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24 de junio de 2014
Una labor de ayuda al ciudadano
Dos vigilantes de seguridad. | LNE
A principios de mes entró en vigor una ley que señala que la vigilancia privada tiene un papel auxiliar y especialmente colaborador con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
Oviedo La seguridad privada es una de las salidas profesionales por las que muchos asturianos optan hoy en día. Las empresas y los organismos siguen necesitando personal que vele por el control de las instalaciones y de los profesionales que allí trabajan.
El día 4 de junio ha entrado en vigor una ley que regula las funciones y actividades de la seguridad privada en España. Esta Ley 5/2014 señala que la seguridad privada tiene un papel auxiliar y especialmente colaborador con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de manera que las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tienen la obligación de colaborar en base al principio de legalidad y de comunicar cualquier hecho delictivo del que tuvieran conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones.
En resumen, puede decirse que el conjunto de los cambios propuestos en la nueva ley, además de mejorar y resolver problemas técnicos, de gestión y operativos, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada (complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública), apostando por su papel preventivo en beneficio de la seguridad general, y lo hace aprovechando e integrando funcionalmente todo su potencial informativo, de recursos humanos y de medios materiales, al servicio de la protección y seguridad del conjunto de la ciudadanía, de forma compatible con el legítimo interés que persiguen las entidades privadas de seguridad.
En Oviedo existen academias, como AFA Formación contínua, que ofertan todo tipo de cursos especializados en seguridad y que se encuentran impartidos por grandes profesionales, con muchos años de experiencia a sus espaldas y con todos los certificados necesarios para realizar esa labor.
En su constante afán por ofrecer a sus clientes la mejor calidad en sus servicios, AFA Formación contínua dispone de más de 2.500 metros cuadrados de instalaciones, con aulas dotadas de medios audiovisuales y totalmente equipadas para la actividad docente, en sus diferentes modalidades de presencial, distancia y teleformación.
Además, es un centro homologado por el Ministerio del Interior para la impartición de la formación en seguridad privada tanto a particulares como a empresas. También puede presumir de ser la delegación oficial de Orthos para el Principado de Asturias. Orthos es la escuela número 1 de nuestro país en la formación de monitores deportivos.
Como ayuda al sector, ejecutan formación subvencionada para trabajadores desempleados o en activo dentro de los programas del plan de formación ocupacional del Principado de Asturias
El centro de formación AFA dispone de formadores AVSEC certificados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA, para impartir la enseñanza específica.
23 de junio de 2014
Vigilantes Noticias 23 de Junio de 2014.
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
Fremap dio un contrato de seguridad a la firma de uno de sus directivos
Fremap, una mutua de accidentes de trabajo sin ánimo de lucro y adscrita al Ministerio de Empleo, adjudicó en 2012 la seguridad de su hospital en Sevilla a Segurisa por 563.570,64 euros. Esta empresa está presidida por Enrique Sánchez González, que a su vez es vocal de la junta directiva de Fremap. El decreto que regula la colaboración entre las mutuas y el Ministerio de Empleo y la Ley General de la Seguridad Social impide a los miembros de las junta de las mutuas pecibir cualquier remuneración ni prestar servicios a las mutuas. Ni Fremap ni Sánchez González han querido comentar ese contrato.
El 2 de octubre de 2012, el Boletín Oficial del Estado anunció que Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) había ganado la seguridad del hospital que Fremap tiene en Sevilla durante dos años, prorrogables por otros dos. Era “la oferta económicamente más ventajosa”, explica el anuncio de licitación publicado en julio. Eso le valió a Segurisa para ser la elegida entre las 15 que se habían presentado al concurso. Se ponía fin así a un expediente que había arrancado en febrero de 2012.
Sánchez González es miembro de la junta directiva y vocal de la comisión directiva de Fremap, al menos desde 2007, según las memorias anuales de la mutua. Es dueño, presidente y consejero delegado de Segurisa, y del grupo Sagital. Además es directivo del Real Madrid y viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que declaró entonces que había pagado su viaje y el de su esposa (8.000 euros) en metálico. La empresa de Sánchez González recibió contratos por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro. Sánchez González se niega a comentar su contrato con Fremap pese a estar en la junta directiva: “No tengo nada que añadir, publique lo que quiera pero no lo hará con mi consentimiento”.
