de sus competencias".
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Prosegur ganó 158,7 millones de euros en 2014, el 1,8 % más

Prosegur ganó 158,7 millones de euros en 2014, el 1,8 % más
Prosegur ganó 158,7 millones de euros en 2014, el 1,8 % más
La compañía de seguridad privada Prosegur obtuvo un beneficio neto de 158,7 millones de euros en 2014, lo que supone un incremento del 1,8 % respecto al año anterior, ha comunicado hoy la empresa de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los ingresos de Prosegur se incrementaron el 2,4 %, hasta alcanzar 3.782,5 millones de euros, la mayor parte de ellos obtenidos en su principal mercado, Iberoamérica, donde facturó 2.201 millones de euros con un descenso del 2,4 %.
La compañía ha atribuido esta caída de la cifra de negocio en Iberoamérica al impacto de la devaluación de las principales monedas de la región, por lo que, eliminado ese efecto, las ventas crecerían por encima del 16 %.
En cuanto a Europa y Asia-Pacífico, los ingresos aumentaron un 10 % hasta 1.581 millones de euros, gracias al buen comportamiento de España, influido por la recuperación económica, y de Alemania, donde las ventas se incrementaron más del 32 %, mientras que en la región asiática subieron por encima del 20 %.
Por líneas de negocio, el principal segmento de Prosegur es el de soluciones integrales de seguridad, que aportó 1.937 millones de euros a la cifra de negocio, una cuantía en línea con la obtenida en 2013.
Por su parte, el área de logística de valores y gestión de efectivo alcanzó los 1.664 millones, el 5 % más, en tanto que el negocio de alarmas ingresó 181 millones de euros.
La compañía ha lanzado una nueva división de ciberseguridad para completar su línea de servicios y ha creado un centro global de operaciones desde el que desarrolla sus propuestas de seguridad de la información.
La deuda neta de la compañía se situó en 611 millones de euros al cierre del ejercicio.

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Grupo Segur firma un acuerdo de colaboración con la Asociación de Directivos de Seguridad Integral

 Grupo Segur ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación de Directivos de Seguridad Integral (ADSI), con el objetivo de apoyar todas las iniciativas que dicha asociación lleva a cabo, según informa la compañía.
  Este acuerdo de patrocinio forma parte del compromiso del Grupo con el impulso del sector de la seguridad tanto pública como privada en España y su deseo de contribuir al fomento y desarrollo de la misma.
  En palabras del consejero delegado de Grupo Segur, Ignacio Suárez, "la compañía apuesta por la profesionalización del sector y el intercambio de ideas y conocimientos en la industria. Sin duda, la historia del Grupo ha discurrido paralela al desarrollo del sector de la seguridad prácticamente desde su creación", donde se han "involucrado activamente en la profesionalización del mismo".
  "Con este acuerdo, impulsaremos el diálogo y la colaboración, además de facilitar las herramientas informativas necesarias, para que los actores principales del sector nos preparemos para los próximos años. Por ello, apostamos por los foros y asociaciones que, como ADSI, facilitan un excelente marco de debate e intercambio de conocimientos", ha añadido.
  Por su parte, el presidente de ADSI, Francisco Poley, ha agradecido a Grupo Segur "la confianza depositada en ADSI, ya que con su colaboración nos permite desarrollar los objetivos de promoción de la actividad profesional del director de seguridad, de la competencia de las personas que la ejercen y, en general, cualquier aspecto que ayude a la mejora de la imagen del sector"
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24 de febrero de 2015

Los sindicatos CCOO y UGT, aceptan vincular los sueldos a la evolución del PIB

UGT y CCOO reclaman un aumento del 1,5% si la economía crece más del 2% como prevén la mayoría de pronósticos públicos y privados

La reunión entre sindicatos y patronal sobre sueldos acaba sin acuerdo

CCOO y UGT están dispuestos a vincular la evolución de los salarios al PIB, como piden CEOE y Cepyme. A cambio exigen que si la Economía crece más del 2 % este año, el incremento sea más de 1,5 %. Los sindicatos aceptarían un aumento del 1 % si el aumento del PIB es menor del 2 %, algo que queda por debajo de lo previsto por casi todos los servicios de estudios públicos oprivados.

Para 2016, contando con que la economía española evolucione mejor que durante este año, los sindicatos proponen subidas salariales de hasta el 2 %. Para ambos ejercicios, reclaman cláusulas de garantía salarial. “No podemos jugar a la ruleta con el sueldo de los trabajadores. Tiene que haber cláusula de salvaguarda”, ha defendido Ferrer.

