Vigilantes del Servicio Canario de la Salud (SCS) llevan ya cuatro meses sin cobrar sus salarios y una parte de ellos se manifestó en la mañana de ayer ante la Gerencia del citado departamento porque consideran que su situación resulta insostenible.
La última vez que percibieron sus ingresos mensuales fue en septiembre, es decir, la nómina de agosto. Todos ellos eran trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) y critican que el citado organismo de la Consejería de Sanidad del Gobierno autónomo “permitiera”, según el sindicato USO, la subrogación de dichos empleados a Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS), puesto que ambas sociedades, siempre según los sindicalistas, son propiedad del mismo empresario, Miguel Ángel Ramírez. El cambio de adjudicataria se hizo efectivo el pasado 6 de diciembre, pero eso no ha servido a los vigilantes de los centros de salud de Tenerife para mejorar sus condiciones retributivas, ya que continúan sin cobrar.
Decenas de empleados se concentraron ayer para exigir un “cambio de rumbo” en la contratación de la seguridad privada.
La portavoz de USO Canarias en materia de Seguridad Privada en Tenerife, Dolores Espinosa, explica que, curiosamente, los empleados de Sinergia en Gran Canaria sí han cobrado. Espinosa comenta que la sociedad Sinergia Vigilancia y Seguridad aplica un convenio laboral que ya fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ahora se está a la espera de lo que determine el Tribunal Supremo (TS).
En la mañana de ayer, representantes de los vigilantes afectados mantuvieron una reunión con responsables de la Gerencia del Servicio Canario de la Salud y una de las conclusiones fue que la intención de la administración es sacar a concurso la prestación lo antes posible para que a comienzos de marzo ya se haya adjudicado la seguridad privada de los centros sanitarios a otra sociedad. Según fuentes sindicales, una de las intenciones del organismo público es que desde mediados de enero y finales de febrero pueda contratarse temporalmente a otra sociedad. Sin embargo, esas mismas fuentes son escépticas con esa propuesta del Ejecutivo autonómico, pues consideran que difícilmente se podrá hacer realidad.