El presidente de Fremap, Mariano de Diego, asegura desconocer todo lo referente al expediente y el contrato con Segurisa: “No tengo ni idea, no lo sé, son cuestiones ejecutivas”. De Diego deriva al gerente, Josu Esarte, que el viernes no contestó al teléfono.
El decreto que regula las mutuas y su colaboración con el Ministerio de Empleo señala que no podrán estar en la junta directiva “cualquier persona, ni por sí mismo ni en representación de empresa asociada, que mantenga con la Mutua relación laboral, de prestación de servicios de carácter profesional o que, por cualquier otro concepto, perciba de la entidad prestaciones económicas”, salvo el representante de los trabajadores. Ya en 2009, el Tribunal de Cuentas emitió un informe crítico con el sistema de contratación de las mutuas (entre las examinadas no estuvo Fremap). Tras el informe, el Ejecutivo hizo cambios para controlar que la contratación de la mutuas y sus retribuciones se ajustaba a la ley.
Fremap manejó el año pasado 2.376 millones de euros procedentes de la cotizaciones a la Seguridad Social para gestionar accidentes laborales y bajas y prestaba cobertura a casi 3,8 millones de trabajadores. Es la mayor mutua y está en una situación delicada porque la Intervención General de la Seguridad Social le pide que devuelva 43,2 millones gastados indebidamente. La mayor parte son por pagos a comerciales, algo no permitido por la Seguridad Social y ratificado por los tribunales. Pero también hay viajes, dietas y mariscadas de la junta directiva.
En esa junta hay 16 vocales elegidos por la propia junta con el visto bueno de Empleo. Entre ellos está Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Intersectorial de Autónomos (CEAT), José de la Cavada, exdirector de Relaciones Laborales de la patronal CEOE, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, representantes de las empresas mutualistas y algunos abogados.
En marzo de 2010, la misma junta directiva aprobó una dieta por asistir a las reuniones de 2.000 euros. Lo hizo un mes después de que una orden ministerial limitara a 800 euros el máximo de dieta.
Dentro de la junta directiva han surgido críticas a la política de gastos de Mariano de Diego, que una vez al año organiza una “junta directiva itinerante” que incluye un programa de gastos pagados para los miembros de la junta y sus parejas en algún rincón de España.
El lunes hay convocada una reunión en la cúpula para analizar la situación de la dirección después de que EL PAÍS desvelase los ajustes presupuestarios a los que la intervención sometía a la mutua.
investigacion@elpais.es
"A lo mejor ha sido excesivo"
José María Cobos Ruíz-Ayúcar es vocal de la junta directiva de Fremap desde 1991. Allí están representantes de las 392.846 empresas asociadas, pero este abogado tiene un despacho con solo cinco empleados. “La junta directiva antes era de Mapfre. Mi padre era consejero de Mapfre de toda la vida y cuando cesó entré yo”, explica por teléfono, confirmando la idea que hay puestos hereditarios.
Cobos defiende el cobro de 2.000 euros de dieta por reunión con dinero de la Seguridad Social. Y apoya los viajes para los directivos —con sus parejas— y un completo programa de actividades y comidas: “Todo puede ser más modesto, pero es solo una vez al año y en el volumen enorme [que maneja la mutua] no es nada y tenía una finalidad: tratar con los empleados”.
Su argumento es que “a lo mejor ha sido excesiva alguna cosa, pero no ha sido un escándalo”, ya que considera a Fremap como una empresa y no como una entidad sin ánimo de lucro tutelada por Empleo: “Entiendo que sí es una empresa. Mantenemos que es gestión privada. Si fuera una empresa mercantil estaría en el IBEX” y que hay “suledos mayores en la privada”. También quita hierro a las mariscadas que la intervención considera excesivas: “A veces ponemos algo de marisco pero somos 20 personas”.
Pese a llevar más de 20 años en la junta directiva de Fremap, Cobos se desliga de la gestión. “Solo firmamos las cuentas anuales [...] Los temas nos los suelen dar hechos pero los firmamos con la buena fe de que está correcto”.
Cobos admite que la situación es delicada, con el patrimonio histórico de la mutua que —a falta de que lo confirmen los tribunales— no da para pagar los ajustes que pide la Seguridad Social: Los ajustes vendrán siempre y el patrimonio histórico desaparecerá, técnicamente ya ha desaparecido”.