Para 2017, los sindicatos CCOO y UGT dejan el porcentaje de subida salarial abierto, con una fórmula que tenga en cuenta cómo se comportó el PIB en 2016 y las previsiones oficiales para 2017. Con estos parámetros en mente, dejarían para los tres primeros meses de 2017 la negociación salarial para ese ejercicio.

Ferrer y Górriz han señalado que por el momento no hay acuerdo con las organizaciones empresariales ni en la cuestión salarial ni en la ‘ultraactividad’ de los convenios, ya que los sindicatos quieren establecer un principio vinculante según el cual un convenio suceda a otro.

“Tanto en el tema salarial como en la ultraactividad la situación es de estancamiento. La CEOE pretende en 2015 que el incremento salarial sea inferior al de 2014. No es posible en un periodo recesivo asumir una política salarial superior a la que se pretende en una recuperación económica. Con esa óptica es imposible el acuerdo”, ha advertido Ferrer.

El ‘número dos’ de UGT ha señalado que “no se ponen fechas” y que seguirán negociando esta semana y ha dejado claro que el acuerdo tiene que contemplar mejoras salariales porque, de lo contrario, no lo firmarán.

En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CC.OO. Ramón Górriz, ha alertado de que, en caso de que el acuerdo no sea posible, “se iniciará una guerra de guerrillas en la negociación colectiva que sería imposible de atajar. “Algunos ya estamos cansados de hacer de bomberos. Quien incendie, que corra con el incendio”, ha sentenciado.

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VINSA TUMBA CANDIDATURAS DE LA USO

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Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) queremos informar de que las candidaturas presentadas por la USO en la ciudad de Alicante para las elecciones sindicales a celebrarse en la empresa VINSA el próximo día 25 de febrero,  misteriosamente se han caído y los compañeros y compañeras que estaban dispuestos e ilusionados con el proyecto de la USO para ese proceso electoral, de repente nos dicen que no van a disponer de tiempo y que no van a poder presentarse.

Nos maliciamos que esto ha sido provocado tras la visita de un responsable sindical,  acompañado por personal de confianza de la empresa, para mostrarles “amablemente”  su error en presentarse bajo las siglas de la USO y el camino del abandono de esa candidatura.
Denunciamos las malas prácticas de la empresa VINSA en las elecciones sindicales que se celebran en todo el territorio español, pretendiendo y consiguiendo en la mayoría de las ocasiones que sólo se presente un sindicato a dichas elecciones. Para ello, no duda en hacer que sus responsables operativos (jefes de servicio, inspectores, coordinadores, etc.) se dediquen a visitar a los trabajadores/as pidiéndole que no se presenten a las elecciones bajo otras siglas.
Nos parece del todo reprochable que una empresa como VINSA se preste a estas malas prácticas sindicales y que pretenda de esa manera guiar y controlar las quejas y necesidades de sus trabajadores.
Queremos creer que esta práctica antisindical se produce sin el conocimiento de los máximos responsables de VINSA Grupo Alentis, y les decimos a los que participan y ponen en práctica ese juego, que sin duda tendrá respuesta, al menos desde nuestra Federación.

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23 de febrero de 2015

Noticias Semanales de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 23 de Febrero de 2015.





Díptico Sentencia Tribunal Supremo






























































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Los escoltas montaran una caravana desde Bilbao hasta Madrid para pedir trabajo.

Los escoltas se rebelan. Han estado décadas protegiendo a políticos y empresarios amenazados por ETA y ahora se sienten abandonados por ese Estado de derecho por el que se han jugado el tipo. El Gobierno prometió recolocarlos tras entender que no eran necesarios, porque la banda terrorista ya no suponía un riesgo, pero no ha cumplido su palabra. Los puestos que el Ejecutivo aseguró que les daría han sido ocupados por vigilantes privados, ubicados ahí por el dedo de las empresas de seguridad que ganaron el concurso secreto.
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Un vigilante pasa tres horas atrapado bajo una puerta que se le vino encima

