El Gobierno municipal prevé sustituir a las empresas de seguridad por los agentes con más antigüedad
La Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencia del Ayuntamiento de Madrid ultima un proyecto para destinar a un millar de policías a vigilar los edificios municipales. De este modo, pretende dar una salida profesional a los integrantes más veteranos del cuerpo y, al mismo tiempo, acabar de forma paulatina con los contratos de las empresas de seguridad que hacen hasta ahora esa función. La presencia de los agentes en esos inmuebles se producirá gradualmente. “Tenemos más de 2.000 policías de más de 55 años que pueden cubrir perfectamente estos puestos”, señala una fuente municipal. Los mandos de la policía ven “inviable” la propuesta y temen que termine repercutiendo en la plantilla que presta servicio en la calle.
La llegada de Alberto Ruiz-Gallardón al sillón de alcalde, en 2003, acabó con una práctica tradicional de la Policía Municipal de Madrid. Los edificios municipales estaban vigilados por agentes, lo que detraía gran cantidad de efectivos que podían estar prestando servicio en la calle. El entonces regidor decidió privatizar la seguridad de los inmuebles y sacar a los funcionarios a patrullar. Su razonamiento se basaba en que lo que cuesta un vigilante de seguridad es bastante menos que lo que se paga a un agente.
El actual equipo de Seguridad, con su concejal —José Javier Barbero— a la cabeza, ha ideado volver a darle la vuelta a la situación. Su intención es que los policías municipales más veteranos vayan desplazando a las empresas de seguridad conforme terminen los contratos de estas. En caso de existir alguno especialmente gravoso para las arcas municipales, se denunciaría de inmediato para que el puesto de vigilantes lo cubrieran los funcionarios.
Un asesor del director general de la Policía Municipal, Andrés Serrano, asegura que ya disponen de un listado de 1.000 agentes que no están en puestos operativos (no patrullan o hacen labores de vigilancia) y que se podrían destinar a estas labores. “Se les puede redistribuir perfectamente para cubrir esas necesidades y de esa forma rebajar el presupuesto de empresas privadas que pagan los ciudadanos de Madrid”, mantiene el asesor. Serrano recuerda que la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les obliga a ejercer esta vigilancia de edificios y pone como ejemplo los puestos adaptados que tiene la Guardia Civil en los inmuebles de la Comunidad de Madrid.
Una plantilla envejecida
*La plantilla actual es de unos 6.300 agentes, incluidos los mandos policiales y los responsables intermedios. La media de edad es de 45 años, lo que supone que está bastante envejecida, según reconocen fuentes de la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias.
*El 20% de los funcionarios supera los 55 años, por lo que muchos ya están en puestos adaptados o no salen a la calle a patrullar, lo que reduce el número de agentes en la calle.
*Las últimas promociones han sido muy pequeñas, por el recorte en la contratación por parte de la Administración. En 2014 se convocaron 213 plazas de policías y en 2015 se redujeron a solo 26. Parte de ellas se reservan a opositores procedentes del Ejército.
Los agentes que prestarán este servicio se encuentran ahora en distintos puntos, como enlaces entre las diversas unidades, en puestos de vigilancia interna o en los puestos de la emisora. “No son operativos y se van a redistribuir para afrontar este nuevo proyecto. Además, muchos de los puestos que cubren ahora están duplicados, por lo que se puede conseguir”, mantiene el asesor.
El servicio se prestaría, sobre todo, en horario de mañana y tarde. Por las noches se conectarán alarmas con las dependencias de la unidad de cada distrito. Conforme pasaran los meses, el servicio se ampliaría a más edificios. “Tenemos más de 2.000 agentes de más de 55 años que pueden cubrir perfectamente estos puestos”, concluye el asesor. El servicio se prestaría de uniforme y con pistola.
Los mandos policiales consultados por EL PAÍS consideran “absolutamente inviable” en estos momentos la puesta en marcha de ese servicio, aunque se reduzca a la mañana y la tarde. Recuerdan que para cubrir un puesto en estos horarios se necesitan al menos tres o cuatro personas, ya que se producen bajas por enfermedad, días libres por asuntos propios y es necesario cubrir las vacaciones.
Los mandos también niegan que existan puestos duplicados en los actuales destinos de los policías llamados a cubrir los nuevos destinos. “Puede haber determinadas unidades que sí tengan algún puesto duplicado, pero la gran mayoría de ellos están vacantes porque no hay suficiente personal para cubrirlos”, asegura un mando. “Las cuentas, hoy por hoy, no salen”, resume, categórico.
Servicio ordinario
Lo que más temen en la cúpula policial es que el servicio diario se resienta cuando agentes operativos tengan que cubrir las vacantes de los que estén de baja o de permiso. “Si hay seguridad privada, la empresa nos tiene que cubrir la vacante sea como sea. El puesto en el edificio no se puede quedar vacío. En nuestro caso, puede suponer que algún policía tenga que dejar su servicio para vigilar un edificio”, aseguran varios mandos con años de experiencia. Tampoco ven lógica la instalación de alarmas o sistemas de vigilancia electrónicos, que consideran una protección escasa para el material sensible que se guarda en los edificios municipales.
Otro problema añadido es que los agentes puedan jubilarse anticipadamente, a los 60 años, como ha pedido el colectivo al Gobierno central. Eso reduciría gran parte de los efectivos y podría causar graves problemas hasta que se reestructurase el servicio. “Si eso ocurriera, estaríamos en otro escenario y habría que ver qué soluciones adoptábamos”, señala el asesor del director.
División entre los sindicatos
El sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM, el mayoritario del cuerpo) considera adecuada la medida planteada por el nuevo equipo de la Concejalía de Seguridad, ya que la ve como una salida profesional para agentes que ya no están en condiciones de patrullar durante horas o que no aguantarían en un punto fijo mucho tiempo. “Es una salida muy digna y que puede suponer un ahorro para el Ayuntamiento”, manifiesta el portavoz de CPPM, Julián Leal.
Sin embargo, la Asociación de Policía Municipal Unificada (AMPU) niega los beneficios de esta medida y cree que no hay tantos agentes para cubrir esos puestos: “Esas cifras, hoy por hoy, no son viables. En la actualidad no hay 1.000 agentes que no estén operativos. Unos están en la emisora o en oficinas o en la vigilancia de nuestras propias dependencias”. Además, recuerda que parte de esos agentes no llevan arma, por lo que no serían muy eficaces a la hora de proteger un inmueble. “En el momento en que haya que recurrir a policías operativos, habrá menos gente disponible para estar en la calle”, concluye Carlos Bahón, de AMPU.