Ramírez, beneficiado e indultado por el PP, detrás del esperpento vivido en el Estadio de Gran Canaria
El presidente de la UD Las Palmas es el propietario de la empresa que se encargaba de la seguridad del partido entre el equipo canario y el Córdoba. Además, tiene la concesión de la vigilancia del Monasterio de El Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, así como del Metro de Madrid. El Gobierno del PP le indultó hace dos meses cuando había sido condenado a tres años de cárcel por un delito urbanístico.
Si esperpéntico fue lo que sucedió en los últimos minutos del decisivo UD Las Palmas-Córdoba, tanto o más resulta el hecho de que el propietario de la empresa que velaba por la seguridad del Estadio de Gran Canaria sea del presidente del club canario, Miguel Ángel Ramírez. El dispositivo en cuestión, y ahora cuestionado, "era de 100 personas y contaba con el apoyo de la Policía Nacional, pero en un evento donde hay más de 31.000 personas es difícil contener este tipo de cosas", explicó Ramírez, para añadir que "fue una cuestión cívica y de educación".
Sin embargo, y tal y como informaron algunos medios, la Policía Nacional cree que las puertas del Estadio de Gran Canaria se abrieron antes de que acabara el encuentro. Como es sabido, la responsabilidad del control de acceso es del club que organiza el partido y el propio Ramírez podría ser sancionado por incitar a la violencia contra las fuerzas del orden con unas declaraciones en la que les responsabilizaba de la invasión del campo. La decisión de club de abrir las puertas de una de las gradas permitió que más de un centenar de personas que se agolpaban fuera, entraran y saltaran al terreno de juego para interrumpir el encuentro a apenas minuto y medio de su finalización y cuando el equipo canario ganaba 1-0.
Miguel Ángel Ramírez, que compró un club en fase de disolución y a punto ha estado de llevarlo a Primera, ha contado siempre con el respaldo de los políticos locales y autonómicos, quienes empezaron a frecuentar el palco del Estadio de Gran Canaria. Ramírez tuvo la suerte de que el PP arrasó en las elecciones y empezaron a llegarle contratos, y no solo en Canarias.
Pero hay más, pues fue protagonista de un polémico indulto, del que 'Vozpópuli' informó hace ahora dos meses. El Gobierno le concedió la medida de gracia que le permitió eludir el ingreso en prisión por un delito urbanístico porque "no tenía ningún antecedente penal", "su informe policíal carecía de antecedentes" y en vista de la "advertida la ausencia de peligrosidad criminal del condenado".
Ramírez, que presume de no haber leído nunca un libro y figura en la contabilidad oficial del PP como donante de 50.000 euros al partido en 2011 a través de la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 SL, había sido condenado a tres años y un día de cárcel en 2010 por levantar en un paraje natural protegido de la isla de Gran Canaria un estanque, dos aparcamientos, un camino y varios muros. Tras la decisión del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, el industrial vio cómo su pena se reducía a dos años y eludía así el encarcelamiento. Sin embargo, la Fiscalía se ha querellado contra él, en esta ocasión por delito fiscal.
Las empresas de Miguel Ángel Ramírez son conocidas en los concursos públicos, especialmente en Canarias, aunque también en el resto de España. De hecho, una de sus compañías de bandera, Seguridad Integral Canaria (SIC), se hizo con un contrato de 11 millones de euros para dotar de vigilancia del Monasterio del Escorial y otros Reales Sitios del Patrimonio Nacional, todo ello dependiente del Ministerio de Presidencia. Además tiene la multimillonaria concesión de la vigilancia del Metro de Madrid, dependiente del Gobierno autonómico del PP.
El informe de seguridad acusa a Ramirez de ´incitar a la violencia´
Según cita la nota informativa, Miguel Ángel Ramírez puede haber incurrido en responsabilidades penales en su actuación el partido de la UD Las Palmas frente al Córdoba CF
El coordinador de seguridad del dispositivo que se puso en marcha en el Estadio de Gran Canaria acusa a Miguel Angel Ramírez, presidente del club Unión Deportiva Las Palmas, de incitar a la violencia tras las declaraciones efectuadas al finalizar el partido en el Estadio de Gran Canaria.
El informe facilitado por el coordinador explica:
Durante el transcurso del partido de futbol correspondiente a la liguilla de ascenso a la primera división de futbol disputado entre la U.D. Las Palmas y el Córdoba C.F. se produjeron los siguientes incidentes, los cuales se harán constar en el Acta del Partido que se instruirá al efecto y será remitida tanto a la Oficina Nacional de Deportes como a la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.