Un vigilante de un aparcamiento de Tomelloso (Ciudad Real) pasó más de tres horas atrapado bajo una puerta de grandes dimensiones que se le vino encima, hasta que fue rescatado por la Guardia Civil con heridas por aplastamiento e hipotermia.
Según ha informado hoy la Delegación del Gobierno, el suceso ocurrió el pasado día 19, por la noche, cuando debido a las condiciones meteorológicas adversas, una puerta de grandes dimensiones se soltó de sus guías en un complejo de estacionamiento de vehículos.
El herido fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Tomelloso que se encontraba de servicio vigilando las empresas y locales para evitar los robos.
Así fue como vieron que había una persona atrapada bajo una puerta metálica de grandes dimensiones en el complejo de estacionamiento de vehículos denominado "Pentágono", ubicado en la vía de servicio de la autovía A-43, perteneciente al término municipal de Tomelloso.
Inmediatamente, los tres efectivos que formaban la patrulla liberaron a este hombre, de 40 años, vigilante de seguridad en el citado recinto, quien les contó que llevaba más de tres horas y media atrapado bajo la puerta.
Los agentes lo cubrieron con mantas y al observar las heridas por aplastamiento que presentaba en las extremidades así como síntomas de hipotermia lo inmovilizaron hasta que llegaron los servicios sanitarios y lo trasladaron al Hospital General de Tomelloso donde fue atendido de las lesiones que presentaba.

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Declaran improcedente el despido de un trabajador que se negó a hacer horas extras

El TSJ afirma en la sentencia que la realización de este período de trabajo «debe reputarse voluntaria, en los términos del Estatuto de los Trabajadores»
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una empresa contra la sentencia de un Juzgado de Cartagena que declaró improcedente del despido de un trabajador que fue cesado al negarse a realizar horas extraordinarias.
La sentencia del TSJ señala que el Juzgado declaró probado que hasta junio de 2012 la empresa abonaba a sus empleados un complemento de productividad, pero a partir de esa fecha les comunicó que el mismo se abonaría de forma variable, según los resultados.
Igualmentes les indicó que las horas extraordinarias serían abonadas hasta un máximo de 80 al año y que el resto se compensaría con periodos de descanso, a lo que los trabajadores respondieron que no las realizarían si no percibían la correspondiente retribución económica.
En esta situación, el demandante fue despedido al considerar sus jefes que había producido daños a la empresa al no incorporarse al equipo en el que estaba incluido para prestar un servicio.
El Juzgado, en la sentencia ahora confirmada por el TSJ, declaró improcedente el despido y condenó a la demandada a su readmisión o al pago de un indemnización cercana a los 39.000 euros.
Afirma la Sala que los hechos atribuidos al demandante y sobre los que se basó el despido no tienen la gravedad exigida para acordar una medida así. Y en cuanto a las horas extraordinarias, comenta que con excepción de los supuestos incluidos en el convenio colectivo, "su realización debe reputarse voluntaria, en los términos del Estatuto de los Trabajadores".

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"El poder ningunea y persigue a los detectives desde la época de Franco"

