08.11.2015 – 12:11 H.Leer más tarde
Policías, jueces y fiscales evidenciaron el pasado 4 de noviembre las trampas que utilizan con demasiada frecuencia las empresas de seguridad para concurrir a los concursos públicos. En una jornada organizada por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO), los ponentes coincidieron en destacar que numerosas mercantiles ganan actualmente los concursos públicos porque presentan el precio más bajo a costa de pagar a sus trabajadores por debajo de los salarios mínimos recogidos en el convenio colectivo.
Además, aseguraron los intervinientes, las empresas continúan concurriendo con deudas con la Seguridad Social que únicamente deben reconocer y aplazar. Esto sigue pasando así porque, destacaron, España aún no ha implementado la directiva europea que obliga a que las empresas no tengan ningún tipo de deuda, ni siquiera reconocida, para concurrir.
El fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, por ejemplo, explicó que el Ministerio Público ya está promoviendo que el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública en el que incurren numerosas sociedades sea considerado también a mayores como un delito de blanqueo de capitales. Así lo están considerando ya en algunos supuestos en la Audiencia Nacional, donde en ocasiones -añadió- incluso se solicita una ampliación de la demanda para denunciar también por este último delito, que conlleva penas más graves.
Muchas mercantiles ganan actualmente los concursos públicos porque presentan el precio más bajo a costa de pagar a sus trabajadores menos del salario mínimo
El diputado socialista Antonio Trevín, otro de los ponentes, anunció que su partido reformará la ley de seguridad privada y la reforma laboral para evitar la ?competencia desleal? en la que a su juicio caen cientos de empresas al concurrir a los concursos públicos a precios muy bajos. Ganan el concurso, pero siempre ?a costa de los trabajadores?, a los que en los tres últimos años han bajado el sueldo entre un 5 y un 25%, subrayó Trevín.
La jornada organizada por USO tuvo como protagonistas al comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, al mencionado fiscal Campos, al juez de instrucción Juan Antonio Toro, a los responsables de Interior del PP, Francisco Márquez, del PSOE, Trevín, y de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez, o la responsable de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo Elena Ruiz Cascales, entre otros.
Todos ellos incidieron en la necesidad de implementar la directiva europea. Este vacío legal actual, aseguran, está fomentando el fraude, tanto laboral como fiscal. Desde, además, USO también cargan las tintas contra estas empresas y, en concreto, en un comunicado arremeten contra Esabe, Seguridad Integral Canaria o Alcor Seguridad, contra las que han interpuesto diferentes actuaciones judiciales.
El PSOE continuará con privatización en prisiones
Por otro lado, Trevín dijo que se comprometió a recolocar a los escoltas que trabajaron protegiendo a personas amenazadas por ETA en los centros penitenciarios. El compromiso lo adquirió el PP, pero no lo cumplió. Así lo han denunciado en repetidas ocasiones los propios afectados; en concreto, la asociación Sombras Olvidadas de Euskadi. Según dijo Trevín, el PP restringió los concursos para prestar el servicio de seguridad privada en las prisiones únicamente a las empresas para las que trabajaban los escoltas, pero finalmente éstas apenas contrataron un 10% de estos profesionales cuando se encargaron de las cárceles.
El diputado socialista quiere abrir ese concurso a todas las empresas e incluir una cláusula que obligue a las que ganen a contratar a los escoltas que durante tantos años han velado por la seguridad de miles de personas amenazadas por los terroristas. El PP les ha dejado tirados al tiempo que sí favorecía a las empresas.
Trevín asegura que el plan de privatización de las prisiones, por lo tanto, seguirá adelante si el PSOE gobierna. Matiza, eso sí, que una vez que los socialistas lleguen a La Moncloa, si esto ocurre, valorarían las plazas, la conveniencia de que continúe la Guardia Civil, el papel que juegan los escoltas y todos los factores con el fin de determinar con calma si es bueno seguir con el plan. Pero esto sería a largo plazo. A corto, asumirían la iniciativa puesta en marcha por el PP que tanta polémica ha provocado.