- En la grada naciente se produjo un exceso de aforo. Desde la U.C.O. del Estadio se hace fotografías de la misma, lo cual hacía muy difícil que por parte de la U.I.P. se pudiera realizar ninguna intervención en la misma.
-En minuto 48, justo después del gol de la U.D. Las Palmas, desde la grada naciente, lugar donde se ubica la peña "Ultranaciente" se encienden dos bengalas, las cuales se lanzan a las pistas de atletismo que rodean el terreno de juego, no se pudo identificar a los lanzadores debido a la masificación de la citada grada.
-En el minuto 83, salta un espectador desde la grada "Curva", el cual entra en el terreno de juego desde el citado fondo, atraviesa el terreno de juego y llega hasta el banquillo de la U.D. Las Palmas. Se interrumpe el desarrollo del partido hasta que se retira a este aficionado del campo. La U.I.P. le instruye un Acta de Incidencia en Espectáculo Deportivo, la cual me harán llegar el día de mañana, lunes, donde figura la filiación del mismo.
-En el minuto 90 se produce una invasión del terreno de juego, por lo que bajo desde la U.C.O. al terreno de juego para entrevistarme con el árbitro. El árbitro me dice que si la U.I.P. no desaloja el campo y pone un cordón policial alrededor del mismo, suspende el partido. Una vez que el campo es despejado, el juego se reanuda.
- Tras la reanudación el Córdoba C.F. marca un gol, y se vuelve a producir otra invasión violenta del terreno de juego, por lo que el árbitro se retira al vestuario y decide dar por finalizado el encuentro.
- En el Acta del Partido también se hará constar que en la reunión previa de seguridad se le ordenó al club que para prevenir invasiones del terreno de juego al finalizar el partido, unos diez minutos antes de la finalización del partido por la megafonía del estadio se diera un comunicado para disuadir a los espectadores de saltar al campo, este comunicado nunca se realizó.
-Igualmente se hará constar que en la citada reunión de seguridad se ordenó al club que antes de finalizar el encuentro se dispusiera de un cordón de vigilantes de seguridad en número suficiente para evitar una invasión violenta del terreno de juego, (que según la legislación del deporte es responsabilidad del club organizador), a pesar de esta orden el cordón de vigilantes de seguridad que se dispuso alrededor del campo no fue suficiente para impedir esta invasión, ya que en la grada sur y curva, donde se inició la invasión de campo, apenas había vigilantes de seguridad. El club contrató a 100 vigilantes de seguridad, y el cordón se formó con apenas 25 en todo el perímetro.
- El presidente de la U.D. Las Palmas realiza una vez finalizado en el encuentro, mientras el estadio aun no se había desalojado, las siguientes declaraciones a la prensa :
"Hay gente que no respeta las normas y por esta minoría la UD Las Palmas pierde la ilusión de algo que tenía en sus manos", dijo el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. "El árbitro me dijo que quedaba un minuto y lo decidió suspender, de no haber pasado esto, habríamos ganado. La policía tiene la responsabilidad a través de su coordinador de seguridad de que estas cosas sucedan. El partido se había ganado y es una pena este final del partido. Nos fastidia toda una temporada", señaló el presidente amarillo al término de partido.
A consecuencia de estas declaraciones el público empezó a insultar a la Policía. Estas agresiones verbales son corroborados por el Jefe de la U.I.P. de servicio en el estadio, y pueden ser constitutivos de una infracción a la ley del deporte por incitar a la violencia contra las fuerzas del orden intervinientes, por lo que se harán constar en el Acta del Partido que será remitida a la O.N.D. y la Subdelegación del Gobierno.
- Una vez finalizado el partido, desde la grada naciente, lugar donde se ubica la peña Ultranaciente, se arrojan numerosas botellas, la mayoría con tapón a los policías actuantes que se encontraban en la citada zona, en la salida de los túneles de vestuarios.
La Policía acusa a Las Palmas de abrir las puertas del estadio antes de la invasión
Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, es además el dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria, que se encarga de la seguridad del estadio.
