El Juzgado de lo Mercantil, nº 2 de Las Palmas ha aceptado la petición de concurso voluntario presentada por Seguridad Integral Canaria al considerar probada su insolvencia actual. El magistrado Guillermo Fernández ha designado a Juan Carlos Santos como administrador concursal y da un mes de plazo a los acreedores para notificar sus créditos con el deudor.
El magistrado Guillermo Fernández ha estimado la petición de declaración voluntaria de concurso de Seguridad Integral Canaria debido al estado de insolvencia actual que se desprende de los documentos presentados por la empresa al Juzgado de lo Mercantil, nº 2 de Las Palmas.
Según el auto, la solicitud cumple con las condiciones exigibles para que se declare el concurso voluntario dado el estado de insolvencia del deudor y que se evidencia pluralidad de acreedores según se desprende del listado presentado por Seguridad Integral Canaria.
El economista Juan Carlos Santos Barja es el administrador del concurso designado para intentar la salvación de la compañía y el pago a los acreedores. En este caso y al tratarse de un concurso voluntario, el deudor conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención del administrador.
Los acreedores de Seguridad Integral Canaria tendrán el plazo de un mes contando desde la última publicación de los anuncios de la declaración del concurso para comunicar la existencia de sus créditos con la empresa de seguridad. Asimismo, el deudor tendrá un plazo de diez días para presentar una lista actualizada de acreedores y el inventario de bienes y derechos.