Juan Carlos Arias. Detective privado
El sabueso que esclareció el caso del cura acusado en falso publica 'Detectives RIP', un libro reivindicativo sobre su oficio, víctima de unas leyes restrictivas y del recelo de las autoridades.
Su trabajo sirvió hace unas semanas para esclarecer el caso de un cura que fue acusado falsamente de abusos sexuales y de inducción al suicidio, una denuncia que el Arzobispado tomó por buena sin hacer ninguna comprobación. Juan Carlos Arias, detective privado, descubrió que la persona que acusaba al clérigo se lo había inventado todo y había creado incluso dos cuentas de correo electrónico suplantando identidades. No había suicidio ni tampoco muerto. Su investigación dejó en evidencia a la emprendida por la Iglesia, que suspendió al cura durante casi un mes en un intento por tapar un escándalo que no era tal. "Este caso ha sido un esperpento, ¿dónde ha estado la investigación de la Justicia canónica?". 
Arias se hace esta pregunta mientras charla sobre el libro que acaba de publicar, Detectives RIP, una obra reivindicativa del oficio del sabueso editada a principios de año por el sello Seleer. Recibe a este periódico en su despacho de la agencia ADAS, fundada por él en 1982. Papeles, cuadernos y libros se apilan en su mesa, donde también reposa una lupa. Se echa en falta la pipa. A un lado de la mesa permanecen una vieja máquina de escribir y un escudo del Betis -"detective es sinónimo de sufridor"- y de las paredes cuelgan varios cuadros con diplomas. Sobre uno de ellos, un recorte con la cabecera de El Caso, el semanario de sucesos para el que trabajó un tiempo antes de ser detective. 
El libro es fruto de más de treinta años de experiencia. La del cura fue su primera investigación relacionada con la Iglesia católica, aunque sí se infiltró en los ochenta en la del Palmar de Troya. Se define como un detective de infantería, que en la mayoría de las veces tiene que hacer "artesanía" -en ocasiones con "hilo de oro"- para obtener la información que busca. En tres décadas de trabajo ha tocado casos de todo tipo. En uno de ellos encontró a un militar argentino prófugo que vivía en un chalé del Aljarafe. "Era una investigación que vino de Argentina sobre una chica que se había venido a vivir aquí. El abuelo era un vicecomodoro de la Fuerza Aérea en Córdoba, que había huido tras estar implicado en los vuelos de la muerte durante la dictadura. Avisé a la Embajada de Argentina y justo después se murió. Impune, eso sí". 
También investigó a Jacinto Rosselló, un estafador que se hacía pasar por primo del entonces príncipe Felipe en Asturias. "Se dedicaba a hacer inversiones de cartera. A mí me contrató un banco canadiense al que le dio un palo de diez millones de dólares. En casos como éste descubro que el mundo está al revés. El tipo era un impostor que afectaba al actual Rey y la Casa Real no ha hecho nada contra él, pese a que lo ha sufrido. Pasa como en el caso del cura. Parece que lo importante no es que haya sido imputado en falso, sino que haya chuleado a la Curia, que se haya planteado denunciarla". 
El libro de Arias es muy crítico con el poder establecido. A lo largo de toda la obra, sostiene una tesis muy firme. "Voy explicando cómo el poder ningunea y persigue a los detectives. Lo hace desde la época de Franco, que en 1951 sacó una norma absolutamente restrictiva". Hace un repaso de las diferentes normativas que han regulado su trabajo en España desde mediados del siglo pasado. "La única que yo considero positiva es la del Gobierno de Adolfo Suárez, en 1981. Luego Felipe González nos englobó en la ley de seguridad privada. Lo que ahí subyace es que los grandes escándalos del felipismo lo han sacado detectives privados: los casos de Juan Guerra y Luis Roldán y la dimisión de Julián García Vargas". 

En muchas de las investigaciones confluyen montones de intereses. "El poder y la soberbia siempre funcionan con los mismos esquemas. Que tú nos has descubierto una chapuza nuestra tiene un pase. ¿Que encima quieres que te pidamos perdón? Te vamos a machacar. En Sevilla hay una frase muy mala, que es la del usted no sabe con quién está hablando. Eso lo detecto yo en las miradas en los juzgados". 
Recurre a un caso real que investigó en Huelva, el de un hombre que estaba de baja en su empresa y trabajaba de camarero para un bar que era una tapadera de narcotraficantes, para explicar el riesgo de su trabajo. "Media hora antes del juicio me dijeron que el tío era cuñado de un italiano que estaba en la cárcel y que era peligroso. A quien me lo contó le pregunté que por qué no me lo había dicho antes y me respondió que entonces yo no habría ido. Pero allí no se presentó nadie, perdieron el juicio. Con esto quiero decir que los que aparentemente dan mucho miedo luego son flanes que se caen. Ladran pero no muerden. El que muerde, muerde, y te hunde. Por eso yo no puedo dar toda la información que manejo. Muchas veces conviene guardarte algo por si hay problemas". 
Su tesis contra el poder se sostiene en una serie de casos reales que aporta, como la operación Pitiusa, en la que fueron detenidos 80 compañeros suyos, o el caso de Método 3, que ocupa prácticamente un 25% del libro. "Detrás de nuestro trabajo hay muchos intereses. La investigación de un delito es algo que compete sólo a la Policía o la Guardia Civil. ¿Por qué no quieren que se investigue algo fuera de las Fuerzas de Seguridad? Incluso en ellas mismas están desmantelando las mejores unidades contra la corrupción, que ha llegado a todos los niveles. La Justicia está penosa. La sensación que tiene el ciudadano es que el que la hace no la está pagando". 
Su trabajo tiene muchos obstáculos. "Nos ponen pegas por todos lados. Una de nuestras bestias negras es el abuso y el exceso de la ley de protección de datos. Otra, la falta de colaboración absoluta por parte de los poderes públicos, que por un lado nos dicen que podemos ejercer pero por otro nos paran los pies. Eso hace que tengamos que movernos en lagunas. Somos un gremio huérfano. Nadie nos apoya. Todos nos temen pero todos nos contratan".

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