Los escándalosos incidentes en la final del playoff de ascenso a Primera División entre Las Palmas y el Córdoba en el Estadio de Gran Canaria han despertado el cruce de acusaciones entre el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, y los responsables del Cuerpo Nacional de Policía, que han asegurado que las puertas del estadio se abrieron antes de que finalizase el partido.
"La invasión se produce porque alguien abre las puertas del estadio con el recinto lleno. No había sitio donde sentarse, y fueron bajando hasta saltar al campo. Hay que preguntar al promotor del evento por quién dio la orden", ha afirmado en la Cadena Ser el jefe superior de la Policía Nacional, Valentín Solano, en respuesta a las críticas que hablan de falta de previsión policial sobre una posible invasión.
Solano ha cifrado en 110 los efectivos de la Unidad de Intervención Policial desplegados que, unidos al centenar de miembros de la seguridad privada del club, no fueron capaces de contener la invasión. En el cruce de acusaciones, se ha desvelado que Miguel Ángel Ramírez es el dueño de Seguridad Integral Canaria, la empresa de seguridad privada que tiene contratada el club y que supuestamente abrió las puertas del estadio.
Batalla campal
Quedaba apenas un minuto y medio para que finalizara el partido y, hasta ese momento, Las Palmas era equipo de Primera División merced a su victoria por 1-0 frente al Córdoba. Sin embargo, en el minuto 91 cientos de aficionados comenzaron a saltar desde las gradas al campo antes del final del choque. El colegiado del encuentro, el murciano José María Sánchez Martínez, decidió parar el partido y avisar de que se suspendería si no abandonaban el césped. El propio presidente de Las Palmas bajó al terreno de juego para pedir que saliesen del campo y, finalmente, el colegiado accedió a continuar el minuto y medio que restaba para el final.
Lo que nadie esperaba es que después del parón, ante el desconcierto reinante en el campo, Ulises Dávila marcase el gol del empate y le diese el ascenso al Córdoba. Los aficionados que estaban al borde del campo saltaron al césped y el árbitro dio por concluido el choque. A partir de ahí, llegó la invasión y una batalla campal entre los propios hinchas de Las Palmas. Quienes no habían saltado al campo recriminaban la actuación de quienes lo habían hecho y, desde ese momento, llegaron las carreras, las peleas y el lanzamientos de objetos y sillas ante el descontrol de la Policía y los miembros de la seguridad del club.
Miguel Ángel Ramírez, abatido en el césped, se dirigió a los periodistas para criticar la actuación policial: "La Policía tiene la responsabilidad a través de su coordinador de seguridad de que estas cosas sucedan". Las declaraciones desataron la ira del público y los insultos comenzaron a dirigirse contra los agentes. En una nota que publica el diario La Provincia, la Policía Nacional acusa al dirigente canario de incitar a la violencia y lo ha puesto en conocimiento de la Subdelegación de Gobierno, por lo que el club se expone a una grave sanción.
Ofensiva de los empresarios para que la huelga no sea un derecho
La Organización Internacional de Empleadores, donde se encuadra la CEOE, asegura que este derecho no está especificado en ningún convenio de la OIT, abriendo un debate en la casi centenaria organización que, dos años después, sigue en el aire. Según ellos, la huelga sólo está reconocida en países que lo recojan en su Constitución, mientras que la OIT lo ha ido desarrollando a partir del de libertad sindical.
El derecho de huelga se encuentra cada día con más frentes abiertos por los que puede ir perdiendo terreno, tanto en España como a nivel internacional, en un momento de crisis económica, de deterioro generalizado de las condiciones laborales y cuando los salarios están tendiendo a la baja.
A la ofensiva penal que está desarrollando la Fiscalía española con peticiones de prisión contra sindicalistas y trabajadores por delitos de coacciones durante protestas y huelgas, hay que añadir la última propuesta de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que, además de una nueva reforma laboral, recomienda una ley orgánica de huelga que, entre otras medidas, supedite la convocatoria de paros a una votación secreta entre los trabajadores de una empresa.
Sin embargo, en el plano internacional, la ofensiva empresarial no pasa por la limitación de derecho, sino por la supresión como tal de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El debate, que no había aparecido en escena en más de medio siglo, lo abrió la Organización Internacional de Empleadores (OIE) -de la que forma parte la patronal española- en 2012, durante 101º Conferencia del organismo. En este encuentro se reúne la Comisión de Aplicación de Normas, un órgano permanente y tripartito, formado por delegados de los gobiernos, representantes de los trabajadores y también de los empleadores para establecer normas internacionales del trabajo. La discusión levantó ampollas en el seno de la OIT, y en la 103ª Conferencia, que tuvo lugar la pasada semana, tampoco llegó a resolverse.
La OIE aseguró durante esta conferencia que la Comisión de Expertos de la OIT, formada por juristas independientes y creada en 1926 para examinar si los convenios adoptados se cumplen en los países que los ratifican, hacía una interpretación errónea del convenio 87 de la OIT, que aborda el derecho de Libertad Sindical, en el que se ha incluido durante todos estos años el derecho de huelga.
OIE: "No existe en el plano internacional ningún derecho legal a la huelga acordado en un convenio de la OIT"
Sin embargo, los empresarios aseguran que este convenio "no contiene ninguna referencia explícita o implícita a un derecho de huelga", al igual que sucede en la Constitución de la OIT y en la Declaración de Filadelfia, por lo que "no existe en el plano internacional ningún derecho legal a la huelga acordado en un convenio de la OIT". Del mismo modo, criticaron duramente a la Comisión de Expertos, asegurando que se excedía en sus competencias consagrando el derecho de huelga implícitamente en el de Libertad Sindical. Entienden que esta interpretación y el desarrollo del derecho de huelga amparado en este convenio son algo "inaceptable" y muestran el "marcado sesgo" de esta comisión.
Afecta a países sin regulación en ley nacional
En países como España, donde la Constitución u otro cuerpo legal que emane de las Cortes recoge este derecho específicamente, la postura de los empresarios no afecta. Pero sí lo hace en Estados sin legislación nacional, por lo que los trabajadores que lleven a cabo un paro reivindicativo podrían ser despedidos e, incluso, detenidos, ya que el convenio 87 es de obligado cumplimiento para los 151 países que lo han ratificado.
El Convenio 87 es de obligado cumplimiento para los 151 países
La Comisión de Expertos, que se encarga de realizar informes sobre el cumplimiento de los convenios en distintos países, alegó que "el derecho de huelga ha sido afirmado como principio esencial de la libertad sindical por el Comité de Libertad Sindical, de composición tripartita [gobiernos, empleadores y representantes sindicales], y que ha sido reconocido y desarrollado invariablemente en sus decisiones durante más de medio siglo". Además considera el derecho de huelga como "un derecho fundamental y corolario indisociable del derecho de sindicación".
Bloqueda la Comisión de Aplicación de Normas
El desacuerdo durante el debate bloqueó la labor de la Comisión de Aplicación de Normas, quedando todo en el aire. Por primera vez en la historia de la OIT se quedaron sin debatir los casos individuales de violaciones de las normas internacionales del trabajo. Según advierten fuentes de la OIT, el conflicto "es muy jurídico" y puede tardar tiempo el dirimirse. Este encontronazo repentino podría suponer un retroceso en la lucha por los derechos laborales y ha alarmado seriamente al mundo sindical.
Las violaciones de leyes laborales internacionales quedaron sin poder debatirse por primera vez
La Confederación Sindical Internacional, la central más grande del mundo representando a 166 millones de trabajadores de 156 países, en la que se incluyen los sindicatos españoles CCOO y UGT, no descarta llevar el ante la Corte Internacional de Justicia. En el informe que ha elaborado presenta toda la jurisprudencia en materia de derecho de huelga, y advierte de que "si lo empleadores tienen éxito en su misión de reescribir la historia y eliminar un pilar central en las conclusiones legales de la OIT, el papel y la eficiencia de la OIT como una de las agencias más eficaces de la ONU se verán severamente socavados".
Según han señalado fuentes de la Oficina del organismo, este asunto está causando estragos en la estructura de la OIT y aumenta la preocupación en países en vías de desarrollo, como en algunos de América Latina, donde según apuntan, ya se están produciendo efectos concretos de esta disposición en las leyes nacionales. Para los empleadores, el derecho de huelga es "soberano de los Estados a la hora de determinar su propio enfoque jurídico", y exigen que se "ponga fin a la política de externalización de la política internacional a manos de actores no constitucionales".
"Los empleadores no tienen nada que objetar, cada país es libre de legislar como le parezca oportuno; pero se trata de una dinámica interna del país, y no de ninguna obligación internacional emanada de una convenio de la OIT", se justifican los empresarios.
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